No malgastar¨¢s dinero p¨²blico

El pasado 5 de septiembre, Geir Haarde recorri¨® con gesto adusto el camino que separa su casa del juzgado de Reikiavik donde hab¨ªa sido llamado a declarar. Haarde fue primer ministro island¨¦s de un Gobierno conservador entre 2006 y 2009, cuando dimiti¨® acosado por las cr¨ªticas ante su gesti¨®n de la crisis financiera, que llev¨® al peque?o pa¨ªs del norte de Europa (320.000 habitantes) al borde del colapso. Islandia, sin duda, es un pa¨ªs particular y el de Haarde un caso excepcional. Un a?o despu¨¦s de su renuncia, el Parlamento island¨¦s acord¨® pedir su imputaci¨®n al acusarle de negligencia por no haber hecho nada ante el peligro de derrumbe de los tres mayores bancos del pa¨ªs. Haarde, que ahora se enfrenta a dos a?os de c¨¢rcel, se declar¨® inocente ante el juez que lleva este pol¨¦mico caso.

Islandia es uno de los pocos pa¨ªses del mundo desarrollado que juzga a sus responsables pol¨ªticos por su mala gesti¨®n. Algo parecido es lo que pretende hacer ahora en Espa?a el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro. Recientemente, durante una entrevista en la cadena SER, asegur¨® que ¡°un gestor p¨²blico no puede gastar m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites que tenga en su presupuesto¡±. Y avanz¨® que el Gobierno de Mariano Rajoy estudia exigir ¡°responsabilidades penales a aquellos que no cumplan con el techo de gasto previsto en los presupuestos¡±. Montoro pon¨ªa de ejemplo a aquellos responsables p¨²blicos que ¡°esconden las facturas en el caj¨®n¡±. Y a?adi¨®: ¡°Eso provoca falta de transparencia y acumulaci¨®n de deudas que luego se vuelven impagables¡±.

El ex primer ministro island¨¦s se enfrenta a dos a?os de c¨¢rcel por la mala gesti¨®n de la crisis

Las palabras del titular de Hacienda provocaron una cascada de declaraciones. Los principales l¨ªderes auton¨®micos del PP salieron en tromba a respaldar la medida. Segu¨ªan una estrategia construida por su partido para convencer a la opini¨®n p¨²blica de que las Administraciones anteriores ¡ªmuchas de ellas socialistas¡ª hab¨ªan tapado la deuda para ocultar la verdadera situaci¨®n econ¨®mica. Es un mantra que repiten los dirigentes conservadores cada vez que hablan de econom¨ªa. Uno de los cargos m¨¢s duros fue el presidente de la Junta de Extremadura, Jos¨¦ Antonio Monago, quien reclam¨® incluso que la medida tenga car¨¢cter ¡°retroactivo¡± para que paguen los Gobiernos anteriores que dejaron la deuda.

Pero la idea de exigir responsabilidades penales a los malos gestores es una medida compleja que despierta argumentos poli¨¦dricos y que genera varias preguntas: ?C¨®mo se pueden aplicar sanciones penales a los malos gestores? ?Habr¨¢ que reformar el C¨®digo Penal? ?Qui¨¦n determina qu¨¦ es mala gesti¨®n?

El Ministerio de Hacienda asegur¨® en un primer momento que habr¨ªa que retocar el C¨®digo Penal para acometer la reforma que permita exigir responsabilidades penales a los malos gestores p¨²blicos. Pero, posteriormente, rectific¨® y explic¨® que el texto legal ya contiene algunos art¨ªculos que ser¨ªan aplicables. [Los art¨ªculos que van del 419 al 444 del C¨®digo Penal recogen los delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraudes y execciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios p¨²blicos].

¡°Mala gesti¨®n es un concepto difuso. Es una locura¡±, dice un experto

El anuncio de Montoro, que algunos consideraron como un globo sonda y la polvareda que levant¨®, pareci¨® quedar en un exceso del titular de Hacienda. Hasta que hace dos viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, precis¨® durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno trabaja en una ley de transparencia, donde se establecer¨¢n las obligaciones legales de los gestores p¨²blicos. La n¨²mero dos del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy explic¨® que la citada norma incluir¨¢ ¡°sanciones administrativas o contables¡± para los cargos p¨²blicos que incumplan las obligaciones en materia de buen gobierno. Santamar¨ªa tambi¨¦n precis¨® que se recoger¨¢n entre los supuestos m¨¢s graves una serie de responsabilidades penales: ¡°aquellos casos que puedan tener un car¨¢cter doloso, de ocultaci¨®n¡±, se?al¨®.

