La violencia contra la mujer afgana contin¨²a tras 10 a?os de 'liberaci¨®n'

El asesinato p¨²blico de una mujer en Afganist¨¢n ha vuelto a poner de relieve la brutalidad y el primitivismo de sectores de ese pa¨ªs, pero sobre todo el l¨ªmite de los avances logrados por la ocupaci¨®n occidental desde el desalojo de los talibanes en 2001. Su difusi¨®n en v¨ªdeo ha resultado a¨²n m¨¢s punzante al coincidir con la Conferencia de Donantes de Tokio, en la que EEUU y sus aliados han vinculado la futura ayuda al desarrollo a que Kabul mejore la gobernanza, la justicia y los derechos de la mujer.

El fusilamiento se produjo en una aldea de Parwan, a apenas un centenar de kil¨®metros de Kabul. Una portavoz del Gobierno provincial identific¨® a la mujer como Najiba, de 22 a?os y atribuy¨® su asesinato a los talibanes. Sin embargo, esta milicia, levantada en armas contra el Gobierno de Kabul, ha negado su implicaci¨®n y atribuyen el incidente a un arreglo de cuentas tribal. Lo ¨²nico seguro es que quien sigue pagando los platos rotos de la ignorancia, la pobreza y las luchas de poder es la mujer afgana, a la que en este caso, como en muchos otros, se acusa de adulterio para imbuirlo de pretendida legalidad.

EEUU y sus aliados han condicionado la ayuda a Kabul? a la mejora de los derechos de la mujer

El presidente afgano, Hamid Karzai, ha calificado el crimen de ¡°odioso e imperdonable¡± y ha ordenado la inmediata b¨²squeda y captura de los responsables, un bonito gesto con pocas posibilidades de dar resultados. Por mucho que hayan cambiado las leyes, el Gobierno no tiene ni la capacidad ni, a decir de algunos observadores, la voluntad de ponerlas en pr¨¢ctica. A pesar de sus buenas palabras, Karzai sigue apoy¨¢ndose en los antiguos +se?ores de la guerra+ y otros extremistas para mantener el poder. De ah¨ª, que las organizaciones de derechos humanos y las feministas hayan denunciado su intenci¨®n de hacer la paz con los talibanes, temerosos de una vuelta atr¨¢s.

El parricidio cometido en Parwan no es un hecho aislado, sino otro m¨¢s de los mal llamados cr¨ªmenes de honor con los que se castiga cualquier transgresi¨®n sexual por parte de la mujer. Aunque las autoridades lo hayan condenado, el problema radica en que la sociedad entiende y?acepta que se penalice el sexo fuera del matrimonio (zina) o la rebeld¨ªa de las chicas que escapan de los matrimonios forzados y la violencia. Como revel¨® un informe de Human Rights Watch el pasado marzo, 400 mujeres y ni?as se encontraban encarceladas por ¡°delitos contra la moral¡±.

La ley abri¨® la pol¨ªtica
a la mujer y le reserva
un 25% de los esca?os

Tras el derribo del r¨¦gimen talib¨¢n, la nueva Constituci¨®n afgana estableci¨® la igualdad de ¡°todos los ciudadanos ante la ley¡±, sin diferenciar entre hombres y mujeres. En consecuencia, las afganas pueden votar en las elecciones, ser candidatas y servir en cualquier cargo oficial. Las nuevas autoridades tambi¨¦n suprimieron la obligaci¨®n de que tuvieran que cubrirse con el burka (esa especie de tienda de campa?a con apenas unos agujeros a la altura de los ojos) para salir a la calle.

ONG y activistas de los derechos humanos reconocen que desde entones se han aprobado nuevas leyes y enmendado otras para acabar con la discriminaci¨®n. Tambi¨¦n se han fijado cuotas para la participaci¨®n de las afganas en las instituciones (tienen reservados un 25% de los esca?os del Parlamento), ha mejorado el acceso a la salud y la educaci¨®n, y se ha establecido un Ministerio de Asuntos de la Mujer para impulsar proyectos que ayuden a su desarrollo.

Sin embargo, esos avances sobre el papel apenas se han trasladado a la sociedad en las ciudades. Muchas familias, sobre todo en las zonas rurales, a¨²n limitan la libertad y la participaci¨®n en la vida p¨²blica de sus madres, esposas, hijas y hermanas. Todav¨ªa son frecuentes los matrimonios forzados (entre el 60% y el 80%, seg¨²n la ONU), con ni?as menores de 16 a?os (el 57%), y en algunas regiones se niega la educaci¨®n b¨¢sica a las ni?as, bien por considerarla inapropiada o por temor a los ataques de los extremistas contra las escuelas femeninas.

Cerca del 87% son analfabetas;
el mismo porcentaje
sufri¨® abuso sexual

La ausencia del Estado en amplias zonas del pa¨ªs hace imposible imponer esos derechos o extender el sistema de justicia, lo que deja a las poblaciones locales merced a los talibanes u otros grupos armados. Esa inseguridad impide tambi¨¦n el acceso de las ONG que trabajan para promover la emancipaci¨®n de la mujer a trav¨¦s de la salud y el trabajo.

¡°Los derechos humanos est¨¢n siendo crecientemente minados por la inseguridad y la falta de respeto por el Estado de derecho, un boyante narcotr¨¢fico, un sistema de justicia ineficaz, el mal gobierno, la corrupci¨®n end¨¦mica y la pobreza enquistada¡±, denunci¨® en v¨ªsperas de la cita de Tokio Horia Mosadiq, investigadora de Amnist¨ªa Internacional.

La situaci¨®n es especialmente sangrante en el caso de las mujeres, cuyo punto de partida est¨¢ muy por debajo de la media nacional en todos los indicadores (el 87% son analfabetas frente al 57% de los hombres, y su esperanza de vida no supera los 51 a?os). Pero lo peor es la violencia. En un pa¨ªs que ha encadenado guerras desde hace cuatro d¨¦cadas, es una lacra institucionalizada. De acuerdo con la ONG Oxfam, el 87% de las afganas declaran haber padecido violencia f¨ªsica, sexual o psicol¨®gica, o ser v¨ªctimas de un matrimonio forzado.