Es cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica
Durante los a?os 80, algunos jueces y forenses se mostraron dispuestos a investigar las denuncias por tortura a detenidos en aplicaci¨®n de la Ley Antiterrorista. Las imputaciones y condenas de agentes de la Guardia Civil y Polic¨ªa Nacional ocupaban los titulares y los nombres de Intxaurrondo (San Sebasti¨¢n) e Indautxu (Bilbao) se convirtieron en sin¨®nimos de tortura. Los sucesivos gobiernos del PSOE y PP decidieron evitar esta situaci¨®n, no combatiendo la tortura sino ordenando la incomparecencia ante los tribunales de los agentes denunciados; recusando a los jueces que investigaban; organizando campa?as de acoso y desprestigio contra los mismos...
En septiembre de 1986, el entonces portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alberto Ruiz-Gallard¨®n ¡ªhoy ministro de Justicia¡ª, propuso modificar la ley antiterrorista para ¡°que los delitos de tortura y malos tratos cometidos en el Pa¨ªs Vasco sean enjuiciados por la Audiencia Nacional (¡) por confiar en esos jueces (naturales), estamos donde estamos¡± (EL PAIS, 18 de septiembre de 1986 ).
El Gobierno, entonces del PSOE, no lleg¨® a tanto: orden¨® que los detenidos en virtud de la ley antiterrorista fuesen trasladados a las dependencias policiales de Madrid, evitando que las denuncias por tortura fuesen investigadas con prontitud, e indultando a aquellos agentes que, pese a todo, fueran condenados.
Las denuncias se eternizaron en decidir qu¨¦ juzgados deb¨ªa iniciar la investigaci¨®n: los vascos ¡ªcatalanes, gallegos, etc¨¦tera¡ª o los madrile?os¡ La investigaci¨®n se retrasaba meses, incluso a?os (con la consiguiente desaparici¨®n de posibles pruebas¡ ). Al final, los jueces se limitaban a solicitar los informes forenses de la Audiencia Nacional (criticados reiteradamente por instituciones internacionales de Derechos Humanos por no cumplir los requisitos m¨ªnimos), para archivar las denuncias. Como consecuencia, las condenas por tortura pasaron a ser cosa del pasado.
Efectivamente, desde entonces ¨²nicamente en dos ocasiones, las denuncias por tortura a detenidos incomunicados, han finalizado en condenas (siquiera en primera instancia) y en ambos casos los detenidos no fueron trasladados a Madrid ante la gravedad de las lesiones, que exigieron su hospitalizaci¨®n: Kepa Urra, Bilbao en 1992, e Igor Portu, San Sebasti¨¢n en 2008, Ambos fueron reconocidos por m¨¦dicos no pertenecientes a la Audiencia Nacional y las denuncias fueron investigadas, por los jueces naturales, inmediatamente despu¨¦s de producirse los hechos.
Jorge del Cura es portavoz de la Coordinadora para la Prevenci¨®n y Denuncia de la Tortura.
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