M¨¢s de 2.700 extranjeros con VIH quedar¨¢n sin medicaci¨®n por los recortes

El 1 de septiembre est¨¢ marcado en rojo en el calendario de muchas personas, inmigrantes en situaci¨®n irregular que ese d¨ªa dejar¨¢n de tener asistencia sanitaria en Espa?a (salvo las urgencias), seg¨²n el real decreto ley del 24 de abril. Y dentro de este grupo, hay un colectivo especialmente vulnerable: las personas con VIH, que no tendr¨¢n acceso a la medicaci¨®n. El Grupo de Estudio del SIDA (Gesida) de la Sociedad Espa?ola de Enfermedades Infecciosas y Microbiolog¨ªa Cl¨ªnica (SEIMC), que agrupa a los m¨¦dicos expertos que ven a m¨¢s pacientes en Espa?a, calcula que son entre 2.700 y 4.600 personas, para las que la medida es, en la pr¨¢ctica, una condena a muerte. No es una exageraci¨®n: el aumento de la mortalidad es la primera de las consecuencias que Gesida prev¨¦.

Pero no solo. ¡°M¨¢s all¨¢ de consideraciones ¨¦ticas, los expertos de Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y econ¨®mico que para la sociedad espa?ola supondr¨ªa dejar desatendidos a estos pacientes y m¨¢s concretamente, del empeoramiento generalizado que se producir¨ªa en el campo de la infecci¨®n por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el n¨²mero de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisi¨®n del VIH y de otras enfermedades infecciosas ¡ªcomo tuberculosis¡ª a la poblaci¨®n general; y mayor probabilidad de transmisi¨®n maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendr¨ªa un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atenci¨®n sanitaria¡±, afirman en un comunicado.

En concreto, teniendo en cuenta que seg¨²n se deja la medicaci¨®n el virus empieza a multiplicarse, las personas pasan a ser m¨¢s infectivas. Los expertos calculan que habr¨¢ en un a?o entre 324? y 580 casos m¨¢s en un a?o.

Esto quiere decir que los ahorros previstos no se van a alcanzar ni de lejos. ¡°En el cap¨ªtulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atenci¨®n. Pero es que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones). Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondr¨¢ el decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondr¨¢n de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegaci¨®n del tratamiento¡±. A ello hay que sumar los costes ¡°que se derivar¨¢n del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitir¨¢n como consecuencia de la falta de diagn¨®stico y tratamiento de los pacientes fuente¡±.

Para los m¨¦dicos, la opci¨®n mencionada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que las ONG asuman el tratamiento de estas personas no es viable, ya que el manejo de esta compleja infecci¨®n debe hacerse en hospitales. Por eso ¡°recomienda al Ministerio que evite la exclusi¨®n de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atenci¨®n p¨²blica sanitaria¡±