Los sin papeles no tienen p¨®liza que garantice su atenci¨®n sanitaria
El seguro de 710 euros anunciado por el Gobierno para los extranjeros a¨²n no existe Los irregulares llevan seis meses excluidos del sistema normalizado
Los sin papeles siguen en un laberinto sanitario. La p¨®liza de salud que el Gobierno anunci¨® para garantizar la atenci¨®n b¨¢sica a extranjeros en situaci¨®n irregular no existe seis meses despu¨¦s de que fueran excluidos del sistema. Desde entonces, por ley, alrededor de 150.000 solo tienen derecho a la atenci¨®n de urgencias, parto, posparto y pediatr¨ªa. El convenio que ide¨® el Ministerio de Sanidad y que ¡ªaunque pagando 710 euros al a?o si son menores de 65 a?os y el doble sin son mayores¡ª les permitir¨ªa acudir sin trabas a consultas de atenci¨®n especializada o pruebas diagn¨®sticas est¨¢ paralizado. Mientras, la atenci¨®n que reciben es desigual seg¨²n las autonom¨ªas. Algunas, como Pa¨ªs Vasco, Asturias o Andaluc¨ªa, les asisten a pesar de la ley. Otras, como Madrid, cumplen estrictamente la exclusi¨®n.
El convenio ideado por Sanidad espera el dictamen del Consejo de Estado
El citado convenio fue aprobado en octubre pasado por el Consejo Interterritorial de Sanidad para dar cobertura a todo aquel que hubiera quedado fuera del sistema con la reforma sanitaria y quisiera contratarlo: los sin papeles y los rentistas que ganan m¨¢s de 100.000 euros, por ejemplo. El convenio iba a regularse mediante una orden ministerial, pero finalmente se har¨¢ a trav¨¦s de un Real Decreto porque ¡°garantiza m¨¢s seguridad para aquellos que se acojan¡±, seg¨²n Sanidad. Aseguran que el hecho de que Pa¨ªs Vasco y Andaluc¨ªa hayan recurrido la exclusi¨®n sanitaria al Tribunal Constitucional nada ha tenido que ver en el retraso de este cap¨ªtulo del pol¨¦mico peaje sanitario.
El documento est¨¢ ahora a la espera del dictamen preceptivo del Consejo de Estado. All¨ª estudiar¨¢n su contenido y las alegaciones que hayan presentado las comunidades. Asturias, por ejemplo, a la totalidad del texto.
Discrepan de la nueva regulaci¨®n, que seg¨²n aseguran tambi¨¦n las organizaciones que trabajan con extranjeros en situaci¨®n irregular, est¨¢ causando casos graves de desatenci¨®n. El Foro para la Integraci¨®n Social de los Inmigrantes, ¨®rgano consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo ¡ªy en el que participan asociaciones, expertos o la administraci¨®n¡ª denuncia que la desasistencia no solo afecta a las personas que han sido excluidas por ley. Tambi¨¦n habla de casos de menores, embarazadas o pacientes que han tenido dificultades para recibir atenci¨®n urgente.
Es un problema que se deriva de la falta de informaci¨®n que impera en muchas regiones tras la reforma y que est¨¢ provocando, por ejemplo, que algunos extranjeros en situaci¨®n irregular que van a urgencias reciban una factura por el servicio. Como Selina, nigeriana de 27 a?os, que tras acudir a un hospital valenciano con v¨®mitos y mareos recibi¨® una carta de pago de 82 euros. No la pag¨®, cuenta, pero tuvo dudas.
Ese env¨ªo de una factura, o una carta reclamando el documento que acredite que la persona atendida tiene derecho a la cobertura p¨²blica, es habitual. Las administraciones aseguran que se hace para todo aquel que acuda a urgencias sin tarjeta sanitaria. Tanto extranjeros como espa?oles. Tambi¨¦n si van por procesos relacionados con, por ejemplo, accidentes de tr¨¢fico; situaciones que debe cubrir la mutua del afectado y no la sanidad p¨²blica.
