En defensa del paciente

En 2009, el beb¨¦ Ryan muri¨® por la utilizaci¨®n de una sonda equivocada en el hospital Gregorio Mara?¨®n de Madrid. Mar¨ªa estuvo m¨¢s de dos a?os en lista de espera para ser intervenida de hernia discal en el hospital universitario de Bellvitge (Barcelona), y el padre de Fernando esper¨® hasta 48 horas para obtener una cama en el hospital Carlos Haya de M¨¢laga. No se trata de un mal gesto o de encontrar un pelo en la sopa, que tambi¨¦n; son errores m¨¦dicos y de gesti¨®n que minan la dignidad humana, da?an la salud y provocan verdaderas tragedias familiares.

Los pacientes espa?oles se quejan de la sanidad en voz alta y reclaman poco. Desconocen sus derechos y los procesos de reclamaci¨®n, que son lentos y complejos. Las administraciones son opacas, la justicia va despacio, y las indemnizaciones, muchas veces irrisorias. Es el retrato de la reclamaci¨®n sanitaria en Espa?a al que afecta poco las iniciativas de mejora emprendidas en los ¨²ltimos a?os. La falta de informaci¨®n y asesoramiento de los profesionales sanitarios, el error diagn¨®stico o el retraso de las listas de espera encabezan las causas de las negligencias m¨¦dicas que afectan sobre todo a los servicios de traumatolog¨ªa y ginecolog¨ªa y obstetricia. Las entidades involucradas deber¨ªan tener una voluntad firme para que las reclamaciones, un instrumento para mejorar la sanidad, fueran realmente eficaces.

Traumatolog¨ªa y?ginecolog¨ªa son?los servicios m¨¢s denunciados

Los datos del Bar¨®metro Sanitario 2008 revelan que solo el 30,6% de los consultados ha pensado poner una queja por el mal funcionamiento de los servicios sanitarios p¨²blicos, y de estos solo lo llegaron a hacer el 32,8%. De los que obtuvieron respuesta, m¨¢s de la mitad afirman que el resultado no fue satisfactorio. En cuanto a los pacientes que no reclamaron, seis de cada 10 no lo hicieron porque cre¨ªan que no serv¨ªa para nada. Uno de cada 10 tem¨ªa enemistarse con los m¨¦dicos, el mismo porcentaje que no encontr¨® la v¨ªa para reclamar.

En 2005, Giovanna Gabriele, directora del Foro Espa?ol de Pacientes, elabor¨® el primer y ¨²nico informe sobre La defensa de los derechos de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. De esta investigaci¨®n se desprende que el proceso de reclamaci¨®n en Espa?a es lento, ambiguo, complejo y burocr¨¢tico, y que la poblaci¨®n no conoce suficientemente a los agentes principales involucrados en la defensa sanitaria. La investigaci¨®n tambi¨¦n desvela que la figura del Defensor del Paciente es reciente. Sus objetivos y funciones son distintos a los de sus figuras hom¨®nimas europeas (patient ombusman), que se caracterizan por su independencia e imparcialidad.

"La falta de informaci¨®n y asesoramiento es el punto cr¨ªtico de la reclamaci¨®n, seguido del peregrinaje que supone todo el proceso, los bloqueos internos de los centros sanitarios, las dilaciones en el tiempo y la tendencia de poner todo el peso de la reclamaci¨®n en el paciente. El problema es que, en general, la reclamaci¨®n no se ha entendido en el sentido amplio para mejorar. No hay una voluntad real de tratarlas con rigor y esp¨ªritu constructivo", denuncia Gabriele.

Esta experta subraya que los procesos tendr¨ªan que ser m¨¢s ¨¢giles, los pacientes deber¨ªan contar con instancias independientes y personas de referencia a las que acudir. "Sin olvidar que toda reclamaci¨®n debe ir acompa?ada de un gesto de humanidad", apunta.

