Los trabajadores sociales se ofrecen para mediar en los desahucios

Los trabajadores sociales proponen al Gobierno que modifique "ligeramente" un par de leyes, la ley concursal y la hipotecaria, de tal forma que permitan a los jueces paralizar los embargos hipotecarios para que las familias afectadas puedan seguir viviendo en sus casas mientras los servicios sociales reflotan su situaci¨®n econ¨®mica. "Se trata de familias que no est¨¢n en riesgo de exclusi¨®n, pero que pueden estarlo si se les echa a la calle de un d¨ªa para otro. Los servicios sociales siempre han desempe?ado tareas de mediaci¨®n familiar de tal forma que podr¨ªamos ayudarles a remontar su situaci¨®n para que puedan seguir pagando la hipoteca", ha dicho hoy Luis Barriga, miembro de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La red de servicios sociales p¨²blicos, con un trabajador social en cada pueblo es extensa y no necesitar¨ªa "m¨¢s que reforzarse un poco" para atender estas situaciones de quiebra sobrevenida. Adem¨¢s el Parlamento ya aprob¨® estudiar la figura de un mediador para estas familias, solo que la legislatura concluy¨®. "La mediaci¨®n entre las familias y los acreedores no requerir¨ªa ingresos adicionales, pero s¨ª una buena redistribuci¨®n de los que se tienen. Durante el periodo de mediaci¨®n los recursos sociales para esas familias ser¨ªan prioritarios", ha explicado Barriga.

Los trabajadores sociales pueden determinar cu¨¢ndo se trata de deudores de buena fe, pero necesitan "tiempo para ello", por eso insisten en que los jueces tendr¨ªan que suspender el embargo mientras elaboran sus informes y ponen en marcha sus planes. "Esta cuesti¨®n deber¨ªa ser prioritaria en el nuevo Parlamento que se forme tras las elecciones", ha dicho.

Cuando se trata de una empresa que entra en quiebra, en ocasiones no se permite embargar la fuerza productiva, la maquinaria, por ejemplo, para que sigan trabajando y ganando dinero y tiempo para pagar a los acreedores. "Con la vivienda no ocurre eso porque se trata de un derecho, y parad¨®jicamente, por ser un derecho, pueden embarg¨¢rselo".

La Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes, que hoy est¨¢ reunida en Madrid, record¨® que hay m¨¢s de 94.000 ejecuciones hipotecarias. "Esto podr¨ªa acabar afectando a un mill¨®n de familias", dijo Ana Lima, presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales.

La asociaci¨®n ha pedido, adem¨¢s un pacto para no dejar desatendidos a las personas m¨¢s vulnerables en tiempos de crisis. "O se reforma la Constituci¨®n o se establece un pacto, no puede ser que la renta b¨¢sica, que perciben los que se han quedado sin nada tenga 17 modelos en Espa?a", ha explicado Gustavo Garc¨ªa Herrero. Tambi¨¦n han solicitado un cambio en el modelo de financiaci¨®n de la Ley de Dependencia para que sea el coste del servicio que se presta lo que determine la cantidad que paga el Gobierno, y no la gravedad de la persona dependiente. "No hay que modificar la ley, solo un decreto", han explicado.

Por ¨²ltimo, han recordado "las enorme cantera de empleo no deslocalizado que suponen los servicios sociales". "Por cada mill¨®n de euros invertidos se generan 30 puestos de trabajo, cuando la media en otros sectores es de 17. Invertir en pol¨ªtica sociales es rentable", ha recordado el presidente de la asociaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez.

Ana Lima ha dado a conocer tambi¨¦n el manifiesto de la reci¨¦n constituida Alianza para la Defensa del Sistema P¨²blico de Servicios Sociales en el que se pide que se "garantice la igualdad de acceso y la universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un desarrollo econ¨®mico y social equilibrado".