Industria cita el accidente de Fukushima para justificar el cierre de Garo?a

El Ministerio de Industria ha utilizado todas las armas a su alcance en la primera y ¨²ltima vista del pleito que se sigue en la Audiencia Nacional contra la orden de cierre de la nuclear de Garo?a, fijado para 2013. Tanto, que la abogada del Estado, Rosa Seoane, no ha dudado en citar hasta en cuatro ocasiones el accidente de Fukushima, en Jap¨®n, para resaltar la implicaci¨®n que tiene para el Estado, y no solo para la empresa, la actividad de una nuclear. Incluso puso en duda que Garo?a vaya a superar las pruebas de resistencia a la que la someter¨¢ el Consejo de Seguridad Nuclear.

Seoane ha atacado de forma contundente todos los argumentos de la nuclear (propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola). "Las autorizaciones de las nucleares no son indefinidas, como nos quieren hacer creer [...] y podr¨ªan ser renovadas, pero no en base a una mera ITV, sino con un nuevo procedimiento", ha afirmado Seoane ante la Sala primera de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

En su defensa, Nuclenor ha insistido en que el Ministerio de Industria incurri¨® en una "desviaci¨®n de poder" y en arbitrariedad al no hacer caso al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que aval¨® que la planta pod¨ªa funcionar de forma segura hasta 2019.

El Ministerio de Industria se agarra al art¨ªculo 6.1 del reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, de 1999, que se?ala que "los informes del Consejo de Seguridad Nuclear para la concesi¨®n de las autorizaciones de instalaciones nucleares [...] ser¨¢n preceptivos en todo caso y, adem¨¢s, vinculantes cuando tengan car¨¢cter negativo o denegatorio de una concesi¨®n y, asimismo, en lo relativo a las condiciones que establezcan, si fueran positivos".

"Si el legislador hubiera querido que cualquier informe del CSN fuese vinculante lo habr¨ªa dicho. Si es positivo, no existe vinculaci¨®n para el Ministerio de Industria, que no tiene por qu¨¦ acatar a ciegas un informe positivo", ha se?alado la representante de Industria, que ha mostrado un gran dominio de un asunto complejo y se ha empleado con dureza contra la empresa y sus argumentos.

La abogada del Estado ha insistido en que renovar una nuclear "plantea muchos problemas m¨¢s all¨¢ de la seguridad nuclear". "En un improbable pero posible accidente nuclear, y en la mente de todos debe estar el accidente de Fukushima", es el Estado el que asume la responsabilidad, ha apuntado. La responsabilidad de las nucleares en caso de accidente asciende a 1.200 millones de euros, pero "las primeras aproximaciones de los da?os del accidentes de Fukushima ascienden a 15.000 millones de d¨®lares. El excedente [m¨¢s all¨¢ de los 1.200 millones] lo asume la Administraci¨®n. Cuando se asumen estas responsabilidades, la Administraci¨®n debe tener un margen de maniobra". Otro de sus argumentos es que la gesti¨®n de los residuos radiactivos es responsabilidad estatal, algo que "avala la tesis de que hay responsabilidad y por lo tanto discrecionalidad de la Administraci¨®n".

El discurso de la representante de Industria ha sido bien acogido por las partes que piden el cierre de la planta (Greenpeace, Ecologistas en Acci¨®n y CGT) y con frialdad por los defensores de la continuidad de la central (la Junta de Castilla y Le¨®n, UGT, USO, el Comit¨¦ de Empresa y los accionistas minoritarios, adem¨¢s de la central). "Ha usado todo lo que ten¨ªa, incluso lo de Fukushima", comentaba en un receso uno de los letrados.

La Junta de Castilla y Le¨®n ha argumentado que el cierre obedec¨ªa ¨²nicamente a que, como dijo Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en el Senado, as¨ª lo establec¨ªa el programa electoral del PSOE. La cr¨ªtica de la abogada de la comunidad es que un programa electoral "no es un argumento jur¨ªdico". La abogada del Estado no ha negado que la decisi¨®n de cierre sea apol¨ªtica: "Los Gobiernos adoptan decisiones".

