Luz y taqu¨ªgrafos contra la tortura

Los golpes, la bolsa, la ba?era, el potro... Durante los 40 a?os de la sangrienta existencia de ETA, que ahora toca a su fin, la organizaci¨®n terrorista ha magnificado las, en su opini¨®n, continuas torturas a las que los miembros de las fuerzas de seguridad somet¨ªan a sus miembros detenidos e incomunicados, multiplicando el victimismo pol¨ªtico de los abertzales m¨¢s radicales. Al mismo tiempo, el Gobierno ha negado en redondo las acusaciones. Los distintos ejecutivos espa?oles desde la llegada de la democracia han avalado la actuaci¨®n de los agentes de la lucha antiterrorista equipar¨¢ndola a los est¨¢ndares de respeto a los derechos humanos de cualquier cuerpo policial europeo. Todos han alertado contra esas denuncias de ETA y su entorno enmarc¨¢ndolas en una mera estrategia de la banda.

A la luz de las resoluciones de tribunales espa?oles y de organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos, ambas posturas son mitos. Clich¨¦s. No es cierto que el maltrato policial contra los terroristas sea el pan de cada d¨ªa, pero tampoco que el comportamiento de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, la Guardia Civil o la Ertzaintza (los cuerpos m¨¢s implicados en la lucha contra ETA) haya sido siempre todo lo exquisito con los detenidos que debe ser exigible en un Estado de derecho.

En su propia defensa, el Ministerio del Interior ¡ªlo gobierne quien lo gobierne, PP o PSOE¡ª se ha agarrado a la estad¨ªstica judicial, que indica la pr¨¢ctica inexistencia de condenas a sus agentes por torturas o malos tratos f¨ªsicos y psicol¨®gicos, un delito castigado con penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel y de hasta 12 de inhabilitaci¨®n. Y ese dato es cierto. Desde la aprobaci¨®n del C¨®digo Penal de 1995, ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha sido condenado en sentencia firme con ese texto legal por torturas a detenidos de ETA ¡ªs¨ª con el anterior de 1973¡ª a pesar de la tensi¨®n y el nerviosismo que conlleva para los agentes la investigaci¨®n de estos delitos de especial gravedad.

PP y PSOE recelan de las denuncias por considerarlas una estrategia de ETA

?Son los agentes espa?oles un ejemplo de buenas pr¨¢cticas o existe alg¨²n grado de impunidad en este campo? Que no haya condenas firmes no quiere decir que no existan sentencias por maltrato policial en operaciones antiterroristas. Las ha habido, aunque luego hayan sido recurridas y revocadas. Tambi¨¦n otros pronunciamientos judiciales, que, sin embargo, no han dado lugar a posteriores investigaciones, en los que se apunta que el trato recibido por los arrestados no hab¨ªa sido todo lo correcto que deb¨ªa ser. O que las pesquisas abiertas ante las denuncias fueron de todo punto insuficientes.

El ¨²ltimo caso que salt¨® a los peri¨®dicos fue el de Igor Portu y Mattin Sarasola, los dos miembros de ETA condenados a 1.040 a?os de c¨¢rcel por colocar un coche bomba en la T-4 del aeropuerto de Barajas que, el 30 diciembre de 2006, acab¨® con la vida de los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y, de paso, se llev¨® por delante el proceso de paz iniciado por el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. El 30 de diciembre de 2010, la Audiencia de Gipuzkoa sentenci¨® por torturas a cuatro de los 16 guardias que los detuvieron por maltratarlos como ¡°venganza¡± por su pertenencia a la banda terrorista. Los magistrados consideraron probado que los agentes trasladaron a los etarras a una pista forestal donde les dieron patadas y pu?etazos. A Portu le rompieron una costilla que se le clav¨® en un pulm¨®n, lo que oblig¨® a ingresarlo en la UCI, seg¨²n la resoluci¨®n de la Audiencia, que luego fue revocada por el Tribunal Supremo.

Otro pronunciamiento judicial sobre maltrato policial a detenidos por terrorismo fue la sentencia del caso Egunkaria, que absolvi¨® a cinco directivos del peri¨®dico siete a?os despu¨¦s de que fueran acusados de formar parte de las estructuras de ETA. La sentencia certific¨® que los procesados ¡ªque hab¨ªan denunciado torturas de la Guardia Civil durante su incomunicaci¨®n¡ª no ten¨ªan la m¨¢s m¨ªnima relaci¨®n con la banda. ¡°En la valoraci¨®n de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detenci¨®n incomunicada (que fueron detalladas en la vista oral y antes ante el instructor) son compatibles con lo expuesto en los informes m¨¦dico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detenci¨®n¡±, relataban los magistrados en su resoluci¨®n. El tribunal, adem¨¢s, constat¨® ¡°que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicaci¨®n¡±.

A esa misma conclusi¨®n ¡ªque las denuncias por torturas, muchas veces, no se investigan¡ª han llegado diversos organismos internacionales de prevenci¨®n de estos malos tratos en varias ocasiones. El ¨²ltimo en advertirlo ha sido el Comit¨¦ contra la Tortura de Naciones Unidas que, el pasado 23 de mayo, conden¨® a Espa?a por no indagar las denuncias de Oskarz Gallastegi, condenado a 26 a?os de c¨¢rcel como cooperador necesario del asesinato del magistrado de la Audiencia de Bizcaia Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n.

