¡®Ley Wert¡¯ con pies de barro

La reforma legal que impulsa el Ministerio de Educaci¨®n ha salido trasquilada del proceso de consulta a las autonom¨ªas ¡ªdurante el que las comunidades del PP no han dejado de plantear dudas y quejas¡ª y en los pr¨®ximos meses le espera un Congreso de los Diputados en el que la mayor¨ªa de los grupos se muestra ya absolutamente hostil. En la mente de todos est¨¢ la anterior ley escolar aprobada con un Gobierno popular, la LOCE, de 2002.

Esa norma solo la apoyaron en el Parlamento el PP y Coalici¨®n Canaria y no lleg¨® a entrar en vigor salvo en algunas cosas porque el PSOE la retir¨® cuando lleg¨® al Gobierno en 2004. El Ejecutivo de Zapatero hizo otra ley (LOE, 2006) que se aprob¨® en el Congreso con la ¨²nica oposici¨®n del PP (CiU, BNG y CHA se abstuvieron), y que es la que el actual Gobierno del PP va a cambiar. Una posible moraleja para el reformador ser¨ªa: intentar hacerlo con el mayor consenso posible. Otra: hacerlo cuanto antes, para que llegue a entrar completamente en vigor.

En el caso del actual intento, con una mayor¨ªa absoluta similar a la de 2002, las declaraciones p¨²blicas se?alaban a la primera moraleja, pero los hechos apuntaban m¨¢s bien a la segunda. Sin embargo, el tr¨¢mite sufri¨® un brusco par¨®n con el proceso de consulta auton¨®mica, durante el cual, al rechazo de las comunidades que no est¨¢n gobernadas por el PP, se le sum¨® un inesperado conato de rebeli¨®n de las autonom¨ªas que s¨ª est¨¢n dirigidas por los populares. Lo que muchos pensaban que ser¨ªa un mero tr¨¢mite resuelto a final de octubre de 2012 se prolong¨®, en realidad, hasta la semana pasada, con una ¨²ltima reuni¨®n entre el ministerio y las comunidades.

El PP aprob¨® la LOCE en 2002 con el ¨²nico apoyo

En ese tiempo, el texto cambi¨® sustancialmente hacia posiciones m¨¢s ideol¨®gicas y, sin embargo, no ha terminado de dejar contentos a los consejeros del PP, pues ahora no les salen las cuentas de la reforma: el ministerio calcula 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres a?os y hasta 927 millones que asumir¨ªan las comunidades. Esa memoria econ¨®mica de la ley tambi¨¦n ha sufrido important¨ªsimos cambios en muy poco tiempo: en una primera versi¨®n calcularon que hac¨ªa falta cinco veces menos dinero y algunas autonom¨ªas a¨²n creen que la ¨²ltima versi¨®n se queda corta.

El ministro Wert ha dicho que crear¨¢ una comisi¨®n para ajustar los c¨¢lculos, pero que el texto se queda como est¨¢, as¨ª que los posibles acuerdos de cambio (en la memoria y en el articulado de la ley) tendr¨ªan que esperar ya al debate parlamentario.

A ¨¦l se remiti¨® la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, al tratar de enfriar, el pasado diciembre, la pol¨¦mica que suscit¨® el nuevo borrador, que trajo m¨¢s apoyo a la escuela concertada, una asignatura alternativa a la de Religi¨®n y la desaparici¨®n de la de Ciudadan¨ªa y, sobre todo, una cl¨¢usula que obliga a la Generalitat de Catalu?a a ofrecer clases fundamentalmente en castellano a los padres que lo deseen, si es necesario, pag¨¢ndoles un colegio privado. As¨ª, despu¨¦s de que el nuevo texto encendiera m¨¢s los ¨¢nimos de los partidos de izquierda, de los padres, de sindicatos y de alumnos defensores de la escuela p¨²blica (movilizados ya contra los recortes) y a los nacionalistas, la vicepresidenta insisti¨® en que habr¨¢ largos periodos que permitan negociaciones y enmiendas, y que, probablemente, no se aprobar¨ªa la ley hasta principios de 2014.

Ahora, tras la consulta auton¨®mica y al Consejo Escolar del Estado, el tr¨¢mite pasa por el informe del Consejo de Estado, que se puede demorar en torno a dos meses; y, despu¨¦s, el Consejo de Ministros deber¨¢ aprobar el texto que pase definitivamente al Congreso. Desde el Ministerio de Educaci¨®n no quieren hacer c¨¢lculos de cu¨¢ndo ocurrir¨¢ esto. S¨¢enz de Santamar¨ªa dijo que ser¨ªa a mediados de a?o. Pero en el PSOE creen que podr¨ªa ser antes, en abril, y temen que los c¨¢lculos dilatorios de la vicepresidenta puedan ser una t¨¢ctica para desmovilizar las protestas, dice Mario Bedera, portavoz de Educaci¨®n del Grupo Socialista en el Congreso.

La mayor¨ªa de

Llegue cuando llegue, lo que est¨¢ claro es que el actual proyecto de ley no cuenta apenas con apoyos m¨¢s all¨¢ del Grupo Popular. Desde los grupos vasco y, sobre todo, catal¨¢n, pelear¨¢n todo aquello que consideran que se entromete en sus competencias (sobre todo por el tema de la lengua cooficial). Mart¨ª Barber¨¢, del Grupo Catal¨¢n, asegura que su partido estaba dispuesto a cooperar para mejorar la educaci¨®n, pero que se opondr¨¢n con todas sus fuerzas a la actual propuesta ¡°por ideol¨®gica, retr¨®grada y centralista¡±, y para defender su modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica, con el que la ¨²nica lengua vehicular de la escuela es el catal¨¢n.

Por su parte, PSOE e IU han acusado a la reforma de segregadora e injusta, y rechazan las concesiones a la escuela privada y a los obispos. Bedera, del PSOE, anuncia que pedir¨¢ un buen n¨²mero de comparecencias de los sectores educativos durante el tr¨¢mite parlamentario para suplir la falta de debate que, asegura, ha habido hasta ahora. Para UPyD tampoco vale la reforma, en este caso, ¡°porque se queda corta¡±: ¡°presenta casi el mismo modelo¡± que no ha funcionado, se queja su portavoz de Educaci¨®n en el Congreso, Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n.

En todo caso, hay que recordar que el PP tiene mayor¨ªa absoluta, lo que le permitir¨ªa aprobar la ley sin apoyos. Si esto ocurre en 2014, como previ¨® la vicepresidenta, la ley no empezar¨ªa a aplicarse hasta septiembre de 2015, casi al final de la presente legislatura.