El CGPJ perdona a la juez que no casa a gays
El m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los jueces levanta la sanci¨®n de 305 euros contra Laura Alabau por nueve votos a favor y ocho en contra
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado el recurso de la juez del Registro Civil de D¨¦nia (Alicante) Laura Alabau, quien se ha negado reiteradamente a dar validez a matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, y ha levantado la sanci¨®n contra ella. La decisi¨®n se ha adoptado por estrecho margen: 9 votos a favor provenientes de la mayor¨ªa conservadora y 8 en contra, siete de la minor¨ªa progresista y uno del magistrado independiente Agust¨ªn Azparren.
Tras negarse a casar a dos hombres brit¨¢nicos en 2006, la Direcci¨®n General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia y responsable de los registros civiles de toda Espa?a, revoc¨® la decisi¨®n de la juez, oblig¨¢ndola a inscribir la boda. Alabau escribi¨® entonces una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que afirmaba que la decisi¨®n de ese organismo era "ilegal" y respond¨ªa ¨²nicamente a "intereses pol¨ªticos y propagand¨ªsticos". Y a?ad¨ªa que se sent¨ªa v¨ªctima de "una persecuci¨®n por parte del aparato propagand¨ªstico del Gobierno" y que el fiscal se hab¨ªa convertido "vergonzosamente" en un "ap¨¦ndice de ese mismo Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".
La comisi¨®n disciplinaria del Consejo consider¨® que estas afirmaciones constituyeron una falta grave consistente en "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condici¨®n de juez o sirvi¨¦ndose de esta condici¨®n" y una leve de "desatenci¨®n o desconsideraci¨®n con el Ministerio Fiscal", que sancion¨®, respectivamente, con una multa de 305 euros y una advertencia.
En su reuni¨®n de hoy, el pleno del Consejo ha considerado que dichas manifestaciones no constituyen ninguna infracci¨®n sino que se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresi¨®n. El vocal conservador Jos¨¦ Merino ha sido el autor de la propuesta de levantamiento de la sanci¨®n. Previamente, Merino hab¨ªa redactado una propuesta contraria a dicho levantamiento. Entonces, la raz¨®n aducida fue que el expediente sancionador realizado por el gobierno de los jueces hab¨ªa caducado por haber transcurrido m¨¢s de seis meses desde que se inici¨®.
La justicia ha dejado impunes al menos a otros cinco jueces desde febrero de 2006, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo cambi¨® su doctrina obligando al Consejo a tramitar sus investigaciones en el plazo estricto de seis meses. Todos los jueces y magistrados sancionados con anterioridad a esa fecha -algunos por retrasos escandalosos, por no poner sentencias, por redactar resoluciones extravagantes o por abusos de poder relacionados con su condici¨®n de jueces- han quedado impunes despu¨¦s de recurrir al alto tribunal.
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