Las cl¨ªnicas de Arag¨®n suspenden los abortos con cargo a la sanidad p¨²blica

Las dos cl¨ªnicas que practican abortos en Arag¨®n dejar¨¢n a partir del d¨ªa 3 de realizar interrupciones voluntarias del embarazo con cargo a la sanidad p¨²blica por la deuda de m¨¢s de 800.000 euros del Gobierno auton¨®mico. As¨ª, desde el jueves las mujeres deber¨¢n pagarse esta intervenci¨®n que puede costar unos 300 euros. En Arag¨®n se practican unas 2.000 interrupciones voluntarias del embarazo al a?o, algo que puede suponer unos 1,2 millones de euros anuales, seg¨²n datos de las cl¨ªnicas. Esta no es la ¨²nica comunidad que acumula deuda, una situaci¨®n que, seg¨²n las cl¨ªnicas, puede llevar a otras a tomar la misma medida que en Arag¨®n. Los impagos con estos centros ascienden a m¨¢s de cinco millones de euros.

Las cl¨ªnicas aragonesas sostienen que carecen de medios para continuar haci¨¦ndose cargo de la prestaci¨®n. Han iniciado el procedimiento para reclamar la deuda de 2011 a trav¨¦s de la l¨ªnea ICO puesta en marcha por el Gobierno -unos 500.000 euros-, pero a¨²n no han logrado un compromiso de la Consejer¨ªa de Sanidad aragonesa sobre las facturas de 2012. ¡°No queremos perjudicar a la mujer, pero no tenemos capacidad econ¨®mica para seguir financiando la totalidad de la prestaci¨®n¡±, explica Mayte Andreu, portavoz de la cl¨ªnica Almozara. Seg¨²n Andreu, su cl¨ªnica y la cl¨ªnica Astur -del grupo Dator- llevan m¨¢s de un a?o negociando con el Gobierno aragon¨¦s el pago de la deuda.

Un portavoz de la Consejer¨ªa de Sanidad aragonesa ha indicado que se trata ¡°¨²nicamente de un problema econ¨®mico¡±. ¡°Lo primero que queremos decir es que el Gobierno de Arag¨®n reconoce su obligaci¨®n de prestar el servicio y que [la interrupci¨®n del embarazo] es un derecho de las mujeres¡±. Pero desde el cambio de la ley es una partida ¡°que nunca ha tenido presupuesto¡±. ¡°Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos 400 millones de facturas sin pagar en Sanidad, y lo que hemos hecho ha sido dar plazos de pago¡±, ha afirmado el portavoz. ¡°Precisamente, la semana pasada ofrecimos pagar 250.000 euros antes de 10 d¨ªas, 150.000 antes de verano y el resto a final de a?o, pero las cl¨ªnicas -que son dos- lo rechazaron¡±, apunta. Por eso, de momento, se ofrecen dos soluciones a las mujeres: adelantar el pago y luego reclamarlo al Gobierno aragon¨¦s, ¡°y se est¨¢ llegando a acuerdos con cl¨ªnicas de comunidades colindantes para ofrecer el servicio¡±. ¡°Nosotros preferir¨ªamos que se hiciera aqu¨ª, porque ser¨ªa m¨¢s c¨®modo para las mujeres y el dinero se quedar¨ªa en la comunidad, pero esta es la soluci¨®n que podemos ofrecer¡±.

Arag¨®n no es la ¨²nica comunidad que tiene facturas pendientes con las cl¨ªnicas que practican abortos. La mayor¨ªa de las regiones han ido acumulando una importante deuda desde que esta prestaci¨®n pas¨® a la cartera p¨²blica con la nueva ley del aborto en julio de 2010. Castilla-La Mancha, por ejemplo, debe a estos centros 1,3 millones de euros, seg¨²n la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI) -que agrupa a una treintena de ellas-, por los retrasos de m¨¢s de un a?o en el pago de la prestaci¨®n. Una deuda que no ha dejado de crecer y que ya llev¨® hace unos meses a los centros de esa comunidad a tomar la decisi¨®n de no aceptar a las mujeres que llegaran derivadas del sistema p¨²blico. Sin embargo, las cl¨ªnicas lograron finalmente el compromiso del Gobierno de Mar¨ªa Dolores de Cospedal de que se afrontar¨ªan los costes. ¡°Algo que no ha ocurrido. Las facturas se siguen acumulando¡±, explica una portavoz de ACAI.

Tambi¨¦n Asturias, Baleares o Madrid -con facturas impagadas por casi tres millones de euros- acumulan deuda. Las cl¨ªnicas aseguran que el problema se est¨¢ presentando fundamentalmente en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. ¡°Est¨¢n enmascarando tras los problemas econ¨®micos que esta es una prestaci¨®n que no les interesa en absoluto. Para ellos no es una prioridad¡±, afirma Francisca Garc¨ªa, vicepresidenta de ACAI. ¡°En la ley org¨¢nica queda claro que el aborto es una prestaci¨®n gratuita¡±, a?ade. Las cl¨ªnicas no descartan suspender los abortos de aquellas mujeres que lleguen derivadas de la sanidad p¨²blica en todas esas comunidades. ¡°Estamos negociando¡±, dice una portavoz de ACAI.

Luisa Torres, portavoz del grupo Dator -con varios centros- cree que las facturas seguir¨¢n en los cajones hasta que el Gobierno reforme la ley del aborto. ¡°Est¨¢n asfixiando a los centros econ¨®micamente y esta es una manera de acabar con la prestaci¨®n¡±, dice. ¡°Las cl¨ªnicas privadas estamos financiando el aborto de la p¨²blica. Y eso tiene una importante repercusi¨®n en los centros¡±, asegura Torres. Algunos se han visto obligados ya, afirma, a realizar un Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE). La decisi¨®n de los dos centros de Arag¨®n, y sobre todo si esta pauta se repite en el resto de cl¨ªnicas con facturas impagadas, puede suponer un problema para las mujeres. ¡°Sobre todo para aquellas en una situaci¨®n m¨¢s desfavorecida, que no podr¨¢n pagar la prestaci¨®n¡±, advierte.

La secretaria federal de Igualdad del PSOE, Purificaci¨®n Causapi¨¦ ha asegurado que su partido solicitar¨¢ la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato. "Debe dar explicaciones sobre como va a garantizar que se aplique la ley. M¨¢s all¨¢ de que cada comunidad establezca su sistema, el Gobierno est¨¢ obligado a garantizar la atenci¨®n a las mujeres", afirma. Causapi¨¦ se muestra preocupada por la posibilidad de que el aborto salga de la cartera de servicios b¨¢sica. "Tememos que esto y el problema con las cl¨ªnicas sea una estrategia para dejar sin efecto la ley", a?ade.

Varios portavoces de las cl¨ªnicas se reunieron la semana pasada con la directora de Cohesi¨®n Sanitaria del Ministerio de Sanidad para abordar este tema y otros. En julio de 2010, el entonces Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se fij¨® el plazo de dos a?os para analizar el funcionamiento de esta prestaci¨®n y analizar un posible incremento en el presupuesto de las comunidades para financiar este servicio. Algo que, sin embargo, se ve muy lejano. La intenci¨®n del cambio en la ley y el hachazo presupuestario convierten ese escenario en pr¨¢cticamente imposible.