Pero ?qu¨¦ se puede hacer cuando un paciente se siente maltratado? La protecci¨®n de la salud es un derecho fundamental. Los ciudadanos, como usuarios que financian la sanidad a trav¨¦s de los impuestos, tienen derecho a exigir est¨¢ndares de calidad en la atenci¨®n, a reclamar y a obtener una respuesta efectiva a las demandas acorde a la cartera de servicios.

Centros p¨²blicos

Contra la Administraci¨®n sanitaria p¨²blica se pueden formular dos tipos de reclamaciones: ordinaria y de responsabilidad patrimonial. La primera, que es la que se presenta cuando se sufre una irregularidad, es la m¨¢s habitual y se realiza en la unidad de atenci¨®n al paciente-usuario, o directamente en el Servicio de Salud de la comunidad aut¨®noma. Esta unidad env¨ªa la queja al m¨¦dico, jefe de servicio y gerente e informa a los ¨®rganos directivos de la consejer¨ªa. Las quejas se pueden poner en persona, por tel¨¦fono, fax o por Internet. La otra cara de la moneda es que, en la mayor¨ªa de las ocasiones, la respuesta es una carta poco convincente que enfada m¨¢s al paciente. Aun as¨ª, hay que reclamar para corregir esa deficiencia y porque es el paso necesario para que act¨²en los ¨®rganos de defensa de segundo nivel, como el Defensor del Pueblo.

Cuando el usuario cree que el da?o sufrido es grave y quiere una indemnizaci¨®n se formula una reclamaci¨®n de responsabilidad patrimonial por v¨ªa administrativa. El proceso se inicia en los centros sanitarios o en los servicios de salud de las consejer¨ªas, que a veces tambi¨¦n lo emprenden de oficio cuando detectan un fallo. Esta instituci¨®n es la que las analiza y resuelve en distintos pasos y fases. La resoluci¨®n administrativa pone fin a esta v¨ªa y si el ciudadano no est¨¢ de acuerdo puede reclamar a los tribunales por v¨ªa contencioso-administrativa.

Centros privados

Si el problema surge con el m¨¦dico o el centro privado concertado (mala atenci¨®n m¨¦dica), hay que dirigirse tanto al responsable del centro como a la entidad aseguradora. Si la queja est¨¢ relacionada con la compa?¨ªa aseguradora (cobertura del seguro), se debe acudir al servicio de reclamaciones de la Direcci¨®n General de Seguros, ya que compete al Ministerio de Consumo. Cuando los errores son graves y no se alcanza un acuerdo, se debe consultar con un abogado especializado y reclamar por responsabilidad civil y v¨ªa judicial. Cuando se requiere inhabilitaci¨®n y pena de prisi¨®n para el m¨¦dico, acompa?ada o no de indemnizaci¨®n econ¨®mica, solo se puede hacer por la v¨ªa penal (sanidad p¨²blica y privada).

La duraci¨®n y el coste de las reclamaciones dependen de la v¨ªa, la complejidad del caso y el despacho que lleve la reclamaci¨®n. Lo normal es que un procedimiento en la v¨ªa contencioso- administrativa dure una media de entre dos y tres a?os, aunque se puede complicar hasta siete. En la v¨ªa penal tarda alrededor de los cinco, y por la civil son m¨¢s r¨¢pidos. En cuanto al precio, cuando se gana el caso puede costar una media de entre 3.000 y 8.000 euros, y cuando se pierde, entre 2.000 y 3.000 euros.

?Y c¨®mo se protegen los m¨¦dicos y las administraciones? Los que trabajan en la sanidad p¨²blica est¨¢n cubiertos con una p¨®liza de un seguro de responsabilidad civil que paga el Servicio de Salud de cada comunidad. Los que trabajan en la privada conciertan una p¨®liza con una aseguradora o est¨¢n cubiertos con el seguro del Colegio de M¨¦dicos.

No existe ning¨²n registro nacional de reclamaciones ni tampoco un formulario com¨²n para todas las comunidades aut¨®nomas. Hay pocos abogados con experiencia y tampoco existen jueces o fiscales especializados en derecho sanitario.

