Fomento estudia una amnist¨ªa para miles de viviendas ilegales
En un documento plantea eludir las sentencias de demolici¨®n si hay un comprador de buena fe La norma salvar¨ªa de la piqueta urbanizaciones cerca del litoral
El Ministerio de Fomento estudia una amnist¨ªa que, de aprobarse as¨ª, afectar¨ªa a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolici¨®n en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. As¨ª figura en un documento de reforma de la legislaci¨®n urban¨ªstica enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectar¨ªa a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el n¨²mero) por toda Espa?a, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa c¨¢ntabra, la Axarqu¨ªa de M¨¢laga, Almer¨ªa... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un ¡°documento t¨¦cnico sin respaldo pol¨ªtico abierto a sugerencias¡±.
Fomento ha preparado un documento de 58 p¨¢ginas ¡°a favor de la rehabilitaci¨®n, la regeneraci¨®n y la renovaci¨®n urbanas¡±, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Econom¨ªa Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalizaci¨®n del gasto p¨²blico. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy t¨¦cnico, ¡°sin respaldo pol¨ªtico¡±, para recibir sugerencias y alegaciones.
El texto intenta facilitar la renovaci¨®n y rehabilitaci¨®n de viviendas, la salida natural para el sector de la construcci¨®n. El borrador destaca que ¡°existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urban¨ªsticos para los pr¨®ximos 45 a?os¡± mientras que ¡°el stock de la ya construida, sin vender y vac¨ªa, est¨¢ tan sobredimensionado¡±, que la construcci¨®n de vivienda nueva ha ca¨ªdo un 88%.
Entre reformas para facilitar la rehabilitaci¨®n, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ah¨ª, con una redacci¨®n algo cr¨ªptica, se?ala que ¡°ser¨¢ causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificaci¨®n, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho¡± de acuerdo con el art¨ªculo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripci¨®n en el registro de los terceros de buena fe.
Guerra a los 'pisos patera'
El Gobierno de Mariano Rajoy quiere acabar con los pisos patera. El texto de reforma de la legislaci¨®n urban¨ªstica que Fomento ha enviado a comunidades y Ayuntamiento recoge en su disposici¨®n adicional segunda una modificaci¨®n del reglamento de poblaci¨®n y demarcaci¨®n de las entidades locales. La reforma obliga a los Ayuntamientos a ¡°denegar las inscripciones [de empadronamiento] solicitadas en relaci¨®n con viviendas en las que, teniendo en cuenta su superficie y el n¨²mero de residentes que ya constan empadronados en la misma, se presuma imposible el mantenimiento de unas condiciones adecuadas de habitabilidad¡±. Es decir, guerra a los pisos patera.
Nunca ha dejado de haber pol¨¦micas en torno al padr¨®n y los inmigrantes, especialmente, a ra¨ªz de la crisis. El Gobierno anunci¨® el pasado abril que ya no bastar¨¢ con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigir¨¢ la residencia fiscal: 150.000 extranjeros fuera del sistema sanitario, salvo las urgencias.
La idea de combatir el empadronamiento a trav¨¦s de inscripciones masivas en los llamados pisos patera no es nueva. El Ejecutivo socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero lleg¨® a comunicar a la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, en enero de 2010, su intenci¨®n de introducir en la ley de Gobierno local mecanismos para que los Ayuntamientos denegaran el padr¨®n por inhabitabilidad. Fue uno de los proyectos legislativos que el Gobierno de Zapatero dej¨® aparcado.
La propuesta del Ejecutivo de Zapatero ven¨ªa precedida de una pol¨¦mica en el Ayuntamiento de Torrej¨®n de Ardoz (Madrid), donde el PP instaur¨® un baremo por el que imped¨ªa empadronarse a los extranjeros con visado de turista o a quienes vivieran en un piso con menos de 20 metros cuadrados por persona. La propuesta del Gobierno socialista planeaba rebajar ese baremo a entre 10 y 15 metros por inquilino. Entonces fue bien recibida por los partidos mayoritarios, PP, CiU y PNV. Solo IU se opuso. Otros Ayuntamientos, como el de Vic (gobernado por CiU, PSC y ERC) intentaron vetar el empadronamiento a sin papeles, aunque luego recularon.
Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deber¨ªan temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa Mar¨ªa, la Axarqu¨ªa de M¨¢laga, el interior de Almer¨ªa o la costa c¨¢ntabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chal¨¦s y urbanizaciones en terreno r¨²stico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.
Un caso t¨ªpico es el de la comarca de la Axarqu¨ªa, en M¨¢laga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno r¨²stico. All¨ª, los due?os parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chal¨¦s con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a brit¨¢nicos que luego descubr¨ªan que eran ilegales.
Aunque se actuara por la v¨ªa penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolici¨®n de las viviendas era mucho m¨¢s complicado. En la costa de Cantabria tambi¨¦n hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.
El texto de Fomento a?ade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deber¨ªan cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras a¨²n en marcha). Adem¨¢s, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnist¨ªa, y no debe exceder la licencia o el plan urban¨ªstico que fue declarado ilegal. Por ¨²ltimo, no puede estar en dominio p¨²blico (cauces de r¨ªos o en primera l¨ªnea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.
La norma no afectar¨ªa a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre. Para las levantadas all¨ª legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Seg¨²n ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podr¨¢ desafectarse de forma sencilla. Ese es el tr¨¢mite para convertir el dominio p¨²blico en privado y afectar¨ªa a barrios enteros como El Palo, en M¨¢laga.
La ¨²ltima memoria de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente y Urbanismo relata la dificultad para ejecutar las sentencias de demolici¨®n y c¨®mo en algunas zonas hay un conflicto social por el tema. La Fiscal¨ªa de C¨¢diz resalta la existencia de ¡°verdaderos grupos de presi¨®n para la regularizaci¨®n de viviendas ilegales, evit¨¢ndose con ello las procedentes demoliciones¡±. ¡°Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en aut¨¦nticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la l¨ªnea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urban¨ªstica [...] Tales grupos no solo exigen la legalizaci¨®n de sus edificaciones ¡ªmuchas de ellas incursas en procedimientos penales¡ª sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan adem¨¢s de que todo lo que supone la ejecuci¨®n de infraestructuras, dotaciones y servicios p¨²blicos [...] se financie con fondos p¨²blicos¡±.
En enero pasado, la Junta de Andaluc¨ªa, del PSOE, aprob¨® un decreto que daba ¡°reconocimiento jur¨ªdico¡± a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas. ¡°Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas¡±, explic¨® la entonces consejera de Obras P¨²blicas, Josefina Cruz Villal¨®n.
El documento de Fomento tambi¨¦n plantea un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la aprobaci¨®n de ciertas obras en las comunidades de vecinos. Para instalar obras de telefon¨ªa o paneles solares, solo har¨¢ falta un tercio de los votos de los propietarios, frente a los tres quintos actuales. Para los postes de recarga de coches el¨¦ctricos en el aparcamiento bastar¨¢ con notificarlo a la comunidad.
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