Recortes en sanidad: restricci¨®n de derechos
La figura del "asegurado" elimina el derecho ciudadano de recibir atenci¨®n sanitaria
Es incuestionable que uno de los mayores logros que la sociedad espa?ola ha conseguido en el periodo democr¨¢tico, ha sido la creaci¨®n y consolidaci¨®n de un sistema nacional de salud de car¨¢cter p¨²blico, con cobertura universal, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que ha hecho realidad el cumplimiento de un mandato constitucional: el derecho a la protecci¨®n de la salud, recogido en su art¨ªculo 43. La Ley General de Sanidad y posteriormente en la Ley de Cohesi¨®n y Calidad desarrollaron el esp¨ªritu que el citado art¨ªculo recoge y garantizan en su articulado el derecho a la protecci¨®n a la salud de todos los espa?oles y extranjeros residentes en nuestro territorio, sin establecer ninguna exclusi¨®n al respecto.
Nuestro sistema p¨²blico de salud as¨ª configurado ha sido un elemento que ha contribuido de manera importante a la consecuci¨®n de niveles altos de cohesi¨®n social y ha establecido la solidaridad, equidad y accesibilidad como valores esenciales de su raz¨®n de ser. El establecimiento de la financiaci¨®n total del sistema a cargo de los Presupuestos Generales, desvinculando por tanto la asistencia sanitaria de las aportaciones a la Seguridad Social, completaba el proceso de configurar la protecci¨®n a la salud y todas las actividades encaminadas a ello, como derecho de ciudadan¨ªa y superar por tanto los conceptos de asegurado y beneficiario que imperaban antes.
Es ese concepto de asegurado, ya superado, el que ahora vuelve a introducir el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, estableciendo una exclusi¨®n en la protecci¨®n del derecho a la salud para los inmigrantes sin papeles, y asimismo restringiendo el derecho de los espa?oles mayores de 26 a?os que no trabajen, a los que se les exige demostrar que no tienen recursos. El real decreto introduce sin duda una restricci¨®n y recorte de derechos que nos retrotrae a tiempos pasados; en el caso de lo referido a los inmigrantes pueden derivarse situaciones de riesgo para la salud p¨²blica, dificulta su proceso de integraci¨®n y rompe con la tradici¨®n de solidaridad que mayoritariamente impera en la sociedad espa?ola.
Los ajustes van a afectar el desempe?o profesional
El real decreto ley, promulgado en el contexto de la crisis y utilizando a ¨¦sta como excusa, desarrolla un articulado que no permite vislumbrar en ning¨²n caso esas garant¨ªas de sostenibilidad que su grandilocuente t¨ªtulo expresa, sino que m¨¢s bien refleja, adem¨¢s de las restricciones de derechos ya expuestos, el establecimiento de mayores cargas impositivas para los ciudadanos (copagos aumentados donde ya los hab¨ªa), as¨ª como la implantaci¨®n de aportaciones econ¨®micas por parte de los ciudadanos para recibir prestaciones que estaban cubiertas con car¨¢cter de universalidad sin necesidad de pago alguno complementario. Estas medidas tienen como ¨²nico objetivo el recaudatorio, y en ning¨²n caso sirven para alcanzar logros que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario.
No parece que la intenci¨®n sea adoptar medidas reales, r¨¢pidas y eficaces que eviten las bolsas de ineficiencia que el sistema tiene, sino que m¨¢s bien se encaminan a ir modificando la configuraci¨®n de nuestro sistema sanitario p¨²blico, desdibujando cada vez m¨¢s sus componentes de universalidad, equidad y accesibilidad que lo caracterizan desde su creaci¨®n.
En todas las encuestas realizadas en nuestro pa¨ªs, la ciudadan¨ªa valora muy positivamente su sistema sanitario, el funcionamiento de sus instituciones y el trabajo de sus profesionales, se ha sentido segura ante sus problemas de salud en la confianza de que iban a ser bien atendidos y ha tenido la garant¨ªa de que sea cual fuere su situaci¨®n en la escala social no iban a ser excluidos. Hoy en el seno del tejido social ha surgido inquietud, incertidumbre e indignaci¨®n ante el ataque que el real decreto supone para nuestra sanidad p¨²blica; ha comenzado ya a movilizarse en defensa de sus derechos y si no hay rectificaci¨®n desde el Gobierno se producir¨¢n con toda seguridad situaciones de crispaci¨®n y conflicto.
Nuestro sistema de salud ha contribuido a la cohesi¨®n social
En los hospitales y centros de salud se forman, crecen profesionalmente y desarrollan lo mejor de sus conocimientos la gran mayor¨ªa de profesionales de nuestro pa¨ªs, recibiendo un notable reconocimiento por parte de los ciudadanos; profesionales que cada d¨ªa ven m¨¢s reducidos los cauces de participaci¨®n en la planificaci¨®n y determinaci¨®n de sus actividades, que sufren tambi¨¦n ataques a sus derechos laborales, soportan escandalosas condiciones de precariedad y tienen asimismo enormes dificultades para seguir una adecuada formaci¨®n continuada. Son actores importantes en el funcionamiento de la sanidad y por ello los recortes que el Gobierno ha planteado, van a afectar a su actividad profesional y les va a obligar a manifestar sus opiniones en relaci¨®n a la nueva situaci¨®n.
Nuestro sistema sanitario p¨²blico, valorado muy bien tanto en nuestro pa¨ªs como fuera de ¨¦l, necesita mejoras y reformas que lo hagan m¨¢s eficiente; medidas que por cierto no puso en pr¨¢ctica el Partido Popular all¨ª donde ha gobernado muchos a?os ( tampoco cuando tuvo anteriormente el Gobierno central). Mejoras y reformas que deben analizarse con rigor, someterlas a un amplio debate social y pol¨ªtico y que en ning¨²n caso pueden suponer p¨¦rdida y restricci¨®n de derechos ya conseguidos ni p¨¦rdida de los valores que lo fundamentan.
Carlos Barra Gal¨¢n es m¨¦dico especialista del sistema nacional de salud.
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