Pero, en realidad, las Administraciones p¨²blicas ya cuentan con mecanismos suficientes para sancionar y tratar de evitar estas pr¨¢cticas. Est¨¢n los interventores en la Administraci¨®n local y aut¨®noma o el Tribunal de Cuentas (TC), que pone de manifiesto aquellas maniobras contables irregulares. ¡°El TC investiga todos aquellos saldos deudores que est¨¢n sin justificar en una cuenta, busca deudas pendientes o falta de registros¡±, explica Felipe Garc¨ªa Ortiz, miembro del principal organismo fiscalizador de las cuentas p¨²blicas en Espa?a. Eulalio ?vila, presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administraci¨®n Local, reclama un cambio legislativo para que los interventores sean m¨¢s independientes y se desliguen de la tutela de los alcaldes. ¡°Podr¨ªa haber tambi¨¦n un cambio legislativo para definir qu¨¦ es mala gesti¨®n¡±, afirma. Y admite que la legislaci¨®n ya recoge algunos supuestos para sancionar a los malos gestores. ¡°Lo que hay que hacer es aplicar la ley¡±.

Cuando se habla de ocultar facturas en los cajones, algunos expertos insisten en precisar la diferencia entre retrasar el pago de facturas por las habituales tensiones de tesorer¨ªa al final del ejercicio (que afecta a casi todas las Administraciones), con la pr¨¢ctica menos habitual de ocultar facturas para esconder la deuda.

Los aut¨®nomos ven
en la medida la soluci¨®n
al retraso en los pagos

El catedr¨¢tico de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria considera que ¡°la idea de exigir responsabilidades penales por mala gesti¨®n es una locura¡±. Sostiene que el concepto de mala gesti¨®n es muy ¡°difuso¡±. ¡°Ya existen figuras como la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos o la prevaricaci¨®n para perseguir determinadas irregularidades¡±, indica. Villoria recuerda que el Tribunal de Cuentas ya prev¨¦ un proceso de ¡°enjuiciamiento por alcance¡± para perseguir irregularidades contables como la pr¨¢ctica que los dirigentes del PP afean a sus predecesores: esconder facturas en los cajones. ¡°Si se aplicara la responsabilidad penal por mala gesti¨®n a los pol¨ªticos todos, los gestores p¨²blicos terminar¨ªan en la c¨¢rcel. Por eso existe un principio de protecci¨®n especial para determinados pol¨ªticos¡±, zanja Villoria que cuestiona la medida avanzada por el Ejecutivo.

Por su parte, Jos¨¦ Luis Ram¨ªrez, portavoz de Jueces por la Democracia (JpD), opina que la idea de Montoro ¡°traslada a los ciudadanos una idea falsa sobre los or¨ªgenes de la crisis y su soluci¨®n¡±. ¡°La medida¡±, contin¨²a, ¡°convierte a los jueces en gestores del sistema econ¨®mico¡±. Ram¨ªrez tambi¨¦n insiste en que ya existe una normativa clara que recoge las irregularidades contables para los cargos p¨²blicos.

Al otro lado, entre los colectivos que respaldan la medida, se encuentran los trabajadores aut¨®nomos que ven en la propuesta del titular de Hacienda una soluci¨®n al aplazamiento continuado del pago a proveedores de las Administraciones p¨²blicas. La Federaci¨®n de Asociaciones de Trabajadores Aut¨®nomos (ATA) calcula que hay unos cuatro millones de facturas pendientes de cobro por importe de m¨¢s de 15.000 millones de euros. La ca¨ªda de ingresos en las comunidades aut¨®nomas y Ayuntamientos en los ¨²ltimos meses ha descuadrado las cuentas de numerosas Administraciones, que han aplazado los pagos a proveedores para poder pagar las n¨®minas de sus funcionarios y los servicios b¨¢sicos.

