Costas planea una amnist¨ªa a las casas construidas sobre litoral ¡°degradado¡±

La ¡°profunda reforma¡± que prepara el Gobierno sobre la Ley de Costas flexibilizar¨¢ el proceso para dejar en manos privadas el terreno p¨²blico de la costa si esta se encuentra degradada. As¨ª lo apunta el Ministerio de Medio Ambiente en su informe al Consejo Asesor de Medio Ambiente sobre la Ley de Costas y su pr¨®xima reforma. En ¨¦l cita que previsiblemente desafectar¨¢ barrios como El Palo y Pedregalejo (M¨¢laga) y Chilches (Castell¨®n).

En el documento, de tres folios, Medio Ambiente destroza la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, y su aplicaci¨®n. Se?ala que los deslindes ¡ªel tr¨¢mite que separa la l¨ªnea p¨²blica y privada¡ª han seguido un ¡°trazado aparentemente arbitrario¡± sin que el propio ministerio conozca ¡°los criterios t¨¦cnicos por los que esa l¨ªnea no traza una l¨ªnea recta sino que hace zig-zag¡±. Despu¨¦s de casi 25 a?os de ley, el Gobierno tiene deslindado el 96% del litoral y ha ganado en los tribunales m¨¢s del 90% de los casos. Ahora, el departamento que dirige Miguel Arias Ca?ete asume las tesis de muchos de los due?os de terreno en la costa declarado p¨²blico y considera que no est¨¢ bien hecho.

El ministerio se?ala que hay unas 32.000 ocupaciones sobre el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre y de las cuales 24.000 a¨²n no han recibido la concesi¨®n. Los propietarios consideran que al no recibir la concesi¨®n ganan tiempo y, adem¨¢s, las demarcaciones de Costas se han visto incapaces de tramitarlas.

Medio Ambiente dedica un amplio apartado a se?alar los problemas de la ley para justificar su reforma. As¨ª, se?ala que la norma ha generado ¡°inseguridad jur¨ªdica¡±, ¡°conflictividad social¡± y ¡°cierta sensaci¨®n de agravio entre no pocos ciudadanos¡±. Tambi¨¦n cita el Informe Auken, que el Parlamento Europeo aprob¨® en 2009 y que ped¨ªa un cambio en la ley. Ese informe cargaba principalmente contra el urbanismo en la Comunidad Valenciana promovido por el Gobierno del PP y los populares criticaron el texto. Ahora, el Gobierno lo retoma.

La conclusi¨®n del Gobierno es que hace falta una reforma legal ¡°que concilie la necesaria protecci¨®n del litoral con una mayor garant¨ªa y seguridad para los titulares de derechos en el dominio p¨²blico, que no restrinja, adem¨¢s, la actividad econ¨®mica y, por tanto, la generaci¨®n de empleo¡±.

Las concesiones podr¨ªan llegar a 2063

El ministerio se?ala entre las ¡°posibles reformas¡± de la ley un cambio en el ¡°r¨¦gimen de compensaciones por la p¨¦rdida de propiedades¡±. Quienes ten¨ªan una casa construida legalmente en la playa antes de 1988 no fueron expropiados sino que recibieron una concesi¨®n durante 30 a?os (ampliable a 60) sin pagar canon. As¨ª, pod¨ªan seguir usando la casa durante ese tiempo, pero sin venderla. El Gobierno apunta que permitir¨¢ venderlas ¡ªalgo que ya intent¨® el ministerio con Elena Espinosa¡ª. En el Congreso, Arias Ca?ete se?al¨® que las concesiones se aproximar¨ªan a las de la ¡°Ley de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones P¨²blicas¡±, que son de 75 a?os. De ser as¨ª, las concesiones que comienzan a caducar en 2018 (a los 30 a?os de la ley) podr¨ªan seguir sobre la arena hasta 2063, si se toma como punto de partida 1988.

Otro de los puntos que Arias Ca?ete planea reformar es la desafectaci¨®n, el tr¨¢mite para que el dominio p¨²blico pase a manos privadas. Seg¨²n el informe de Medio Ambiente, el proceso deber¨ªa ser ¡°m¨¢s ¨¢gil y r¨¢pido para aquellos bienes que han perdido sus caracter¨ªsticas naturales de dominio p¨²blico¡±. Y cita que la desafectaci¨®n podr¨ªa aplicarse a ¡°bienes degradados incluidos en antiguos deslindes¡±, como ¡°El Palo y Pedregalejo en M¨¢laga, Chilches, en Castell¨®n, cornisa de Cantabria...)¡±. En los casos de M¨¢laga son antiguos barrios de pescadores construidos sobre la playa y que ya est¨¢n integrados en el casco urbano.

El documento da m¨¢s claves de la reforma, como la de autorizar nuevos usos en la ¡°servidumbre de protecci¨®n¡± siempre que, seg¨²n Medio Ambiente, ¡°resulten compatibles con la protecci¨®n ambiental del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre y su utilizaci¨®n p¨²blica¡±.