AI denuncia la vulneraci¨®n de derechos en centros terap¨¦uticos de menores

Esteban no ten¨ªa ni idea de lo que eran los derechos humanos. As¨ª lo cuenta este joven, actualmente mayor de edad, que pas¨® durante a?os por diferentes centros de protecci¨®n de menores. "No sab¨ªa ni qu¨¦ eran, no sab¨ªa que lo que all¨ª pasaba no se pod¨ªa hacer, atarte a un banco y pincharte, hacerte cargar piedras con las manos atadas a una carretilla, triturarte la medicaci¨®n, prohibirte las visitas, leer tus cartas, humillarte, tratarte a golpes, castigarte. Nunca supe qu¨¦ medicaci¨®n tomaba hasta que con 16 a?os me llevaron a urgencias al hospital...", relata.

Si su pesadilla de alguna forma ahora ha terminado, la de Margarita no puede tener fin. Esta mujer navarra se siente v¨ªctima de un enga?o irreparable que llev¨® a la muerte de su hijo, Miguel Ruiz Gonz¨¢lez, al que como mucho se pod¨ªa considerar un adolescente conflictivo. Los servicios sociales de la comunidad foral le aconsejaron que lo denunciara por malos tratos, "exagerando los hechos", para facilitar su internamiento en un centro donde se le proporcionar¨ªa educaci¨®n. En el informe de la fiscal¨ªa se describe la conducta de Miguel, de 17 a?os, como la de "un aut¨¦ntico tirano, vago y par¨¢sito". "Lleva una vida licenciosa", prosigue el documento, firmado por un educador, "con des¨®rdenes en el campo de la sexualidad. Entra y sale de casa a su libre albedr¨ªo, exigiendo la comida que le gusta". El joven ingres¨® el a?o pasado en el centro de reforma de Ilundain, de la Fundaci¨®n Ilundain Haritz-Berri. La estancia prevista era de seis meses. Unos sesenta d¨ªas despu¨¦s, el 25 de enero de 2009, Miguel se suicid¨®. En el atestado policial consta que "estaba en tratamiento psiqui¨¢trico y tomaba medicaci¨®n aunque no ten¨ªa diagn¨®stico". A Margarita apenas le quedaron estas palabras: "Me dijeron que lo iban a educar y me lo devolvieron en una bolsa de pl¨¢stico. Se han burlado de m¨ª, me han enga?ado".

Se trata de dos casos muy graves de negligencias recogidos por Amnist¨ªa Internacional en un informe que se hizo p¨²blico este martes y que denuncia la situaci¨®n de desamparo de los menores a la que puede llevar el internamiento en centros de protecci¨®n terap¨¦uticos espa?oles. El estudio -que se centra en la Comunidad de Madrid, Catalu?a y Andaluc¨ªa y est¨¢ basado en m¨¢s de cien entrevistas a j¨®venes, familiares, educadores, psic¨®logos, personal sanitario de m¨¢s de la mitad de las 58 instituciones de este tipo- reorganiza los datos aportados por el informe del Defensor del Pueblo publicado el pasado febrero para dejar en evidencia algunas paradojas del sistema de protecci¨®n.

La escasa coordinaci¨®n entre las comunidades aut¨®nomas y las distintas administraciones; la ausencia de informaci¨®n estad¨ªstica fehaciente y la abundancia de datos contradictorios; la falta de unanimidad de criterio en la regulaci¨®n de los ingresos de los menores y la administraci¨®n de f¨¢rmacos con diagn¨®sticos poco claros o inexistentes; pero, sobre todo, los abusos, la pr¨¢ctica arbitraria de las contenciones por personal a veces no cualificado y el uso de la violencia. Son ¨¦stos s¨®lo algunos de los fallos, seg¨²n Amnist¨ªa, que a diario sufren centenares de menores de los cerca de 30.000 que, seg¨²n los datos oficiales m¨¢s recientes, de 2006, se encuentran tutelados por alguna Administraci¨®n p¨²blica.

Por estas razones, el Comit¨¦ contra la Tortura, dependiente de Naciones Unidas, se dirigi¨® en dos ocasiones al Estado espa?ol para transmitir su preocupaci¨®n sobre los protocolos de medicaci¨®n. Primero lo hizo despu¨¦s de que trascendieran las denuncias de malos tratos en centros gestionados por la Fundaci¨®n O'Bel¨¦n a principios de 2009. Pero tambi¨¦n reiter¨® su malestar ante esta situaci¨®n el pasado 19 de noviembre, cuando un comunicado lamentaba "la falta de informaci¨®n suficiente sobre las medidas adoptadas. [...] En particular, al Comit¨¦ le preocupan las alegaciones de la pr¨¢ctica de aislamiento en muchos de estos centros, as¨ª como de una administraci¨®n de f¨¢rmacos que se realizar¨ªa sin adecuadas garant¨ªas".

Elena Estrada, abogada e investigadora de Aminist¨ªa, insiste en que el objetivo del informe es animar a las autoridades a actuar y establecer protocolos de actuaci¨®n m¨¢s eficaces para resolver situaciones de desamparo de los menores, ya de por s¨ª traum¨¢ticas. Para ello los expertos recomiendan, entre otras cosas, m¨¢s transparencia en el sistema de protecci¨®n, regular los centros terap¨¦uticos de forma distinta a los de reforma, garantizar que todos los internamientos se lleven a cabo previa autorizaci¨®n judicial o activar mecanismos de control e inspecci¨®n de estas instituciones. Para que ning¨²n menor pueda decir ni pensar, como ya ocurri¨®, ante la hip¨®tesis de volver al centro en el que sufri¨® humillaciones y vejaciones: "si vuelvo, me mato".