CiU pide al Gobierno que promueva un gran pacto por la dependencia

CiU ha presentado una moci¨®n en el Congreso en la que insta al Gobierno a promover un gran pacto con el concurso de todas las administraciones, agentes sociales y econ¨®micos, para revisar el sistema de financiaci¨®n de la dependencia, uno de los puntos d¨¦biles de esta ley y que m¨¢s pol¨¦mica ha suscitado siempre. El grupo catal¨¢n, como expuso recientemente el diputado Carles Campuzano en el Congreso, trata de que la financiaci¨®n que reciben las comunidades no la decida la gravedad del dependiente sino el coste en cada comunidad del servicio que se presta. El acuerdo alcanzado deber¨ªa garantizar la sostenibilidad en el tiempo del sistema de dependencia y "alcanzar un gasto estable del 1,2% del PIB" para estas pol¨ªticas.

Campuzano ha propuesto tambi¨¦n que se revise el equilibrio de ayudas que se conceden, muy escorado hacia la prestaci¨®n para el familiar que cuida a un dependiente, y que se impulse la colaboraci¨®n p¨²blico-privada para la oferta de los servicios as¨ª como un avance en el desarrollo de un sistema sociosanitario.

En la moci¨®n, el grupo catal¨¢n recoge tambi¨¦n una de las sugerencias m¨¢s escuchadas entre los empresarios del sector, "la necesidad de priorizar la atenci¨®n a las personas con necesidades m¨¢s severas".

Por ¨²ltimo, se pide al Gobierno que presente el balance del desarrollo de la ley antes de que acabe septiembre, un plazo generoso, habida cuenta de que la evaluaci¨®n deb¨ªa haberse presentado el a?o pasado, como establece la propia ley. Y se solicita, de nuevo, que se hagan p¨²blicas para conocimiento de todos los ciudadanos, las cuentas de la dependencia, es decir, el gasto total que ha destinado cada una de las administraciones. En este cap¨ªtulo se conoce lo que ha dedicado el Gobierno, pero es un misterio absoluto lo que gastaron las comunidades, porque las partidas exclusivas para la dependencia no est¨¢n separadas de otros gastos sociales. Aunque algunos estudios econ¨®micos demuestran ya que el volumen de ciudadanos atendidos sugiere que las comunidades estar¨ªan soportando un mayor coste que el Gobierno. Ambas administraciones est¨¢n obligadas a financiar la dependencia a partes iguales.