¡°En Guatemala se violan los derechos a la tierra y los alimentos¡±

Hace un a?o, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos dict¨® medidas cautelares para exigir al Gobierno de Guatemala la protecci¨®n de 800 familias de 14 comunidades maya q'eqchi que fueron desalojadas violentamente de las f¨¦rtiles tierras del Valle del Polochic, en marzo de 2011. Pero al d¨ªa de hoy el Estado guatemalteco no ha cumplido con el dictamen del organismo de la OEA de dar viviendas ¡ªarrasadas durante el desalojo¡ª y alimentos a los afectados.

Las organizaciones ind¨ªgenas y campesinas realizaron una marcha en marzo para protestar por el limbo en que est¨¢n estas familias, pero solo han conseguido una respuesta pol¨ªtica del Gobierno de Otto P¨¦rez Molina, mientras la situaci¨®n de inseguridad alimentaria est¨¢ causando un aumento en los niveles de desnutrici¨®n, principalmente en los ni?os. ¡°En Guatemala se siguen violando los derechos a la tierra y los alimentos¡±, asegura Daniel Pascual, coordinador del Comit¨¦ de Unidad Campesina (CUC). Pascual, junto a otra representante del comit¨¦, Mar¨ªa Josefa Macz, se encuentra en Madrid en el inicio de una gira europea que les llevar¨¢ adem¨¢s a Bruselas y Ginebra para pedir que se reconozca el derecho de los pueblos ind¨ªgenas a los alimentos ¡ª a trav¨¦s del acceso a la tierra¡ª, a la vivienda, la seguridad y la salud, como est¨¢ establecido en los convenios internacionales.

Los desplazados del valle del Polochic son el resultado de un conflicto agrario que comenz¨® hace unos cinco a?os, pero que desde 2011 se ha agravado, dejando un saldo de tres muertos, sin que el Estado d¨¦ una respuesta adecuada, denuncian los representantes del CUC. Esas tierras, ba?adas por el r¨ªo Polochic, son muy f¨¦rtiles y han atra¨ªdo en los ¨²ltimos a?os la atenci¨®n de inversores del sector de biocombustibles, enfocados en los cultivos de ca?a de az¨²car, palma africana y pi?¨®n.

Las tierras en disputa alcanzan unas 8.000 hect¨¢reas y seg¨²n Pascual, la expansi¨®n de los monocultivos para la producci¨®n y exportaci¨®n de biocombustibles se traduce en menos tierras para las comunidades ind¨ªgenas que, adem¨¢s, se ven perseguidas, mientras sus mujeres y ni?os quedan desprotegidos y se convierten en v¨ªctimas de la malnutrici¨®n.

El conflicto agrario comenz¨® hace unos cinco a?os, pero se ha agravado desde 2011

¡°El Estado en Guatemala no puede desconocer la existencia de los derechos de los ind¨ªgenas y debe dar el paso para que se cumplan¡±, dice Pascual. El CUC pide que se apruebe una ley de Desarrollo Rural Integral que garantice el acceso a la tierra a los peque?os campesinos ante las grandes empresas de biocombustibles que operan en el ¨¢rea, y sobre todo a las mujeres, en gran parte responsables de la producci¨®n agr¨ªcola, pero de las cuales solo el 6,6% tiene titularidad sobre la tierra.

En este sentido, Macz cuenta que las mujeres y los ni?os han sido los m¨¢s afectados por los desalojos en el Polochic. La gran mayor¨ªa ha buscado refugio con familiares y vecinos. Pero la situaci¨®n es pr¨¢cticamente insostenible, en vista de la situaci¨®n de pobreza en la que est¨¢n sumidos. Los hombres, cuenta, tienen que desplazarse a otras ¨¢reas para trabajar el campo, en condiciones de muy bajos sueldos, mientras que las mujeres y ni?os, por el miedo a ser perseguidos, no pueden moverse y en las condiciones en las que viven, no tienen acceso a los servicios p¨²blicos, como educaci¨®n y salud. ¡°No tienen forma de generar ingresos, tienen escasa posibilidad de adquirir alimentos, han sido perseguidos. Hay mujeres y ni?os desnutridos, solo viven de tortilla de ma¨ªz con sal¡±, relata Macz. En Guatemala, un 60% de la poblaci¨®n est¨¢ en situaci¨®n de pobreza y un 13,3% en pobreza extrema. Pero en las zonas rurales, esa miseria extrema se eleva al 60%.

Esta es la realidad que el CUC quiere presentar en Bruselas, donde se dan los ¨²ltimos toques a un acuerdo de asociaci¨®n comercial UE-Centroam¨¦rica que se firmar¨¢ en las pr¨®ximas semanas, para que se incluya un compromiso con las comunidades ind¨ªgenas y una mayor regulaci¨®n a los inversores en el sector agr¨ªcola. Lourdes Benavides, portavoz en Espa?a de la campa?a Crece de Interm¨®n Oxfam, considera que en este caso, y siendo Guatemala un importante destinatario en materia de cooperaci¨®n, el Gobierno de Espa?a debe tener un papel importante a la hora de impulsar la mejora de normas que regulen la tenencia de las tierras y que integre salvaguardas y criterios ambientales y sociales a la hora de otorgar financiaci¨®n a las empresas que quieran invertir, especialmente en agricultura, en el extranjero.