Las comunidades recibieron 140 millones por dependientes que ya hab¨ªan fallecido

Un informe del Tribunal de Cuentas sobre la Ley de Dependencia revela que desde 2007 a 2011 las comunidades recibieron hasta 140 millones de euros del Gobierno por dependientes que ya hab¨ªan fallecido, tal ha sido el caos de gesti¨®n de esta ley. Se financiaron las ayudas de m¨¢s de 29.000 dependientes que hab¨ªan muerto aunque se desconoce si las familias llegaron a percibir esa prestaci¨®n indebida y, si era as¨ª, por cu¨¢nto tiempo. Eran m¨¢s de 4.000 casos en Andaluc¨ªa y Castilla y Le¨®n, m¨¢s de 3.000 en el Pa¨ªs Vasco y Galicia; en total hasta 140 millones de euros que no se gestionaron correctamente y que, seg¨²n el informe, han sido ¡°recuperados¡±. ?Qui¨¦nes son los responsables de una gesti¨®n que permite recibir dinero por ayudas fantasma, mientras que m¨¢s de 200.000 estaban esperando para obtener una prestaci¨®n que no llegaba nunca? La ministra de Sanidad y Pol¨ªtica Social, Ana Mato, no respondi¨® ayer cuando se le pregunt¨® por las responsabilidades, solo dijo que es un informe que est¨¢ en periodo de alegaciones. ¡°El Tribunal de Cuentas recalca que falta transparencia y se demuestra que hay que hacer modificaciones¡±, dijo.

El Tribunal de Cuentas, s¨ª habla de responsabilidades por esta ¡°financiaci¨®n indebida¡±: responde, dice el texto, a la falta de comunicaci¨®n de estos fallecimientos por parte de las comunidades al Gobierno; y tambi¨¦n acusa al Imserso de no haber tenido ¡°un adecuado control¡± como responsable de la aplicaci¨®n inform¨¢tica.

Los fallecidos son una constante en la Ley de Dependencia. Siempre se ha discutido c¨®mo pagar a aquellos que ten¨ªan derecho y mor¨ªan esperando, que se cuentan por miles, a¨²n hoy; de hecho, el adelgazamiento de la lista de espera se debe en gran medida a estas muertes. Por otro lado, para que las comunidades no cobraran por los que no deb¨ªan, se puso en marcha en la anterior legislatura un programa inform¨¢tico que cruzaba los datos con los del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), precisamente para tener en cuenta los fallecidos en aras de una mejor gesti¨®n. No parece que se hiciera, al menos no correctamente.

Todas las comunidades han incurrido en esta ¡°financiaci¨®n indebida¡±. Baleares, con solo seis casos, y Canarias, con 197, son las que menos. Puede que su gesti¨®n al respecto fuera mejor, pero su aplicaci¨®n de la ley ha sido tan m¨ªnima en todos estos a?os que las cifras pueden no tener valor estad¨ªstico.

La gesti¨®n de la dependencia en estos a?os ha estado plagada de peque?as o grandes trampas, debido al ahogo econ¨®mico con el que ha nacido esta ley, y al apretado calendario para su implantaci¨®n. Las estad¨ªsticas sorprend¨ªan cada mes, por ejemplo cuando algunas comunidades incorporaban miles de dependientes al sistema, por los que cobraba. Pero aquellas personas ya estaban atendidas, era solo una forma de hacer caja.

No hab¨ªa forma, sin embargo, de que hubiera cifras oficiales de financiaci¨®n. Por ¨²ltimo, el Tribunal de Cuentas se hizo cargo del asunto, hace ya m¨¢s de dos a?os.

El sistema de informaci¨®n ha sido uno de los puntos flacos de esta ley. Apenas la mitad de las comunidades vuelcan sus datos mensuales al ordenador central de forma directa. El resto maneja programas inform¨¢ticos propios, algo que ha originado siempre recelos entre ellas. La estad¨ªstica de la dependencia es pobre, pero no hay quien la arregle. En el Consejo Territorial de Pol¨ªtica Social celebrado ayer se pretend¨ªa que las comunidades a?adieran m¨¢s datos cada mes de los que actualmente recibe el Gobierno. Pero ese punto se retir¨® y se aplaz¨® para futuros estudios. Algunas comunidades entienden que los datos que se piden no sirven para gestionar mejor, solo para obstaculizar.

Ana Mato aduce que el informe a¨²n est¨¢ en fase de alegaciones

Por otro lado, este organismo, que re¨²ne a los consejeros y al Gobierno, sent¨® ayer la redacci¨®n para llevar al BOE algunos de los decretos ya avanzados en las medidas anticrisis hace unos meses. A partir de este a?o la financiaci¨®n que reciban las comunidades se distribuir¨¢ favoreciendo a aquellas que presten m¨¢s servicios y menos ayudas econ¨®micas. Esa forma de repartir el dinero se fortalecer¨¢ a?o tras a?o. Pero ?qu¨¦ es un servicio? En esta ley hay dos prestaciones econ¨®micas, la que recibe la persona que cuida a un anciano o dependiente y la prestaci¨®n econ¨®mica vinculada al servicio. Esta ¨²ltima, con una desigual aplicaci¨®n por comunidades, concede un dinero para que las familias contraten con ¨¦l el servicio que consideren conveniente. Ahora esta segunda ayuda ser¨¢ considerada un servicio, no una prestaci¨®n econ¨®mica. En la pr¨¢ctica es un cheque-servicio y levanta ampollas en la izquierda, que ven en este cambio la ¡°privatizaci¨®n del sistema¡±, como denunciaron los responsables de Andaluc¨ªa y Asturias. Con ese dinero las familias no deciden, explican los que rechazan esta ayuda, sino que son los centros, los geri¨¢tricos, los que acaban seleccionando a los dependientes, porque permitir¨¢n el acceso de aquellos que no solo tengan esa ayuda, sino que posean, adem¨¢s, dinero extra para pagar otros servicios que se ofrecen en las residencias, como masajes, peluquer¨ªas, etc¨¦tera.

Por otro lado se rompe el acceso p¨²blico a las prestaciones: ya no es la Administraci¨®n quien decide, en funci¨®n de la discapacidad de la persona, qu¨¦ servicio le es m¨¢s conveniente y a qu¨¦ lugar debe ir, sino que cada familia, de nuevo seg¨²n su capacidad econ¨®mica, tendr¨¢ que resolver sus problemas. Para Ana Mato este cambio se hace ¡°pensando en el ciudadano¡± y priorizando la atenci¨®n profesional.