Una Ley de Costas a la carta

Para comprender la nueva Ley de Costas har¨¢ falta tener a mano un mapa de Espa?a. Porque la ley, cuya reforma estudi¨® ayer el Consejo de Ministros, establece distinto trato en funci¨®n de la zona. Unas 10.000 viviendas de una decena de n¨²cleos conflictivos quedan excluidas de ser dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre. Y lo hacen sin informe t¨¦cnico ni justificaci¨®n del Gobierno sobre por qu¨¦ los elige. Adem¨¢s, la isla de Formentera, un para¨ªso casi virgen, tendr¨¢ una definici¨®n de la zona protegida m¨¢s laxa para no proteger toda la superficie. Por ¨²ltimo, en algunas r¨ªas la servidumbre de protecci¨®n bajar¨¢ de 100 a 20 metros. Las viviendas en la playa del resto del litoral podr¨¢n seguir 75 a?os m¨¢s, que se suman a los 30 a?os o 60 que ya les dio la actual ley, vigente desde 1988.

El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado la primera reforma legal de calado en 24 a?os de la norma, que ni Aznar toc¨®. Lo que hace es mantener todo lo ya construido y quitarle problemas a los ocupantes de las viviendas. Y lo hace sin desmontar toda la arquitectura jur¨ªdica de la ley. Salvo en los sitios m¨¢s conflictivos, donde intenta sofocar el incendio eximi¨¦ndoles de la norma. Pero corre el riesgo de enfadar a todos y que los propietarios de otros lugares o los ya derribados exijan el mismo trato que los de estos 10 enclaves.

Bas¨¢ndose en un criterio desconocido, Medio Ambiente saca del dominio p¨²blico 10 n¨²cleos de poblaci¨®n que suman unas 10.000 viviendas. Son zonas de muy distinto origen: desde las casas de pescadores de El Palo (M¨¢laga); las viviendas de Oliva (Valencia), cuyo deslinde es de octubre de 1947, a la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales en los a?os setenta para extranjeros. Ahora estar¨¢n en la servidumbre de protecci¨®n, con lo que no podr¨¢n ampliar las casas, pero s¨ª ser¨¢n propiedad privada.

?Qu¨¦ tienen en com¨²n? Solo que seg¨²n la ley actual y la Constituci¨®n fueron declarados dominio p¨²blico tras un extenso expediente de deslinde (el tr¨¢mite que delimita la zona p¨²blica y privada de playa) con informes t¨¦cnicos. Eso hab¨ªa generado graves problemas sociales y pol¨ªticos. Medio Ambiente considera que no era razonable que n¨²cleos tan grandes y consolidados estuvieran declarados como dominio p¨²blico.

Las excepciones se adoptan sin informe t¨¦cnico ni apenas justificaci¨®n

Los due?os, muchos de ellos desde hace generaciones, podr¨¢n recuperar la propiedad de su vivienda. En un paso intermedio, el terreno ser¨¢ del Estado, que previsiblemente lo adjudicar¨¢ a los actuales ocupantes por un precio simb¨®lico o lo permutar¨¢ con el Ayuntamiento.

Como explica Jos¨¦ Ortega, abogado de uno de los grupos de afectados por la Ley de Costas, surge el fantasma del agravio: "No entiendo por qu¨¦ sacan la marina de Empuriabrava y no la de Santa Margarida, que es m¨¢s peque?a pero es un caso similar". Para esos casos, el Gobierno prev¨¦ simplificar la desafectaci¨®n, el tr¨¢mite para que el dominio p¨²blico pase a manos privadas. Ortega valora otras partes de la reforma.

No es el ¨²nico ejemplo de aplicaci¨®n particular de la ley seg¨²n la zona. En Formentera, uno de los litorales mejor conservados de Espa?a, se aplicar¨¢ un criterio diferente de dominio p¨²blico, m¨¢s laxo, "con car¨¢cter excepcional y debido a la especial configuraci¨®n de la isla". El deslinde no llegar¨¢ all¨ª hasta donde alcanzan los mayores temporales conocidos sino los ordinarios y se suaviza la definici¨®n de dominio p¨²blico. Medio Ambiente considera que es un caso ¨²nico y que si aplicara la ley vigente la mayor¨ªa de los habitantes de la isla pasar¨ªan a ser concesionarios. Adem¨¢s, en las r¨ªas se podr¨¢ aplicar una servidumbre de protecci¨®n menor, de 20 metros en lugar de los 100 establecidos para aquellos suelos que no eran urbanos en 2011. As¨ª salva n¨²cleos rurales gallegos como los de Marin.

El Gobierno corre el riesgo de sublevar a los propietarios de otros lugares

El secretario de Estado de Medio Ambiente. Federico Ramos, opin¨® que la reforma de la ley da "seguridad jur¨ªdica" y no desprotege el litoral, que es "un activo a conservar": "No se va a poner un ladrillo m¨¢s, pero s¨ª se va a poder reparar y mejorar lo que ya existe". Sobre los 10 enclaves elegidos, los califica como "n¨²cleos tradicionales a los que no se le hab¨ªa dado respuesta" adecuada.