El abogado de Nuclenor, Mariano Magide, ha sostenido, en cambio, que "el ¨²nico par¨¢metro" para prorrogar una nuclear es la seguridad. Para ¨¦l, el cierre en 2013, decidido hace dos a?os, supone "una clar¨ªsima vulneraci¨®n de poder": "Se cierra porque s¨ª, porque lo quiere el ministerio", aunque seg¨²n el abogado "la autorizaci¨®n es un acto reglado y est¨¢ definido a progresar indefinidamente en el tiempo". La fecha de 40 a?os de vida ¨²til nuclear "se usa como prejuicio", aunque aparece as¨ª definida en la documentaci¨®n que al abrir, en 1971, present¨® Nuclenor.

La empresa pide que se revoque la orden de cierre y se le permita funcionar hasta al menos 2019 o, en caso contrario, que se le indemnice con casi 1.500 millones de euros (400 por el inmovilizado de la central y el resto por el lucro cesante). El morbo del caso est¨¢ en que el perito que hace un a?o calcul¨® los 951 millones de lucro cesante por no poder funcionar hasta 2029 es Fabricio Hern¨¢ndez, hoy secretario de Estado de Energ¨ªa. El ministro, Miguel Sebasti¨¢n, lo nombr¨® pese a que hab¨ªa sido asesor de Nuclenor en el pleito (lo ha sido de todo el sector energ¨¦tico, seg¨²n el curr¨ªculum que ¨¦l mismo envi¨® a la Audiencia).

La abogada del Estado no ha dudado en descalificar duramente los informes de los peritos, incluido el realizado por el que hoy es alto cargo de Industria. Seoane ha se?alado que esos dict¨¢menes carecen de validez. En ese momento, el presidente de la sala ha cortado su discurso por exceder el tiempo, aunque la argumentaci¨®n escrita que llevaba preparada la abogada del Estado no ahorraba cr¨ªticas al informe de Fabricio Hern¨¢ndez. Sobre la metodolog¨ªa, el texto afirma que "no es ni realista, ni fiable, ni veros¨ªmil", y sobre la asunci¨®n de que con un 95% de probabilidades Garo?a iba a funcionar hasta 2029, ha lanzado un aviso": "Nuclenor no sabe si va a poder operar hasta 2013", ya que "tras el accidente de Fukushima [de nuevo alusi¨®n a Jap¨®n] se puso de manifiesto la necesidad de revisar" la seguridad de las centrales, y seg¨²n la letrada de Industria, no est¨¢ nada claro que Garo?a vaya a pasar la prueba, aunque tambi¨¦n se?al¨® que "no est¨¢ en duda la seguridad de la central".

Es un juicio y hay m¨¢s de 1.000 millones de dinero p¨²blico en juego y nadie puede acusar a Industria de haber realizado una defensa tibia de su decisi¨®n. Hasta el punto de que en la contestaci¨®n a la demanda, la abogada del Estado argumenta incluso que Garo?a tiene beneficios ca¨ªdos del cielo (en ingl¨¦s, windfall profits), que es tanto como reconocer que el dise?o del sistema el¨¦ctrico (que el ministerio se niega a reformar) hace que las nucleares cobren a los consumidores mucho m¨¢s por la electricidad de lo que les cuesta producirla.

De hecho, tras la intervenci¨®n, los abogados de los ecologistas, Luis Oviedo y Nino Trillo, han tenido un perfil bajo. Daba la impresi¨®n de que se alineaban con la abogada del Estado, aunque ellos piden el cierre inmediato de Garo?a -no en 2013-. Estos han insistido en que la renovaci¨®n no se someti¨® a evaluaci¨®n de impacto ambiental y que, como sostiene el Ministerio de Medio Ambiente, no se puede garantizar un caudal del Ebro suficiente que asegure la refrigeraci¨®n de la nuclear a largo plazo.