Las tasas judiciales da?an el medio ambiente

El pasado a?o 2012 concluy¨® con varias noticias en torno a la paralizaci¨®n de proyectos urban¨ªsticos que afectaban a medios naturales especialmente sensibles. El cabo Cope en Murcia, la sierra de Las Nieves (M¨¢laga) y la laguna y humedal de Valdovi?o (A Coru?a) se salvaron del ladrillo gracias a sentencias judiciales tras las que hab¨ªa un trabajo previo de denuncias y recursos ante tribunales de justicia que emprendieron ayuntamientos, partidos pol¨ªticos y asociaciones ecologistas. Tras la aprobaci¨®n de la ley de tasas judiciales, estos procedimientos se encarecer¨¢n notablemente y, seg¨²n denuncian varias ONG, ser¨¢ imposible iniciar procesos contra proyectos que conlleven graves impactos ambientales. Y la cosa puede ir a peor con otras normativas en ciernes.

¡°Si recurri¨¦ramos hoy el proyecto de la Marina de Valdeca?as en C¨¢ceres, urbanizaci¨®n ilegal seg¨²n sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se deber¨ªa abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuant¨ªa del procedimiento se fij¨® en 40 millones de euros. Un recurso de casaci¨®n contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisi¨®n de la suspensi¨®n cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendr¨ªa un coste de 1.290 euros¡±. Ecologistas en Acci¨®n ejemplifica as¨ª el lastre que supone para la defensa de la protecci¨®n ambiental la ley impulsada por Alberto Ru¨ªz Gallard¨®n, ministro de Justicia, y advierten de que su participaci¨®n en casos tan populares como el hotel del Algarrobico ser¨ªa imposible con esta normativa.

La cantidad ser¨ªa menor (440 euros) en procedimientos con cuant¨ªa indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Ca?as (Cuenca), el plan parcial de la playa de Valdevaqueros (C¨¢diz) o los permisos a Repsol para prospecciones petrol¨ªferas en aguas canarias. Sin embargo, las asociaciones ecologistas y vecinales consideran que incluso estas cuant¨ªas menores tambi¨¦n limitan el acceso a la justicia ambiental, m¨¢s si se multiplican por la decena de casos que se abren al a?o y se tienen en cuenta los presupuestos reducidos de muchas de ellas. Los abogados que llevan estos casos hablan de replantearse muchos procedimientos o acudir a herramientas de financiaci¨®n popular y colectiva, como el crowdfunding.

En la Sociedad Espa?ola de Ornitolog¨ªa (SEO/BirdLife) ya han empezado a notar los efectos de la nueva normativa. Juan Carlos Atienza, director de Conservaci¨®n, afirma que su asociaci¨®n "es la que m¨¢s procesos judiciales tiene abiertos [unos cincuenta] y m¨¢s dinero invierte en tribunales [unos 50.000 euros al a?o] para defender el medio ambiente, y hemos calculado que el presupuesto anual asignado a los mismos se multiplicar¨¢ por diez¡±. ¡°Desde que se aprob¨® la ley hemos iniciado solo un caso y vamos a intentar seguir adelante con los que tenemos ya abiertos, teniendo en cuenta que la ley es retroactiva y afecta tambi¨¦n a estos; pero lo que es seguro es que nos limitar¨¢ mucho presentarnos a nuevos¡±.

Ecologistas en acci¨®n advierten de que casos como el hotel del Algarrobico ser¨ªan imposibles con esta normativa

Eduardo Salazar y Jaime Doreste son dos abogados ambientalistas que trabajan en casos como el de la Marina de Valdeca?as, el soterramiento de la M-30 en Madrid o la instalaci¨®n del almac¨¦n temporal de residuos en Villar de Ca?as. Salazar confirma que van a "denunciar la ley ante el convenio internacional de Aarhus, ratificado por Espa?a en 2005, donde se dice que el acceso a la justicia tiene que ser real y efectivo y los procesos r¨¢pidos y poco onerosos o gratuitos¡±. La pretensi¨®n es que aquellas personas y colectivos que inicien un proceso en defensa del medio ambiente no paguen las tasas, y si es as¨ª, que ¡°haya una condena internacional que obligue al Estado a revisar la ley¡±, concluye. El Convenio de Aarhus, llamado as¨ª por la ciudad danesa donde se firm¨®, es un tratado internacional de la ONU sobre acceso a la informaci¨®n y la justicia y participaci¨®n p¨²blica en tomas de decisiones en materia ambiental.

No solo ecologistas, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios est¨¢n en pie de guerra contra la discriminaci¨®n que supone la ley de tasas. Jaime Doreste a?ade el env¨ªo masivo de cartas a la Defensora del Pueblo para reclamarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad, y advierte de nuevas reformas por llegar de las que ya se han presentado borradores y pueden limitar a¨²n m¨¢s la personaci¨®n popular no solo por la v¨ªa administrativa, sino tambi¨¦n penal. ¡°El anteproyecto de reforma de la ley de asistencia jur¨ªdica gratuita prev¨¦ que una persona o colectivo solo pueda usar este servicio tres veces al a?o, salvo que acredite que no hay abusos, algo que se antoja muy arbitrario¡±. Seg¨²n Doreste, esto limitar¨¢ tambi¨¦n el trabajo de ONG y asociaciones con escasos recursos econ¨®micos. Pero hay m¨¢s, ya que un documento elaborado por expertos sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal limita el ejercicio de la acci¨®n popular a partidos, sindicatos y asociaciones.

Desde el Ministerio de Justicia recuerdan que ¡°el anteproyecto de ley de acceso a la justicia gratuita contempla que las asociaciones de inter¨¦s p¨²blico que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en defensa de su objeto social podr¨¢n beneficiarse de la justicia gratuita en los mismo t¨¦rminos en lo que recog¨ªa la ley en vigor¡±. Ruiz-Gallard¨®n afirm¨® el viernes pasado, en la presentaci¨®n del anteproyecto: ¡°Se establece una presunci¨®n de abuso de derecho en aquellas personas que soliciten m¨¢s de tres veces al a?o instancia de justicia gratuita salvo en lo penal. Eso no significa que no tengan derecho a acogerse; significa que a partir de la tercera ser¨¢n sometidas a una investigaci¨®n puesto que hay presunci¨®n de abuso de derecho¡±. Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la limitaci¨®n de la acusaci¨®n popular, el ministro confirm¨® en la misma comparecencia que el Consejo de Ministros encomend¨® a una comisi¨®n de expertos la elaboraci¨®n de un nuevo c¨®digo procesal penal, cuya propuesta ¡°no ha sido trasladada a¨²n al Gobierno¡±.

Casos de gran notoriedad, como el hundimiento y posterior contaminaci¨®n del Prestige o la rotura de la balsa de residuos mineros de Aznalc¨®llar y su vertido sobre Do?ana, han contado con la acusaci¨®n popular. ¡°Y todos los de envenenamiento de fauna o de las urbanizaciones ilegales de Navas del Marqu¨¦s y Villanueva de G¨®mez en ?vila¡±, a?ade Juan Carlos Atienza. El representante de SEO/BirdLife aclara que ¡°en medio ambiente y protecci¨®n de la biodiversidad hay pocas personas que, como entidad jur¨ªdica, inicien un proceso judicial. Si te roban o te ponen una multa injusta recurres porque afecta a tu patrimonio personal, pero el medio ambiente es de todos y nadie va a poner tiempo y ahora dinero de su patrimonio para defender el de todos. Eso solo lo hacemos las ONG ecologistas u otros colectivos, como asociaciones de vecinos o plataformas creadas al efecto¡±.