Los 10 n¨²cleos seleccionados se salvan. El resto tendr¨¢ una concesi¨®n casi a perpetuidad y sin apenas condiciones, Quienes ten¨ªan una casa legalmente construida en la playa antes de la Ley de Costas recibieron en 1988 una concesi¨®n de 30 a?os y en el mejor de los casos de 60 sin pagar canon. Cuando esas caduquen tendr¨¢n otros 75 a?os para usar la casa a cambio de un peque?o canon. La primera concesi¨®n equivale al justiprecio de la expropiaci¨®n y la segunda al uso. En total, las casas podr¨¢n llegar a estar sobre la playa hasta 135 a?os.

El ministerio considera que el planteamiento de la Ley de Costas de ir derribando lo construido a partir de 2018 (cuando empezaban a vencer los 30 a?os) era demasiado "radical" y hab¨ªa generado "mala imagen de Espa?a" en Europa -hay muchos extranjeros afectados y sus embajadas y eurodiputados presionan al Gobierno-. Qu¨¦ ocurrir¨¢ pasados los pr¨®ximos 75 a?os es imposible de aventurar. Por lo pronto es una concesi¨®n que supera con mucho la vida de una persona y sin apenas restricciones.

"No se pondr¨¢ un ladrillo m¨¢s, pero s¨ª se mejorar¨¢", dice el Ejecutivo

Hugo Mor¨¢n, responsable de medio ambiente del PSOE, critic¨® la reforma: "El privilegio est¨¢ prohibido desde el derecho romano. La reforma huele a compromiso pol¨ªtico adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de car¨¢cter general. Es poner el Bolet¨ªn Oficial del Estado al servicio de unos intereses particulares". Mor¨¢n critica que la ley vulnera el esp¨ªritu de la Constituci¨®n de 1978, que declar¨® expresamente el litoral como dominio p¨²blico al ver lo que hab¨ªa pasado en Espa?a con el desarrollismo de los sesenta y setenta.

Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, critica la reforma espec¨ªfica para cada sitio y a?ade que "ignora las proyecciones de subida del mar por el cambio clim¨¢tico". Critica que se dan concesiones a muy largo plazo y el Estado puede verse obligado a indemnizar a los propietarios si el mar se come sus viviendas.

Medio Ambiente cambia poco la definici¨®n de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre y no autoriza la propiedad privada en la costa. Hacer eso habr¨ªa supuesto un embrollo jur¨ªdico de dimensiones impensables y adem¨¢s habr¨ªa obligado a reiniciar el tr¨¢mite de deslinde, que ha tardado casi 25 a?os en estar al 95%. El Gobierno no ten¨ªa dinero para volver a deslindar la costa y espera que con los cambios introducidos (exclusi¨®n de algunas dunas f¨®siles) sirvan la mayor¨ªa de los trabajos realizados.

Por eso las cr¨ªticas no proceden solo del sector conservacionista. Carmen del Amo, presidenta de otra asociaci¨®n de afectados, critica la reforma por tibia y por "discriminatoria": "No me gusta que haya arbitrariedad y que por ley se pongan urbanizaciones con nombres y apellidos que quedar¨¢n excluidas". Carmen del Amo es due?a de una vivienda en Rocafel, una de las zonas del anexo que quedan amnistiadas, pero aun as¨ª critica el uso arbitrario y "a dedo".

"El privilegio est¨¢ prohibido desde el derecho romano", recuerda el PSOE

La norma puede generar un agravio con quienes ya han perdido su vivienda por la aplicaci¨®n de la Ley de Costas, gente a la que se le expropi¨® la concesi¨®n por muy poco dinero. El Gobierno considera que estos no tienen ninguna posibilidad de recurrir con ¨¦xito. Se les aplic¨® la ley vigente en su momento y remite a quien pag¨® por una donaci¨®n antes de que se quitara el impuesto.

Rita Rodr¨ªguez, abogada de WWF, opina que el conjunto de excepciones contradice el discurso del ministerio: "Dicen que reforman la ley por inseguridad jur¨ªdica, pero a?aden una serie de excepciones puntuales que no se justifican ni se explican y la llenan de conceptos indeterminados. Esto crea m¨¢s inseguridad y tiene unas implicaciones enormes".

Puede que la reforma sea jur¨ªdicamente discutible. No solo por las excepciones sino por la parte que otorga al Estado la posibilidad de suspender planes municipales que afecten a la costa. Incluso puede que de llegar al Constitucional el Gobierno pasase un mal rato defendiendo su reforma. Pero no es sencillo que alg¨²n partido pol¨ªtico recurra la norma, dado lo impopular que ser¨ªa defender que barrios enteros pasen a dominio p¨²blico. La realidad se ha impuesto.