La reforma del aborto en manos de la derecha del PP

La legitimidad que siempre dan las mayor¨ªas absolutas ha permitido que el sector m¨¢s conservador ganara la batalla a los m¨¢s centristas del Partido Popular. Dicha circunstancia est¨¢ permitiendo el anuncio de reformas legislativas que atacan directamente a los derechos civiles conquistados en las anteriores legislaturas, anuncios que encuentran poca contestaci¨®n social, ya que cuando las necesidades primarias se encuentran suspendidas del endeble cabo de una regresi¨®n econ¨®mica sin precedentes, resulta natural que el com¨²n de la gente est¨¦ m¨¢s preocupada por cubrir esas primarias necesidades que por sus propios derechos civiles y sociales.

Aprovechando ese marco tan propicio, uno de aquellos centristas se ha dejado llevar por ¡°esa corriente a la derecha del PP¡± y ha anunciado una reforma de la legislaci¨®n sobre aborto provocado. Su propuesta, dice el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, vendr¨ªa a recuperar la normativa de 1985 para ¡°superarla¡±. Esta superaci¨®n normativa suena a un meritorio endurecimiento de la ley de supuestos anterior, lo que sin duda vendr¨¢ a ahondar la inseguridad jur¨ªdica que mujeres y profesionales ya sufrimos durante 25 a?os en nuestro pa¨ªs; abocando a todas aquellas mujeres que no puedan costearse un aborto a las redes de la clandestinidad y la inseguridad, esta vez f¨ªsica. Ya que, tal y como nos recuerda la OMS, los abortos inseguros, consecuencia de leyes prohibitivas o restrictivas, generan un 13% de la muertes maternas en el mundo, as¨ª como, complicaciones en 8,5 millones de mujeres.

Haciendo historia de las posiciones anteriores del Partido Popular, nos hemos topado con las enmiendas parlamentarias que en su d¨ªa el ala m¨¢s conservadora tramit¨® en el Congreso contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo. Ciertamente, si la filosof¨ªa que emana de dicho trabajo parlamentario va a ser la base ideol¨®gica desde la que acometer la reforma, podemos afirmar que una suerte de control parapolicial regir¨¢ y vigilar¨¢ la pr¨¢ctica sanitaria de aborto provocado.

En ellas, destacamos lo siguiente:

¡°¡­Se le informar¨¢ de los requisitos que, en su caso, son exigibles para la pr¨¢ctica del aborto¡­especialmente la emisi¨®n de los dict¨¢menes preceptivos por m¨¦dicos especialistas en centros sanitarios p¨²blicos¡±.

Los fragmentos de las enmiendas populares vienen a comunicarnos que para ¡°evitar un fraude de ley¡±, ¡°y para que haya mayores garant¨ªas¡± (ignoramos el sujeto de dichas garant¨ªas, pero intuimos que no va a ser la mujer) el Gobierno de cada comunidad aut¨®noma (casi todos populares) acreditar¨¢ centros p¨²blicos en los cuales la mujer habr¨¢ de justificar su decisi¨®n, donde se juzgar¨¢ si procede o no su demanda y desde el que se emitir¨¢n, si el sesgo ideol¨®gico de sus examinadores lo considera oportuno, los dict¨¢menes bajo los cuales podr¨¢ interrumpir su gestaci¨®n en otro centro distinto, entendemos que privado, por aquello de no mezclar competencias; y porque si en 1985 la inseguridad jur¨ªdica de la norma hizo que los/as profesionales de la sanidad p¨²blica evitaran realizar abortos, no es previsible que con una ley a¨²n m¨¢s restrictiva y punitiva los lleven a cabo.

Llegado el momento en que el PP abandone ¡°su medida ambig¨¹edad¡± actual, descubriremos si esta m¨¢s que conservadora posici¨®n se impone o no en la reforma. De confirmarse el peor de los pron¨®sticos, no solo es que volveremos a considerar a todas las mujeres ¡°menores de edad¡± dado que ¡°otros¡± tutelar¨¢n legalmente su decisi¨®n; sino que se estar¨¢ enviando a la clandestinidad a miles de mujeres cuya situaci¨®n no ¡°entre¡± en los presupuestos ideol¨®gicos de aquellos ¡°examinadores¡± acreditados al ¡°efecto¡±. Evidentemente, no ser¨¢n aquellas que puedan pagarse un aborto seguro fuera de nuestro pa¨ªs.

Santiago Barambio es presidente de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (Acai).