Cuatro comunidades tienen unos servicios sociales muy deficientes

En plena crisis econ¨®mica, los servicios sociales espa?oles, a los que acuden alrededor de ocho millones de usuarios, muestran una gran debilidad y una tendencia a empeorar. Cuatro comunidades, Valencia, Canarias, Madrid y Baleares, obtienen un sonoro suspenso, ¡°lo que las sit¨²a no solo a la cola de Espa?a, sino a la cola de Europa, cuya media est¨¢ unos cinco puntos por encima del gasto espa?ol en relaci¨®n con el PIB¡±. Por el contrario, aunque ninguna regi¨®n alcanza notas altas ni mucho menos de excelencia, Castilla y Le¨®n, Pa¨ªs Vasco, Navarra y La Rioja obtienen un nivel medio ¡°aceptable¡± y con tendencia a superar esa calificaci¨®n.

¡°En esta situaci¨®n de necesidad social es inadmisible que servicios tan b¨¢sicos no lleguen por igual a unos ciudadanos que a otros en funci¨®n de la comunidad en la que vivan¡±, ha se?alado el presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, en la presentaci¨®n de este nuevo ¨ªndice que mide la cobertura social que se presta.

Para la elaboraci¨®n de este indicador, que permite comparar la gesti¨®n y los resultados por comunidades, se han tenido en cuenta tres variables, los derechos de los ciudadanos regulados por ley, la inversi¨®n econ¨®mica y la cobertura real que se recibe. Se han manejado m¨¢s de 20 indicadores, todos ellos obtenidos de fuentes oficiales, bien sea el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, el INE o Hacienda. Y los datos se han enviado a todas las comunidades, 11 de las cuales han participado activamente en el proceso, mientras que cuatro no han contestado a los requerimientos de la asociaci¨®n, Extremadura, Cantabria, Baleares y Arag¨®n, lo que no quiere decir que no se tengan datos oficiales sobre ellas.

El ¨ªndice DEC (derechos, econom¨ªa, cobertura) mide las leyes de nueva generaci¨®n que se hayan aprobado, es decir, aquellas que garantizan como derecho subjetivo y reclamable en tribunales una cobertura concreta al ciudadano en funci¨®n de su situaci¨®n social, tambi¨¦n el gasto consolidado en servicios sociales por habitante y a?o y su porcentaje en relaci¨®n al PIB de cada comunidad. ¡°Las variables econ¨®micas que hemos tenido en cuenta nos demuestran dos cosas: que la deuda o el d¨¦ficit que pueden tener algunas comunidades no es achacable en modo alguno a su gasto social, v¨¦ase Valencia, por ejemplo; y dos, que una alta inversi¨®n en esta materia no garantiza resultados eficientes si ese esfuerzo econ¨®mico no viene acompa?ado de la gesti¨®n correcta: es el caso de Extremadura, que no tiene una buena integraci¨®n de todos sus servicios sociales y eso duplica esfuerzos y gasto¡±, ha afirmado Gustavo Garc¨ªa Herrero, miembro de la asociaci¨®n y coautor del informe. Herrero tambi¨¦n ha advertido que el indicador muestra una tendencia, una trayectoria pol¨ªtica y de gesti¨®n, por tanto ni los ¨¦xitos ni los fracasos son imputables a los actuales Gobiernos de las comunidades aut¨®nomas, sino que la fotograf¨ªa muestra el camino recorrido en los ¨²ltimos a?os.

El gasto medio por habitante y a?o en servicios sociales es de 280 euros y supone un 1,25% del PIB espa?ol. En esta materia trabajan unas 500.000 personas de forma directa. Los responsables de la asociaci¨®n han recordado que ¡°por cada mill¨®n de euros invertidos se generan entre 25 y 30 empleos directos estables y no deslocalizables, y los retornos econ¨®micos son del 40%¡±. ¡°Hemos querido presentar este estudio antes de los Presupuestos Generales, por ver si pod¨ªamos evitar que recorten en esta materia¡±, ha bromeado Ram¨ªrez. ¡°Pero nos tememos lo peor¡±, ha a?adido despu¨¦s.

En cuanto a la cobertura de los servicios sociales (apartado al que se otorga un 5 sobre 10 al efectuar las calificaciones), se han tenido en cuenta numerosas variables, como los trabajadores de los centros sociales b¨¢sicos, el desarrollo de la ley de dependencia, las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n que reciben los ciudadanos m¨¢s pobres, las plazas de residencia disponibles, la ayuda a domicilio y su intensidad en horas de cuidados, acogimientos familiares para menores en situaci¨®n de desamparo, plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas y en centros para albergar a personas sin hogar. ¡°El trabajo para recopilar estos datos ha sido casi detectivesco, a ver si ahora, con la ley de transparencia se obliga, y se penaliza si ello es posible, a las comunidades que no hacen p¨²blicos sus datos. Es casi imposible averiguar las plazas de residencia para mujeres maltratadas, por ejemplo. Si a eso unimos la falta de mapas sobre los que planificar una correcta cobertura de los servicios sociales, se puede decir que en esta materia nos estamos moviendo todos a oscuras¡±, ha advertido Garc¨ªa Herrero.

Ram¨ªrez ha incidido tambi¨¦n en la escasa informaci¨®n p¨²blica que reciben los ciudadanos sobre esta cuesti¨®n, y ¡°cuando la hay, a veces es contradictoria. Hemos encontrado tres datos de ayuda a domicilio procedentes del Ministerio de Sanidad, y ninguno era coincidente¡±. ¡°El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo y exigir los datos a las comunidades, bajo la amenaza si es necesario de dejar de hacerles las transferencias econ¨®micas¡±, ha agregado Garc¨ªa Herrero.

Los responsables de la asociaci¨®n han exigido una regulaci¨®n ¡°urgente¡± de las condiciones b¨¢sicas que garanticen a los ciudadanos la igualdad en sus derechos a la protecci¨®n social para ¡°corregir las situaciones de inequidad¡± en todo el territorio, ¡°m¨¢xime en tiempos de crisis¡±.