Dos muertas: un caso enterrado

A Mar¨ªa del Mar Vi?olo, a punto de cumplir los 53, todos le dec¨ªan ¡°la ni?a¡±. Lo era para su madre, que la tuvo de soltera en tiempos del pecado y la quiso y la cuid¨® mejor que nadie. Y lo era para todo el mundo: la ni?a. La sociedad reserva una buena dosis de paternalismo para las personas con discapacidad ps¨ªquica. Y poco m¨¢s. Las dos mujeres murieron solas en su casa de Astorga (Le¨®n) entre los ¨²ltimos d¨ªas de octubre y los primeros de noviembre. A Marta Paj¨¢r¨®n, la madre, de 78 a?os, la encontr¨® la polic¨ªa en el suelo de la cocina. A Marimar, como tambi¨¦n la llamaban, ca¨ªda en su habitaci¨®n. Nada indicaba un suicidio ni hab¨ªa se?ales de violencia. M¨¢s parece que la madre muri¨® primero y la hija poco despu¨¦s, falta de los muchos cuidados que precisaba: ten¨ªa una enfermedad terminal y otras dolencias. Y la visi¨®n perdida. Los detalles de las muertes tendr¨¢n que despejarlos las autopsias.

?En Espa?a viven solos un 20% de los mayores de 65 a?os, seg¨²n el Observatorio de Mayores (Imserso). Y las noticias hablan cada tanto de muertes de las que alertan los vecinos cuando el olor se escapa por la puerta. No se trata de fallecimientos inesperados de gente en plenas facultades y con una convivencia normalizada. Generalmente son personas sin apenas red familiar ni social. Cuando eso no existe, ?d¨®nde est¨¢ el Estado?

Los ¨²ltimos meses de estas dos mujeres ponen de manifiesto que no todos los servicios p¨²blicos han alcanzado en Espa?a el mismo nivel de eficacia. La enfermedad de la hija llev¨® a ambas desde el verano por varios hospitales de Le¨®n. Octubre lo pasaron en el Altollano. En este centro percibieron pronto que las circunstancias de la madre la imped¨ªan seguir cuidando a la ni?a y con el alta hospitalaria, el 23 de octubre, se envi¨® un comunicado al juzgado en el que se valoraba la situaci¨®n de la madre (depresi¨®n) y se indicaba que la convivencia de ambas a solas no parec¨ªa ya adecuada. Se persegu¨ªa retirarle la tutela, de tal forma que las decisiones de Marta no pesaran ya sobre el futuro de su hija, algo que aterraba a la madre.

Nada indicaba un suicidio ni hab¨ªa se?ales de violencia

La familia, sobrinos cercanos y lejanos, se hab¨ªa planteado con anterioridad la incapacitaci¨®n, pero nunca se atrevieron: Marta se negaba en redondo a que su vida la dirigiera nadie m¨¢s que ella misma y a los familiares, como reconoc¨ªa uno de los sobrinos, les violentaba afrontar un proceso de esa clase. ?Qui¨¦n le pone el cascabel al gato? ¡°Los servicios sociales, bajo cuyo amparo estaba Mar¨ªa del Mar Vi?olo, debieron hacer tiempo antes lo que acab¨® haciendo el hospital. Pueden y deben. Est¨¢n facultados para determinar las situaciones de necesidad y prescribir los recursos adecuados. Y para emitir un informe de riesgo para la persona, que habr¨¢ de valorar el juez y tomar la decisi¨®n oportuna¡±, asegura Gustavo Garc¨ªa Herrero, miembro de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y responsable de una residencia de ancianos en Zaragoza.

Pero no se hizo. La ¨²ltima residencia en la que estuvo ingresada Mar¨ªa del Mar no emiti¨® al juzgado un informe sobre la mujer cuando la madre decidi¨® sacarla de all¨ª en enero de este a?o. ¡°No podemos retener a nadie en contra de su voluntad, hicimos lo l¨®gico¡±, se excusa el gerente, Francisco Garrote. No pueden retenerla, pero s¨ª avisar al juez del riesgo que se pod¨ªa correr: un informe social emitido desde un servicio p¨²blico es oficial. Y esta residencia para discapacitados, Asprosub, en Benavente (Zamora), ten¨ªa plazas concertadas, es decir, pagadas con dinero p¨²blico, como era la de Mar¨ªa del Mar. Se limitaron a poner en conocimiento de la gerencia territorial que la plaza hab¨ªa quedado vacante. No apreciaron riesgos. ¡°?Desamparo? En absoluto. La madre controlaba, le daban prontos, pero no podemos juzgarla por eso¡±, dice el gerente.