Las indemnizaciones m¨¢s altas se relacionan con intervenciones quir¨²rgicas y los da?os producidos al beb¨¦ en el parto. Rondan una media de un mill¨®n de euros. En 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoci¨® una indemnizaci¨®n de cerca de 1,6 millones de euros por una operaci¨®n en la que se da?¨® la m¨¦dula ¨®sea del paciente.

La Asociaci¨®n del Defensor del Paciente, creada en 1997 y con 23 gabinetes de abogados adscritos, es una de las organizaciones de pacientes m¨¢s activas. Como describe su presidenta, Carmen Flores, "es una asociaci¨®n independiente, humilde, pero con voz y guerra, cuyo objetivo es proteger los derechos de los pacientes, pero tambi¨¦n trabajar en las negligencias para que no se repitan".

Esta asociaci¨®n elabora todos los a?os un balance de las deficiencias y carencias de la sanidad espa?ola. La de 2009 no deja t¨ªtere con cabeza. Recibi¨® 12.837 reclamaciones por presunta negligencia m¨¦dica, de las cuales 586 acabaron en muerte del paciente, la mayor¨ªa por mala actuaci¨®n m¨¦dica. La Comunidad de Madrid es, seg¨²n los datos de este trabajo, la comunidad que registra m¨¢s reclamaciones (4.111), seguida de la de Andaluc¨ªa (1.538) y la de Catalu?a (1.105). Los servicios m¨¢s denunciados son los de traumatolog¨ªa, ginecolog¨ªa y obstetricia y urgencias. De igual modo, el trabajo refleja que Corporaci¨®n Dermoest¨¦tica es la cl¨ªnica privada m¨¢s denunciada.

Carlos Sardinero, uno de los abogados adscritos al servicio jur¨ªdico de la Asociaci¨®n del Defensor del Paciente, es uno de los expertos con mayor casu¨ªstica en negligencias m¨¦dicas (m¨¢s de 3.000 casos abiertos), y confirma que gracias a la iniciativa de la Asociaci¨®n del Defensor del Paciente se reform¨® la Ley de Autonom¨ªa del Paciente para obtener la historia cl¨ªnica. Su despacho redact¨® la propuesta jur¨ªdica.

Sin duda, las declaraciones del mes de marzo de la ministra de Sanidad y Pol¨ªtica Social, Trinidad Jim¨¦nez, asegurando que a finales de diciembre de 2010 los 17 sistemas inform¨¢ticos de salud de la comunidades aut¨®nomas estar¨¢n integrados en un ¨²nico sistema solventar¨¢ m¨²ltiples injusticias de acceso a la informaci¨®n, disponibilidad de historias cl¨ªnicas y asistencia en otras comunidades.

En 2009, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se resolvieron 301 reclamaciones por v¨ªa administrativa, de las que se estimaron 85. Por v¨ªa judicial se estimaron 65 reclamaciones para m¨¢s de 90 millones de actos sanitarios, por lo que se produjo una condena judicial por reclamaci¨®n patrimonial por cada 1,4 millones de actos m¨¦dicos, seg¨²n fuentes de la Consejer¨ªa de Salud.

En Catalu?a se dispone de un sistema singular que cubre la responsabilidad civil profesional de los m¨¦dicos de los centros p¨²blicos y de los concertados. Re¨²ne a la Administraci¨®n sanitaria (el Instituto Catal¨¢n de Salud y la red de hospitales concertados) y el Consejo de Colegios de M¨¦dicos de Catalu?a. En 2009, el Instituto Catal¨¢n de la Salud resolvi¨® 606 reclamaciones por v¨ªa administrativa, por las que pag¨® 10,7 millones de euros. Por la v¨ªa judicial se dictaron 157 sentencias judiciales, de las que se estimaron 39 y por las que se pagaron 3,7 millones euros de euros. En 2009, en el Colegio de M¨¦dicos Catal¨¢n se estimaron 321 reclamaciones y en 202 se lleg¨® a un acuerdo extrajudicial.