El Gobierno carga a las autonom¨ªas con el grueso de la dependencia

El Gobierno y las comunidades aut¨®nomas deben cofinanciar a partes iguales el coste de la Ley de Dependencia, tal y como se establece en la norma. Pero este a?o el equilibrio est¨¢ roto porque las aportaciones del Gobierno cubren solo el 32% del total. Y la tendencia parece agravarse, porque a medida que se atiende a m¨¢s dependientes la carga se vuelca en las comunidades aut¨®nomas. Si entraran en el sistema las m¨¢s de 230.000 personas que tienen derecho a una ayuda y est¨¢n esperando, el Gobierno, con el sistema de financiaci¨®n actual, apenas sobrepasar¨ªa el 25% del coste total.

Los datos del ¨²ltimo estudio sobre financiaci¨®n de la Ley de Dependencia elaborado por la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cifran en 1.777 millones de euros la aportaci¨®n del Gobierno, mientras que para las comunidades aut¨®nomas el coste alcanza los 3.006 millones de euros. Y los usuarios, mediante el copago, se han hecho cargo de 765 millones.

Faltar¨ªan 2.000 millones para atender la larga lista de espera

La plaza en una residencia es m¨¢s cara y su uso se ha ralentizado

Un dependiente cuesta al a?o unos 8.155 euros como promedio

La aportaci¨®n de los beneficiarios mediante el copago alcanza un 13%

No siempre fue as¨ª, pero el modelo de financiaci¨®n establecido por decreto en 2007 parece, seg¨²n este estudio, tener un efecto perverso: cuantos m¨¢s dependientes entran en el sistema m¨¢s d¨¦ficit se acumula y m¨¢s han de aportar las comunidades aut¨®nomas. En la actualidad hay alrededor de 654.000 personas atendidas y el coste total es de 5.550 millones de euros. Si se incorporaran las que est¨¢n en la lista de espera el coste ascender¨ªa a 7.606 millones.

El informe citado calcula el coste del sistema de atenci¨®n a la dependencia en virtud de las personas que est¨¢n recibiendo una ayuda y el importe medio de cada ayuda, siempre con horquillas generosas.

Luis Barriga, el autor de este estudio, opina que la culpa del desequilibrio es del modelo de financiaci¨®n decretado, "que establece las aportaciones del Gobierno en funci¨®n del grado de discapacidad del dependiente y no del servicio que se le presta". Para los dependientes m¨¢s graves el Gobierno aporta por el llamado nivel m¨ªnimo 266 euros. "Pero no es lo mismo atender a una persona en una residencia, mucho m¨¢s caro, que concederle una prestaci¨®n econ¨®mica para que un familiar le cuide en casa; sin embargo, el dinero que da el Gobierno no tiene en cuenta esto. Las ayudas para residencia se han ralentizado", explica.

Quiz¨¢ por esa raz¨®n las ayudas econ¨®micas para el cuidador familiar se han disparado durante el desarrollo de esta ley, mientras que la concesi¨®n de una plaza en residencia es mucho m¨¢s escasa. De los 5.550 millones que ha costado el sistema este a?o, 2.867 han servido para pagar las residencias, por tanto, esta ayuda se lleva el 51,6% para atender alrededor de un 20% del total de los beneficiarios. Sin embargo, con el 26,7% del presupuesto total se da cobertura pr¨¢cticamente a la mitad de los dependientes, mediante pagas para cuidarlos en casa. "Esta prestaci¨®n sale m¨¢s rentable y eso puede haber inclinado la balanza hacia la prescripci¨®n desmedida de estas ayudas en detrimento de los servicios, como la residencia, que son m¨¢s caros", explica Luis Barriga. Desde la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales siempre se ha pedido que el Gobierno financiara la ley atendiendo al coste del servicio. "Y lo seguimos pidiendo. Solo hay que modificar un decreto, no hay por qu¨¦ tocar la ley, que seguimos creyendo que es buena y sostenible, a pesar de la crisis. Sabemos que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, pero si no se incrementa se corre el riesgo de que las comunidades desfonden los servicios sociales para atender en exclusiva la dependencia. Aquellas que tengan voluntad pol¨ªtica para implantarla, claro", dice Barriga.

Los c¨¢lculos establecidos en el estudio revelan que un dependiente cuesta como promedio 8.155 euros al a?o, luego la atenci¨®n de todos ellos supone 102 euros al a?o por habitante. Los usuarios del sistema tambi¨¦n colaboran con la financiaci¨®n de la ley mediante el copago, es decir, pagan una parte del servicio que reciben, un 13% de media. "Pero hay que tener en cuenta que la mayor¨ªa de los dependientes atendidos son personas mayores cuyas rentas son escasas. Subir el copago no es f¨¢cil por esa raz¨®n", sigue Barriga. "La soluci¨®n m¨¢s l¨®gica ser¨ªa que se pactaran entre el Gobierno y las comunidades unos m¨®dulos con el coste medio de los servicios que se prestan, las residencias, los centros de d¨ªa, la ayuda a domicilio y se financiara el sistema atendiendo a ello".

Ante una situaci¨®n de dificultad presupuestaria, "algunas comunidades han optado por no hacer nada, otras han tirado para adelante a costa de sus arcas y otras han ralentizado el ritmo de aplicaci¨®n de la ley", se?ala.