Sud¨¢n condena a morir lapidada a una joven acusada de adulterio

Intisar Sharif Abdallah y su beb¨¦ de cuatro meses llevan desde el pasado 22 de abril en la c¨¢rcel en Omdurm¨¢n, la ciudad gemela de la capital sudanesa Jartum, justo al otro lado del Nilo. Ese d¨ªa, Abdallah fue sentenciada a morir lapidada, despu¨¦s de que el juez la encontrara culpable de zina o relaci¨®n sexual il¨ªcita, seg¨²n la ley isl¨¢mica. En este caso, Abdallah estaba acusada de haber mantenido relaciones sexuales con un hombre que no era su marido.

La mujer no tiene certificado de nacimiento y, seg¨²n los abogados que han hablado con ella tras el fallo, aparenta menos de 18 a?os. En Sud¨¢n, no se puede aplicar la pena de muerte ni la cadena perpetua a los menores de dad. En el registro de la prisi¨®n se dice que la joven tiene 20 a?os.

Actualmente, Abdallah, que est¨¢ obligada a llevar unos grilletes que dificultan que cuide de su beb¨¦, espera que el tribunal resuelva un recurso de apelaci¨®n interpuesto por un grupo de abogados que se ha involucrado desinteresadamente en el caso. El juez tiene hasta mediados de julio para emitir una respuesta.

Fue la propia familia de Abdallah la que la acus¨® de adulterio ante un tribunal, en un primer momento durante los ¨²ltimos meses del a?o pasado. Entonces, la joven y el hombre acusado junto a ella negaron los cargos y el juez desestim¨® el caso, seg¨²n cuenta a EL PA?S la tambi¨¦n sudanesa Hala Alkarib, directora regional de la Iniciativa Estrat¨¦gica para las Mujeres en el Cuerno de ?frica (SIHA, por sus siglas en ingl¨¦s). SIHA, con sedes en Kampala, Uganda y Jartum, est¨¢ trabajando con los abogados del caso.

Abdallah est¨¢ casada y su marido, que es militar, fue destinado a otro lugar de Sud¨¢n hace algo menos de un a?o. Fue tras este hecho cuando la familia acus¨® a Abdallah de adulterio. "Esta chica proviene de una familia extremadamente pobre y sospecho que la acusaron porque esperaban recibir alg¨²n tipo de compensaci¨®n", dice Alkarib en conversaci¨®n telef¨®nica desde Kampala.

La familia volvi¨® a acusar a Abdallah de adulterio el pasado abril, esta vez ante otro tribunal en Omdurm¨¢n. "Parece ser que tras la primera acusaci¨®n, sus familiares han abusado de ella y que su hermano lleg¨® a darle una paliza", cuenta Alkarib.

En esta ocasi¨®n, Abdallah admiti¨® haber cometido adulterio y sin ninguna otra prueba o testimonio, y en el mismo d¨ªa, el 22 de abril, el juez Sami Ibrahim Shabo la encontr¨® culpable y la conden¨® a morir lapidada. El hombre que supuestamente habr¨ªa cometido adulterio con ella volvi¨® a negar los cargos y fue dejado en libertad, lo que no parece coherente con la condena a la joven. "Creo que la familia no sab¨ªa que pod¨ªa ser condenada a muerte", comenta Alkarib. "Cuando escucharon la sentencia se quedaron en shock, particularmente su hermana, que fue quien entonces busc¨® ayuda legal".

Desde SIHA denuncian, adem¨¢s, que Abdallah no tuvo acceso a un abogado antes o durante el juicio y que tampoco pudo contar con un int¨¦rprete de ¨¢rabe, el idioma usado en el proceso y que no es su lengua materna. La ley sudanesa dice que toda persona acusada de un crimen grave tiene derecho a representaci¨®n legal durante el juicio. Alkarib cuenta que la joven sufre de angustia y que no entiende por qu¨¦ ha sido encarcelada ni la situaci¨®n legal en la que se encuentra.

Abdallah tiene otros dos hijos, que han quedado al cuidado de su hermana, y desde SIHA no pueden confirmar si el beb¨¦ que est¨¢ con ella en la c¨¢rcel es resultado de la supuesta relaci¨®n il¨ªcita. "Ni siquiera sabemos si el adulterio existi¨®, porque ambos lo negaron en un principio, ella lo admiti¨® solo tras ser golpeada y el hombre lo ha seguido rechazando", explica Alkarib.

Si el tribunal rechazara esta apelaci¨®n, los abogados a¨²n podr¨ªan recurrir a la Corte Suprema de Sud¨¢n.

La sentencia se basa en el art¨ªculo 146 del C¨®digo Penal de Sud¨¢n, de 1991, que se?ala que "quien cometa la ofensa de zina ser¨¢ castigado con ejecuci¨®n por lapidaci¨®n si el infractor est¨¢ casado o con cien latigazos si no est¨¢ casado".

Amnist¨ªa Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han condenado la sentencia y piden a las autoridades sudanesas que la anulen.

No es la primera vez que Sud¨¢n condena a una mujer a morir lapidada por un crimen de este tipo, y en todos los casos anteriores los tribunales anularon las sentencias tras las apelaciones.

"Pero yo no tengo mucha confianza, hace varios a?os de las otras veces y ahora la situaci¨®n pol¨ªtica es completamente diferente", se?ala Alkarib. "Desde la separaci¨®n de Sud¨¢n y Sud¨¢n del Sur, la discriminaci¨®n contra las mujeres en Sud¨¢n se est¨¢ volviendo m¨¢s severa".

HRW destaca que Sud¨¢n es uno de los siete pa¨ªses del mundo que incluyen la muerte por lapidaci¨®n entre sus penas y que la gran mayor¨ªa de sentencias han sido impuestas en mujeres. "Queremos que dejen de hacer pasar a las mujeres por este tipo de trauma", dice a EL PA?S Agnes Odhiambo, investigadora en la divisi¨®n de derechos de las mujeres de HRW en ?frica, establecida en Nairobi. "No podemos estar seguros de que no vayan a cumplir la sentencia y, en cualquier caso, esta chica ya est¨¢ sufriendo una situaci¨®n dram¨¢tica, encarcelada con su beb¨¦", contin¨²a Odhiambo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos, ratificado por casi todos los pa¨ªses del mundo, incluido Sud¨¢n, no proh¨ªbe la pena de muerte pero la admite solo en casos de cr¨ªmenes muy serios, entre los que no se encuentra el adulterio. La Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos y otros documentos y tratados internacionales, de los que Sud¨¢n es signatario, proh¨ªben el trato cruel e inhumano que supondr¨ªan sentencias como la lapidaci¨®n.

HRW, AI, SIHA y otras organizaciones han pedido repetidamente a las autoridades sudanesas que eliminen la lapidaci¨®n y otros castigos corporales de su c¨®digo penal y que detengan la discriminaci¨®n contra las mujeres. HRW se?ala que mujeres y ni?as pueden ser arrestadas y sufrir hasta 40 latigazos si violan el art¨ªculo 152 del C¨®digo Penal, que proh¨ªbe "actos indecentes e inmorales" sin definirlos claramente. En la pr¨¢ctica, ha habido casos de mujeres condenadas a latigazos por llevar pantalones o faldas a la altura de las rodillas.

No ha sido posible contactar con ning¨²n representante del Gobierno sudan¨¦s en Jartum ni con la embajada sudanesa en Nairobi, que no han contestado los correos electr¨®nicos ni las llamadas de este peri¨®dico.