Sanidad prev¨¦ atender a sin papeles y cobrar a su pa¨ªs de origen

Quiso echar agua al fuego, y result¨® gasolina. El director general de la Cartera B¨¢sica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agust¨ªn Rivero, el ¨²nico representante del Ministerio de Sanidad que este mes de agosto ha intentado explicar c¨®mo se iba a asegurar la atenci¨®n a los inmigrantes en situaci¨®n irregular con enfermedades cr¨®nicas cuya tarjeta caducar¨¢ el 31 de agosto, ofreci¨® una soluci¨®n: ser¨¢n atendidos y se pasar¨¢ la factura a sus pa¨ªses de origen. ¡°Se les enviar¨¢ por la asistencia que se les ha prestado aqu¨ª¡±, afirm¨® el jueves en declaraciones a Radio Nacional. Sonaba bien, pero tiene un inconveniente: es inviable (al menos, de momento).

En la entrevista, Rivero ¡ªcon quien este peri¨®dico ha intentado hablar pero no lo ha conseguido¡ª dijo que Espa?a ten¨ªa ¡°bastantes¡± convenios con otros pa¨ªses para estas circunstancias. Al preguntar sobre ellos, el Ministerio de Sanidad remiti¨® al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y es cierto. En la web de este organismo figura que hay acuerdos con 21 pa¨ªses. La decepci¨®n viene despu¨¦s: cuando se revisan los textos, solo en seis de ellos (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Per¨² y T¨²nez) est¨¢ previsto que se cubra la atenci¨®n sanitaria. Algo es algo, podr¨ªa decirse. Pero al leer en detalle el convenio aparece un requisito ¡ªl¨®gico, por otra parte¡ª: que el interesado est¨¦ asegurado. Justo lo que no est¨¢n los inmigrantes en situaci¨®n irregular.

Por ejemplo, en el resumen que la propia Seguridad Social da sobre el convenio con Marruecos se especifica que la atenci¨®n sanitaria ser¨¢ para:

¡ªTrabajadores asegurados en un pa¨ªs, as¨ª como sus familiares que le acompa?en, que se desplacen temporalmente a su pa¨ªs de procedencia por vacaciones retribuidas o ausencias autorizadas y que precisen de forma inmediata la asistencia sanitaria.

¡ªTrabajadores enfermos que hayan sido autorizados a trasladarse al otro pa¨ªs y los familiares que le acompa?en.

¡ªPensionistas de un pa¨ªs y sus familiares que residan en el otro pa¨ªs.

¡ªFamiliares del trabajador asegurado en un pa¨ªs que residan en el territorio del otro pa¨ªs.

Por tanto, los inmigrantes en situaci¨®n irregular, que, por eso mismo, no han podido asegurarse, quedan excluidos.

Aparte de esto ¡ªque no es poco¡ª hay otro problema. Si hay algo que no ha caracterizado hasta ahora al Sistema Nacional de Salud ha sido su agilidad para cobrar a otros pa¨ªses las atenciones que aqu¨ª se prestan a sus ciudadanos. Las comunidades no tienen preparados los mecanismos correspondientes, como puso de manifiesto un informe del Tribunal de Cuentas del 2009 que aseguraba que se pod¨ªan haber recaudado 970 millones solo de los pa¨ªses de la UE y la EFTA (Noruega, Islandia, Suiza), con los que s¨ª hay acuerdos. Esta cifra ha sido utilizada hasta la saciedad por Sanidad, que ha mezclado este aut¨¦ntico turismo sanitario (o incapacidad gestora) con el supuesto abuso de los inmigrantes en situaci¨®n irregular, que ocasionan un gasto muy inferior, como acreditan todos los estudios. Primero, porque son menos. Y, segundo, porque van menos al m¨¦dico.

El turismo sanitario de los europeos cost¨® 970 millones en 2009

De hecho, alguna de las comunidades m¨¢s afectadas por este abuso, como la valenciana, lleva desde 2008 luchando contra ello. Entonces, la ley de Aseguramiento del Sistema Sanitario de la Comunidad Valenciana ¡ªcon unos principios similares a los que ahora se aplican a toda Espa?a de que la asistencia sanitaria no es un derecho sino que se gana por haber cotizado a la Seguridad Social, aunque ese dinero no se utilice para pagar la sanidad¡ª pretend¨ªa ahorrar hasta 210 millones de euros al a?o.

Eso es de relativa f¨¢cil aplicaci¨®n con pa¨ªses europeos, con sistemas sanitarios similares al espa?ol, y un nivel de informatizaci¨®n y regulaciones internacionales que permiten ese tipo de intercambio de informaci¨®n. Pero pensar que el Gobierno pueda pasar una factura por la atenci¨®n sanitaria a un pa¨ªs pobre por un ciudadano que est¨¢ en situaci¨®n irregular y cuya dolencia, probablemente, no sea atendida por la sanidad p¨²blica de su pa¨ªs de origen parece, cuando menos, un ejercicio de optimismo exagerado.

En el fondo, las declaraciones de Rivero ¡ªreci¨¦n llegado al cargo; fue nombrado el 25 de julio¡ª parec¨ªan bienintencionadas. Tanto que hasta la Sociedad Espa?ola de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), una de las organizaciones que m¨¢s se oponen a lo que han calificado como apartheid sanitario, las recibi¨® como algo positivo. Su secretario general, Salvador Tranche, lleg¨® a decir que era una propuesta ¡°excelente¡±. Por lo menos les parec¨ªa mejor que la idea de que estas personas suscribieran una especie de p¨®liza por 710 euros al a?o (o m¨¢s del doble si son mayores de 64 a?os) que tambi¨¦n ha barajado este verano Sanidad.

Valencia elabor¨® en 2008 una ley para cobra a los ciudadanos de la UE

Aparte de estas declaraciones, la Semfyc mantiene su registro de profesionales objetores a la prohibici¨®n de atender a inmigrantes sin papeles, que ya va casi por los 1.100 inscritos. Esta postura va, poco a poco, concret¨¢ndose. A la idea del Consejo General de Enfermer¨ªa de instalar consultas en sus sedes, se sum¨® el Colegio de M¨¦dicos de Cantabria, que propuso algo similar. Con ello respond¨ªa a la consejera, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢enz de Buruaga, que ha sido la ¨²ltima en afirmar que atender a estas personas en centros p¨²blicos es ilegal.

Rivero sigui¨® la l¨ªnea del ministerio de que los que lo necesiten ser¨¢n atendidos en urgencias. Al respecto, se?al¨® que ser¨¢ el m¨¦dico el que decida si la atenci¨®n al inmigrante irregular es urgente ¡°y hay que tratar a ese paciente¡±. ¡°No puede ser otra persona¡± la que tome la decisi¨®n, se?al¨®, porque solo el m¨¦dico sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Seg¨²n el responsable sanitario, si no se toman las medidas asistenciales necesarias se puede adquirir una patolog¨ªa ¡°mucho m¨¢s compleja de la que se tiene en un momento dado¡±.

Este argumento es asumido por los m¨¦dicos de urgencias, que recuerdan que seg¨²n la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, esta condici¨®n depende del afectado, y, por tanto, una primera atenci¨®n debe darse a cualquiera. Lo que sucede es que despu¨¦s de esa evaluaci¨®n, se verifica la gravedad y se decide, por lo que no puede ser una puerta de entrada universal para todos los pacientes. As¨ª que, cuando faltan 20 d¨ªas, y por muchas declaraciones en contra que se hagan, la atenci¨®n a los sin papeles sigue en el aire.