El caos de la exclusi¨®n sanitaria

Desconcierto, falta de previsi¨®n, disparidad de criterios... La expulsi¨®n de los inmigrantes sin permiso de residencia de la atenci¨®n sanitaria p¨²blica ha desembocado en un l¨ªo monumental. Un mes despu¨¦s de la entrada en vigor de la medida, los sin papeles tienen cobertura seg¨²n d¨®nde viven, la confusi¨®n crece entre los profesionales y organizaciones como C¨¢ritas alertan de que cobrarles por la asistencia puede llevar a su muerte civil.

?Las autonom¨ªas han tomado caminos muy distintos ante la decisi¨®n del Ministerio de Sanidad de retirar las tarjetas sanitarias a los extranjeros en situaci¨®n irregular. Andaluc¨ªa, Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco se han salido del carril marcado por el departamento que dirige Ana Mato y han arbitrado medidas para seguir prestando asistencia a trav¨¦s de tarjetas con validez limitada a la red sanitaria local. Lo mismo ha hecho Galicia, que ha aprobado un programa que garantiza una atenci¨®n en las mismas condiciones que un asegurado espa?ol.

El caso de Castilla-La Mancha y Canarias es distinto. Portavoces de los departamentos de salud de estas autonom¨ªas indican que a¨²n no han comenzado a aplicar la medida ya que siguen contrastando las bases de beneficiarios remitidas por el Ministerio de Sanidad. Canarias culpa de esta situaci¨®n al ministerio, que ya ha enviado tres documentos diferentes para subsanar errores.

Acumular impagos puede ocasionar la p¨¦rdida del permiso de residencia

Fieles al esp¨ªritu del real decreto que recorta los derechos sanitarios de los sin papeles, la mayor¨ªa de las comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n, Baleares o la Comunidad Valenciana han optado por facturar los servicios que presten, aunque los pacientes carezcan de recursos para afrontar esos pagos. La cuesti¨®n va m¨¢s all¨¢ de la discriminaci¨®n que implica recibir reclamaciones de pago en funci¨®n del lugar donde se viva. Puede acabar siendo un obst¨¢culo insalvable para conseguir un permiso de residencia. Las autonom¨ªas que han manifestado su intenci¨®n de facturar han tratado de restar trascendencia a este acto administrativo al asegurar que, primero, siempre se atender¨¢ a los pacientes. Adem¨¢s, insisten en que emitir una factura no es sin¨®nimo de cobrar, dando a entender que no suceder¨¢ nada si los inmigrantes no pagan. Y es f¨¢cil que muchos de ellos no lo puedan hacer: la atenci¨®n sanitaria no es barata. De acuerdo con uno de los cat¨¢logos de precios actualizados (de Castilla-La Mancha, publicado el pasado d¨ªa 13), un d¨ªa en una unidad de cuidados intensivos puede llegar a costar 2.824 euros.

Pero, como advierte Francisco Solans, de la subcomisi¨®n de extranjer¨ªa del Consejo de la Abogac¨ªa, las consecuencias de no hacer frente a la factura pueden ser muy relevantes. El curso que sigue el impago es un tr¨¢mite que acaba en la Agencia Tributaria, sigue con ¡°un procedimiento ejecutivo, recargo y embargo de cuentas si las tuviera. Si no, la deuda se mantiene y, si hay m¨¢s, se acumulan¡±.

Sanidad a¨²n no ha aprobado la p¨®liza que da entrada a la red p¨²blica

A la hora de solicitar un permiso de residencia o renovarlo se exige estar al d¨ªa en el pago a la Seguridad Social y Hacienda. Por ello, encadenar impagos que acaban en abultados n¨²meros rojos con Hacienda puede suponer la imposibilidad de saldar esta deuda y, en consecuencia, de abandonar la condici¨®n de irregular, lo que equivale a una especie de muerte civil. Esta circunstancia preocupa a entidades humanitarias como C¨¢ritas que ya ha encargado informes a sus equipos jur¨ªdicos para evaluar las consecuencias de no pagar las facturas sanitarias.

Fuentes del Ministerio de Sanidad sostienen que desde que se sacara a los inmigrantes de la sanidad p¨²blica (menos las urgencias, la atenci¨®n a las embarazadas y a los menores) las comunidades aut¨®nomas ¡°no han comunicado ninguna incidencia¡±. La lectura que se hace desde M¨¦dicos del Mundo, es otra. ¡°Existe una gran confusi¨®n en la profesi¨®n m¨¦dica y preocupaci¨®n entre los inmigrantes que temen acudir a las consultas por temor a identificarse¡±, apunta un portavoz. La organizaci¨®n, especializada en la atenci¨®n a personas en riesgo de exclusi¨®n, ha llegado a recibir llamadas de centros de salud para pedir instrucciones de c¨®mo atender a los inmigrantes. Aunque admiten, al igual que la Sociedad Espa?ola de Medicina Familiar y Comunitaria, que, de momento, no se est¨¢ registrando el volumen de problemas previsible si se hubiera hecho una aplicaci¨®n a rajatabla y global de la norma. ¡°No sabemos si esta confusi¨®n y la dilataci¨®n en la implantaci¨®n de la medida se debe a la incompetencia t¨¦cnica de las autoridades sanitarias o a un retraso deliberado a la espera de que baje la atenci¨®n de los m¨¦dicos y la sociedad¡±, aventuran desde M¨¦dicos del Mundo.

"Los pacientes temen ir a las consultas", seg¨²n M¨¦dicos del Mundo

Para a?adir a¨²n m¨¢s desconcierto, Sanidad a¨²n no ha aprobado la alternativa que ha ideado para abrir una puerta que permita el acceso a los sin papeles a la red p¨²blica. Se trata del pago de una p¨®liza (710 euros al a?o para menores de 65 a?os) que solo dar¨ªa acceso a la cartera de servicios b¨¢sicos (sin subvenci¨®n en medicamentos, pr¨®tesis externas o transporte sanitario). Un mes despu¨¦s de la entrada en vigor de la exclusi¨®n sanitaria, est¨¢ previsto que esta soluci¨®n ¡ªinasumible para muchos inmigrantes por su coste¡ª, se apruebe en la reuni¨®n de la Comisi¨®n Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocada para el pr¨®ximo mi¨¦rcoles.

Con informaci¨®n de Reyes Rinc¨®n, Ant¨ªa Castedo y Diana Mandi¨¢.