El TSJ de Baleares ratifica el derribo de un complejo ilegal junto a Es Trenc
Los jueces apuntan ¡°fraude de ley¡± del PP, que dijo que era imposible demoler el complejo
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares exige de nuevo y de forma contundente al Ayuntamiento de Campos que derribe, como le orden¨® y antes del 15 de mayo de 2013, los trece edificios de Ses Covetes, una urbanizaci¨®n ilegal que se erige en una zona litoral protegida por la ley de costas de 1988. Dos decenas de autos judiciales subrayan la ilegalidad de las construcciones, que representan un atentando urban¨ªstico y paisaj¨ªstico justo al lado de la playa virgen y ¨¢rea natural de Es Trenc, en el sur de Mallorca.
La urbanizaci¨®n ilegal, cuyas obras quedaron paralizadas por una sentencia de 1995, est¨¢ en ruinas, y conforma un complejo fantasma en una e las joyas tur¨ªsticas del litoral de Baleares. El equipo del PP que gobierna en Campos plante¨® al Tribunal Superior balear la ¡°la imposibilidad¡± de ejecutar la sentencia de demolici¨®n de los 67 apartamentos, piscina y bar restaurante inacabados que albergan los 13 pol¨¦micos edificios. Los magistrados advierten al Ayuntamiento que la petici¨®n incurre "en fraude de ley o fraude procesal". Los terrenos deben recuperar su estado original, libres de cemento. El coste del derribo, separaci¨®n y reciclaje de los escombros es de 1,1 millones.
El Tribunal rese?a que la postura que defiende el Ayuntamiento de Campos es "milim¨¦tricamente" la misma que sostiene en el plano judicial la empresa Marina Ernst, titular del negocio residencial fallido de Ses Covetes vetado por ilegalidad. La compa?¨ªa inmobiliaria es propiedad de Sebasti¨¢n Sagreras ¡®Peixet¡¯, padre del alcalde del pueblo.
La sociedad que posee la titularidad de las ruinas a demoler reclam¨® 27 millones de euros de indemnizaci¨®n, pero renunci¨® a la posible reclamaci¨®n ante el Ayuntamiento. La promotora inicial quebr¨®, y ¡®Peixet¡¯ padre compr¨® la obra inacabada para proseguir con el negocio cuando ya era una urbanizaci¨®n ilegal paralizada. El presupuesto del complejo fue de 2,5 millones de euros.
En su pronunciamiento, los jueces razonan que si el consistorio reclama que el tribunal declare que es ¡°imposible legalmente ejecutar la sentencia¡±, est¨¢ adoptando una posici¨®n institucional que ¡°no es que sea extempor¨¢nea, que a todas luces lo es, sino que debe concluirse que el Consistorio realiza esa solicitud al Tribunal en fraude de ley o fraude procesal". Los jueces insisten que "teniendo o no conciencia de burlar la Ley, el Consistorio promueve un incidente legalmente previsto y elude, viola o soslaya la prohibici¨®n de promoverlo fuera de plazo y ello con la finalidad de obstaculizar la inmediata ejecuci¨®n de la sentencia que determina la demolici¨®n¡±.
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