El PSOE se pregunta
si Gallard¨®n se autoaplicar¨¢
la ley por la deuda de Madrid

Numerosos dirigentes socialistas cuestionan el anuncio realizado por Montoro, al considerar que ya existen instrumentos suficientes para sancionar a los malos gestores p¨²blicos. El PSOE tira de iron¨ªa y se pregunta si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que tendr¨¢ que refrendar la medida, se la aplicar¨¢ a s¨ª mismo por la abultada deuda que dej¨® en el Ayuntamiento de Madrid, que dirigi¨® entre 2003 y 2011. El exalcalde multiplic¨® la deuda municipal hasta situarla en cerca de 7.200 millones de euros, mayor que la deuda del resto de ciudades. El proyecto estrella [y m¨¢s caro] de Gallard¨®n fue el soterramiento de una parte del primer anillo de circunvalaci¨®n de Madrid, M-30, y la reforma de los terrenos que se liberaron junto al r¨ªo. Cost¨® m¨¢s de 5.000 millones de euros. Pero hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid present¨® un plan econ¨®mico financiero al ministro de Econom¨ªa, del anterior Gobierno socialista, para justificar la inversi¨®n. El plan conten¨ªa un detallado calendario de pagos y justificaba la inversi¨®n. Entonces, ?qu¨¦ es ser mal gestor?

Durante los a?os del boom inmobiliario muchas Administraciones multiplicaron sus ingresos. Ten¨ªan las arcas a rebosar y se embarcaron en ambiciosos proyectos: comenzaron a aparecer aeropuertos en cada provincia de Espa?a, nuevas carreteras, tranv¨ªas y grandes infraestructuras con un punto de megaloman¨ªa.

Todo ello estaba recogido en los presupuestos y los ciudadanos votaron a los Gobiernos que impulsaron esos planes. El caso de la Comunidad Valenciana resulta paradigm¨¢tico: invirti¨® miles de millones en la organizaci¨®n de grandes festejos como la f¨®rmula 1, la Copa del Am¨¦rica de Vela, la visita del Papa a Valencia o la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es una de las comunidades aut¨®nomas con m¨¢s d¨¦ficit y con las cuentas p¨²blicas m¨¢s hipotecadas. The Economist la puso de ejemplo la semana pasada como uno de los territorios manirrotos con dificultades para controlar su d¨¦ficit. Pero los presupuestos valencianos recog¨ªan todos esos proyectos y fueron los ciudadanos los que avalaron esas pol¨ªticas grandilocuentes, de las que ahora parecen arrepentirse muchos. En aquella ¨¦poca de excesos, nadie tuvo en cuenta los avisos que algunos lanzaban por el galopante endeudamiento.

"Es complejo fijar los l¨ªmites para determinar qu¨¦ es mala gesti¨®n", dice un experto

Para evitar estas conductas el Gobierno ultima una ley de estabilidad presupuestaria que pretende controlar el gasto de todas las Administraciones. Adem¨¢s, aumentar¨¢ la informaci¨®n que comunidades y Ayuntamientos deber¨¢n presentar al Ministerio de Hacienda, con lo que la pr¨¢ctica de ocultar facturas en los cajones resultar¨¢ m¨¢s complicada.

Quiz¨¢ por eso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy justific¨® el cambio normativo que permitir¨¢ exigir responsabilidades penales a los malos gestores p¨²blicos, con el fin de perseguir a los pol¨ªticos que oculten deudas premeditadamente. Pero, posteriormente, matiz¨® el alcance de la medida para centrarlo en quienes excedan del presupuesto aprobado por los Parlamentos correspondientes.

Jes¨²s Lizcano, presidente de la organizaci¨®n Transparencia Internacional, que investiga las malas pr¨¢cticas de los gestores p¨²blicos entre otras cuestiones, reconoce que es complejo fijar los l¨ªmites para determinar qu¨¦ es mala gesti¨®n. Lizcano, que es catedr¨¢tico de Econom¨ªa en la Universidad Aut¨®noma de Madrid, opina que ¡°ser¨ªa necesario aplicar, m¨¢s bien, un tipo de responsabilidad civil o administrativa para aquellos que malgastan o derrochan el dinero de los dem¨¢s¡±. Y a?ade: ¡°Por ejemplo, guardar facturas en los cajones deber¨ªa perseguirse¡±. Lizcano reflexiona: ¡°Entiendo que a veces es complicado y dif¨ªcil estimar el presupuesto de una Administraci¨®n. Pero una vez que est¨¢ aprobado por las Cortes o las c¨¢maras regionales no se puede salirse de ¨¦l¡±.

Pero ?qu¨¦ ocurrir¨ªa si se incumple el presupuesto porque el ciclo econ¨®mico tumba los ingresos? ¡°Que suban impuestos a los ciudadanos y que estos decidan despu¨¦s, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese Gobierno es correcto¡±, puntualiz¨® Montoro hace una semana.