El maltrato severo est¨¢ castigado con penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel

Gallastegi, seg¨²n este organismo de la ONU, afirm¨® haber sido torturado por la Ertzaintza durante su detenci¨®n incomunicada ¡ªlo comunic¨® al m¨¦dico forense que lo atendi¨®¡ª y en su declaraci¨®n posterior ante el juez instructor de la Audiencia Nacional. Meses despu¨¦s, present¨® una denuncia, pero el juzgado de Vitoria que la estudi¨® la archiv¨® teniendo solo en cuenta los informes exculpatorios de los m¨¦dicos que lo exploraron sin practicar ninguna de las diligencias que solicit¨®: la declaraci¨®n de estos forenses, que se le permitiera declarar como denunciante y que se identificara a los ertzainas que lo interrogaron. La Audiencia de ?lava confirm¨® despu¨¦s el sobreseimiento del instructor. Tampoco practic¨® ninguna otra prueba.

El detenido fue condenado por la Audiencia Nacional, precisamente por su confesi¨®n policial ¡ªcuyos procedimientos supuestamente vejatorios hab¨ªa denunciado¡ª solo ratificada por las declaraciones de los agentes que lo interrogaron durante los cinco d¨ªas de detenci¨®n incomunicada. El Supremo, despu¨¦s, bendijo su condena.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tambi¨¦n conden¨® a Espa?a el 28 de septiembre de 2010 a indemnizar con 23.000 euros al etarra Mikel San Argimiro, detenido en mayo de 2002 en Madrid mientras iba armado y con una bomba lapa en la mochila. Su resoluci¨®n, de 28 de septiembre de 2010 refleja c¨®mo la denuncia por torturas presentada por el detenido ¡ªque sali¨® de su incomunicaci¨®n con una costilla rota¡ª tampoco fue investigada eficazmente. El juez de Madrid que la estudi¨®, la archiv¨® bas¨¢ndose ¨²nicamente en los informes del forense que le explor¨® durante el arresto. No se interrog¨® a los agentes porque era dif¨ªcil identificarlos, seg¨²n el juez. Tampoco se vision¨® el v¨ªdeo de la detenci¨®n porque no establecer¨ªa ninguna informaci¨®n suplementaria, como mantuvo el magistrado¡ª aunque el TEDH advirti¨® que hubiera servido para comprobar si sus heridas se produjeron debido a la violencia del momento o posteriormente, durante los interrogatorios en las dependencias de la Guardia Civil. San Argimiro fue condenado por intentar atentar contra polic¨ªas y pol¨ªticos.

En el fondo del problema, seg¨²n estos organismos est¨¢ la incomunicaci¨®n. El Comit¨¦ contra la Tortura de la ONU ya advirti¨® en 2002 que este r¨¦gimen de detenci¨®n ¡ªque, bajo orden judicial, puede extenderse cinco d¨ªas en los que el arrestado no tiene acceso a un abogado o m¨¦dico de su confianza ni a comunicar con su familia¡ª ¡°facilita la comisi¨®n de actos de tortura y malos tratos¡±. El relator de la ONU para los Derechos Humanos, Martin Sheinin, propuso su abolici¨®n en 2008, pero siempre sin ¨¦xito.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n dio el paso m¨¢s significativo para disipar las dudas al imponer la transparencia en 2007. Estableci¨® que en las operaciones antiterroristas dirigidas por ¨¦l se grabara en v¨ªdeo la estancia de los detenidos en los calabozos y sus interrogatorios por los agentes. El protocolo Garz¨®n ¡ªque tambi¨¦n han adoptado los magistrados Santiago Pedraz y Fernando Andreu, pero no los otros tres juzgados de instrucci¨®n del tribunal del terrorismo¡ª permit¨ªa la visita de m¨¦dicos de confianza de los investigados y el acceso de este a sus familiares. El propio juez asegur¨® a este peri¨®dico cuando a¨²n estaba en activo que esas medidas hab¨ªan reducido de forma importante las denuncias de los sospechosos.

Un procedimiento similar instaur¨® la Ertzaintza hace unos diez a?os. ¡°Hay que tener en cuenta que los detenidos terroristas vienen con las instrucciones de autolesionarse y denunciar torturas¡±, explica Roberto Seijo, portavoz del sindicato ERNE. ¡°Eso generaba una percepci¨®n entre los agentes de que las detenciones te pod¨ªan traer problemas, porque cuando se demostraba que la denuncia era falsa, no se investigaba al denunciante¡±, a?ade. Todo eso se acab¨® al introducir un protocolo de calidad para las detenciones. ¡°Ahora, el que detiene no traslada al detenido, el que lo traslada no lo custodia ni hace la instrucci¨®n del atestado, es otro agente el que lo lleva al hospital si lo necesita... Y toda la detenci¨®n queda grabada en v¨ªdeo¡±.

¡°Deber¨ªan instalar esas c¨¢maras en todas las dependencias policiales, as¨ª no tendr¨ªamos que demostrar cada d¨ªa que no maltratamos a detenidos¡±, asegura Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles (AUGC), uno de los cuerpos m¨¢s se?alados por este tipo de conductas. Delgado asegura que las torturas son ¡°un fen¨®meno residual¡± y recuerda que denunciarlas forma parte del manual de los etarras. ¡°La Guardia Civil es un reflejo de la sociedad; la mayor¨ªa de agentes son profesionales, pero eso no quita que haya alguno que haya maltratado a alg¨²n detenido¡±, prosigue. ¡°En ese caso, que se investigue y que se le juzgue. Que se retire la manzana podrida de cesto¡±.