Aunque Marta en los ¨²ltimos meses hab¨ªa sufrido ¡°un baj¨®n¡± y con toda seguridad precisaba apoyo profesional, solo su hija ten¨ªa una historia en los archivos p¨²blicos. Su caso lo segu¨ªan las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Astorga, lo trataba el centro de servicios sociales de la Diputaci¨®n y hab¨ªa recibido aquella plaza residencial en Zamora tras ser declarada dependiente por la Junta de Castilla y Le¨®n. A pesar de ser esta la primera o la segunda comunidad aut¨®noma ¡ªseg¨²n los criterios que se tomen¡ª que mejor gestiona la Ley de Dependencia, el caso ocurrido en Astorga evidencia uno de los grandes lastres de los servicios sociales p¨²blicos: su dispersi¨®n por tres administraciones, la local, la provincial y la regional, que en nada ayuda a la eficacia.

En Espa?a viven solos el 20% de los mayores de 65 a?os

Cuando Mar¨ªa del Mar sali¨® de la residencia en Benavente, ?alguien se encarg¨® de que los servicios sociales provinciales, locales o regionales supieran que ambas mujeres estaban ya en la calle sin cuidados profesionales? ¡°No puede ser excusa dejar de atender a alguien porque oponga resistencia o no entre en raz¨®n. De ser as¨ª, muchos enfermos mentales estar¨ªan sin cuidados¡±, afirma Garc¨ªa Herrero. ¡°Una vez que la mujer dej¨® la residencia, los servicios sociales debieron estar alertados de esa circunstancia¡±, asegura.

"?Desamparo? En absoluto" afirman en la residencia

Pero las comunicaciones oficiales parecen cortarse entonces. Cuando se pregunta por ello, la residencia dice que comunic¨® el alta a la gerencia; la gerencia remite a la informaci¨®n de la Consejer¨ªa de Familia; los servicios sociales del Ayuntamiento dicen que el caso lo llevaba la Diputaci¨®n y la Diputaci¨®n que ya estaba en manos de la Consejer¨ªa de Familia. En fin, madre e hija vuelven a casa. Marta quer¨ªa que le cambiaran la plaza en el centro para discapacitados por una prestaci¨®n econ¨®mica para cuidar ella misma de su hija, una ayuda que no se tramit¨® y que todos daban, desde luego, por inadecuada. ?No se pod¨ªa hacer nada m¨¢s?

La madre, de car¨¢cter complejo, dif¨ªcil, especial, alocado, inestable ¡ªcada uno le va poniendo un adjetivo¡ª hab¨ªa sacado a?os atr¨¢s a su hija de otro centro, este de la Diputaci¨®n. Y tuvo una ayuda a domicilio de 22 horas mensuales. No era f¨¢cil ayudarlas. La estramb¨®tica mujer lo mismo solicitaba apoyo que prescind¨ªa de ¨¦l. ¡°Lo mismo te invitaba calurosamente a tomar un caf¨¦ en casa que te abr¨ªa la puerta enfadada para que te fueras¡±, reconocen los sobrinos. O se echaba puertas afuera para comprar unas manzanas y aparec¨ªa horas despu¨¦s de haberse entretenido con media docena de vecinos a los que repet¨ªa: ¡°Uy, me voy que tengo a la ni?a sola en casa¡±.

Era muy dif¨ªcil ayudarla, pero esa es precisamente la especialidad de los servicios sociales. Quiz¨¢ los psiquiatras del hospital Altollano pudieron retener a la enferma hasta que el juez decidiera; tal vez los juzgados pudieron actuar con un protocolo de emergencia. Pero, como dice la familia: ¡°Para Marimar cualquier decisi¨®n ya llegaba tarde, le faltaba poco de vida¡±.

