Espa?a, condenada por violar el derecho de una madre a la jornada reducida

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un espaldarazo al derecho de las madres a reducir la jornada laboral para cuidar a sus hijos. La instituci¨®n, con sede en Estrasburgo, da la raz¨®n a una mujer que lleg¨® a pedir amparo al Tribunal Constitucional porque el supermercado en el que trabajaba a tiempo completo no acept¨® la propuesta de reducci¨®n de jornada que ella present¨® para encargarse de su hijo, menor de seis a?os. El Estado deber¨¢ ahora indemnizarla con 16.000 euros m¨¢s intereses de demora.

El caso se remonta a febrero de 2003, cuando la trabajadora Raquel Garc¨ªa Mateos, residente en la localidad madrile?a de Perales del R¨ªo, pidi¨® trabajar media jornada, distribuida en tres tardes a la semana, de lunes a mi¨¦rcoles, para conciliar su vida laboral y familiar. El empleador, cuya identidad no facilita la sentencia, rechaz¨® concederle ese turno y en su lugar le ofreci¨® rotaci¨®n de ma?anas y de tardes, de lunes a s¨¢bado. Garc¨ªa Mateos decidi¨® entonces acudir a los tribunales. UGT ha informado hoy de que sus servicios jur¨ªdicos asistieron a la trabajadora en su reclamaci¨®n contra el supermercado Alcampo.

La primera respuesta fue desfavorable. En primera instancia, un juzgado de Madrid quit¨® la raz¨®n a la trabajadora alegando que lo que solicitaba no era una reducci¨®n de su jornada sino una modificaci¨®n de la misma. La empleada elev¨® el caso al Tribunal Constitucional alegando una discriminaci¨®n de g¨¦nero. La solicitud se basaba en otros casos similares en los que la justicia considera que hay discriminaci¨®n por sexo cuando la aplicaci¨®n de una norma afecta mucho m¨¢s a un g¨¦nero que al otro, lo que los tribunales denominan discriminaci¨®n indirecta. En este caso, la reducci¨®n de jornada la solicitan fundamentalmente las mujeres, por lo que cualquier violaci¨®n de ese derecho, aunque la norma no est¨¦ concebida expresamente para las trabajadoras, puede considerarse discriminatoria por razones de sexo.

El Tribunal Constitucional concedi¨® el amparo a Garc¨ªa Mateos y anul¨® la sentencia del juzgado de Madrid, pero cuando el caso volvi¨® a la primera instancia, en septiembre de 2007, el juez le neg¨® la raz¨®n. El juzgado n¨²mero 1 consider¨® que la demandante no hab¨ªa justificado suficientemente la necesidad de acogerse a esos nuevos horarios de trabajo, por lo que la mujer sigui¨® sin poder ejercer su derecho y volvi¨® a recurrir al Constitucional.

Con la demora de todo el proceso, el hijo al que la empleada pretend¨ªa cuidar con la reducci¨®n de jornada cumpli¨® los seis a?os, la edad l¨ªmite cubierta por el derecho que tienen los padres a reducir la jornada para cuidar de sus hijos. Garc¨ªa Mateos inform¨® al Tribunal Constitucional y reclam¨® una indemnizaci¨®n de 40.986 euros porque ya no pod¨ªa ejercer el derecho que reclamaba a la justicia.

El Constitucional dio la raz¨®n a la mujer pero el fallo no tuvo efecto

Finalmente el Constitucional volvi¨® a dar la raz¨®n a la trabajadora y anul¨® la segunda sentencia que dict¨® el juzgado n¨²mero 1 de Madrid. El alto tribunal consideraba que la primera instancia no hab¨ªa interpretado correctamente su primera decisi¨®n, pero rebat¨ªa el derecho de la empleada a solicitar una indemnizaci¨®n.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda la queja de la demandante y obliga al Gobierno espa?ol, como responsable ¨²ltimo de que no se haya aplicado correctamente la decisi¨®n del Tribunal Constitucional, a indemnizar a la mujer. ¡°El Tribunal recuerda que el Estado debe poner a disposici¨®n de los demandantes un sistema que permita lograr la ejecuci¨®n correcta de las decisiones judiciales¡±, asegura la sentencia. Adem¨¢s, a?ade que la intenci¨®n inicial de Garc¨ªa Mateos no fue obtener una indemnizaci¨®n, sino ejercer su derecho a la reducci¨®n de jornada, pero nunca pudo verlo realizado. La violaci¨®n del derecho constitucional no ha podido ser reparada por la justicia espa?ola, concluye.

El tribunal, no obstante, rebaja sensiblemente la cantidad reclamada por la mujer, hasta 16.000 euros, y obliga al Gobierno a abonarla en tres meses. La decisi¨®n es recurrible ante la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.