La familia se plante¨® incapacitar a la mujer, pero no se atrevi¨®

Puede que nadie esperara que Marta estuviera para morirse, si es que ella falleci¨® primero. La familia no, desde luego, algunos incluso pensaron al principio en un suicidio por el temor de la mujer a que le quitaran la tutela. Los juzgados ten¨ªan dos procedimientos abiertos: hab¨ªa un proceso inminente de desahucio para Marta, por impago del alquiler, y la orden para incapacitarla y retirarle la tutela. Le enviaron cartas para esto ¨²ltimo y al ver que no acud¨ªa solicitaron la ayuda de la polic¨ªa, que varias veces fue en busca de las mujeres a la casa.

No las encontraban, dicen. Marta era propietaria de un piso en Madrid, en el que vivi¨® la familia antes de la muerte del marido, hace ahora siete a?os. As¨ª que madre e hija pasaban temporadas en Astorga y temporadas en la capital, sin avisar a nadie. Seguirle la pista no era f¨¢cil ni para la familia. En Astorga, la polic¨ªa pregunt¨® por ella entre el vecindario. Nada. El buz¨®n estaba lleno de cartas, como si no estuvieran en casa. Pero estaban all¨ª, desde el 23 de octubre, cuando regresaron del hospital. Aquel mismo d¨ªa llamaron al m¨¦dico del pueblo, que acudi¨® a la casa y las atendi¨®. Hubo una segunda llamada horas despu¨¦s, pero esta vez nadie abri¨® a los facultativos cuando llegaron. ¡°?Por qu¨¦ no echaron la puerta abajo?¡±, se pregunta la familia. Se necesita un juez para eso, siempre que el riesgo que se aprecia no sea inminente. Los m¨¦dicos que fueron llamados aquel 23 o 24 de octubre pudieron solicitar al juez que se abriera esa puerta. ¡°Pero no era la primera vez qu¨¦ Marta ped¨ªa ayuda y luego no abr¨ªa, as¨ª que puede que tambi¨¦n los despistara¡±, se?alan los sobrinos, con resignaci¨®n.

El hospital inform¨® al juez de que Marta no pod¨ªa ya cuidar a su hija

O quiz¨¢ ya estaban muertas. Era un 24 de octubre. El 9 de noviembre la polic¨ªa entr¨® finalmente por la ventana y se levantaron los cad¨¢veres. La familia cree que se hizo todo lo que se pod¨ªa hacer: ¡°Marta fue v¨ªctima de s¨ª misma y arrastr¨® con ella a su hija¡±, afirman, otra vez con resignaci¨®n. Porque ellos quisieron ayudarla y no se dej¨®. No buscan responsabilidades. Los cuidadanos no est¨¢n acostumbrados a reclamar en estos casos. S¨ª lo hacen cuando se trata de una negligencia m¨¦dica, o de un problema escolar, por ejemplo.

Los servicios sociales p¨²blicos, el cuarto pilar del Estado de bienestar ¡ªcon las pensiones, la educaci¨®n y la sanidad¡ª nacieron en Espa?a en los a?os ochenta. La Constituci¨®n hab¨ªa dicho adi¨®s a la beneficencia, que todo lo abarcaba. ¡°Pero as¨ª como la sanidad y la educaci¨®n ten¨ªan una antigua red de cobertura, los servicios sociales eran nuevos y orientados a la convivencia, a apoyar el soporte familiar, relacional y humano. Todo era nuevo para la gente y ha pasado poco tiempo¡± para que el ciudadano lo interiorice como un derecho de ciudadan¨ªa y pida responsabilidades, dice Patrocinio de las Heras, que era directora general de Acci¨®n Social cuando se profesionalizaron los servicios sociales, primero mediante un t¨ªtulo universitario. ¡°Los servicios sociales no son algo graciable, aunque se sigan viendo as¨ª, radican en leyes b¨¢sicas de ciudadan¨ªa. Pero necesitan recursos que ahora se est¨¢n recortando¡±, sigue De las Heras. En efecto, cada vez hay menos recursos materiales y humanos para atender estos servicios.

Quiz¨¢ pudieron ingresar a Mar¨ªa del Mar en una residencia, al socaire de las decisiones de su madre. Pero dados los escasos recursos, lo m¨¢s probable, como as¨ª hab¨ªa ocurrido antes, es que ambas mujeres hubieran vivido de esa forma, separadas. Murieron juntas.