A Bogdan le dijeron que deb¨ªa 20.000 euros por una operaci¨®n de c¨¢ncer
Ese sistema de prefacturaci¨®n no se ha modificado con la llegada del peaje sanitario, lo que fomenta ese tipo de situaciones. Tampoco, critica Rafael Sotoca, portavoz de M¨¦dicos del Mundo, se ha establecido una f¨®rmula que evite tener que presentar la tarjeta u otro documento acreditativo. En Navarra los sin papeles deben hacer un escrito alegando que carecen de recursos. En Madrid, seg¨²n explica una portavoz, deben presentar el certificado de empadronamiento y el pasaporte.
Las administraciones, no obstante, aseguran que no se ha cobrado a nadie por la atenci¨®n urgente. De hecho, tampoco hay constancia de que haya habido pagos por las consultas de la cartera b¨¢sica ¡ªprimaria, pruebas o especializada¡ª a las que, por ley, la mayor¨ªa de los pacientes no tendr¨ªan derecho. Un dato que, para Sotoca, puede significar que algunos est¨¦n siendo atendidos por m¨¦dicos objetores o que est¨¢n dejando de ir a los centros de salud.
Solicitar una ¨²nica consulta y pagar por ella es complicado. No todas las autonom¨ªas tienen, si quiera, un sistema regulado para hacerlo. Es uno de los motivos por los cuales se ide¨® la p¨®liza-convenio, una opci¨®n que, sin embargo, disgusta a las organizaciones que trabajan con los sin papeles que apuntan que la mayor¨ªa de ellos no podr¨ªa, aunque quisiera, contratar un seguro tan caro. Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, portavoz de sanidad del PSOE, presentar¨¢ una proposici¨®n no de ley para evitar ese cobro que est¨¢ generando, dice, ¡°miedo a ir al m¨¦dico¡±.
Mientras, tanto las comunidades ¡ªincluso aquellas que no han establecido un paraguas espec¨ªfico de atenci¨®n¡ª aseguran que no se han dado situaciones de desprotecci¨®n grave. En el departamento de Ana Mato apuntan que las autonom¨ªas no les han notificado casos de afectados; a pesar de que las organizaciones s¨ª han informado de ellos a las regiones.
Uno de ellos es el de Joan Bogdan. Este rumano de 61 a?os fue operado de un c¨¢ncer de lengua en el Hospital de Palma en 2010. Nunca tuvo tarjeta sanitaria y nunca se le pidi¨®. ¡°Vive conmigo, que trabajo en Espa?a y como no nos lo dijeron no la tramitamos¡±, dice su hija Simona.
Tras la operaci¨®n, Bogdan recibi¨® varias sesiones de radioterapia y tuvo seguimiento m¨¦dico hasta la consulta que le tocaba en verano. Entonces, cuando acudi¨® a la cita, le informaron de que ten¨ªa una factura pendiente de m¨¢s de 20.000 euros por la atenci¨®n anterior. Un ejemplo m¨¢s de la falta de informaci¨®n de profesionales y pacientes. ¡°Nos quedamos helados. No pod¨ªamos pagar¡±, dice Simona. As¨ª, decidieron acudir a una consulta privada. All¨ª le detectaron que el c¨¢ncer se le hab¨ªa reproducido. ¡°No sab¨ªamos qu¨¦ hacer¡±, dice la hija. Recurrieron a M¨¦dicos del Mundo que hizo p¨²blico su caso. Poco despu¨¦s, recibieron aviso de que pod¨ªa volver al hospital. ¡°Todav¨ªa no le pueden volver a operar, pero ma?ana tiene su segunda sesi¨®n de quimioterapia¡±, dice Simona.
El camino del peaje sanitario
La exclusi¨®n. El 1 de septiembre entr¨® en vigor la parte del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que exclu¨ªa del sistema normalizado a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. Con la nueva normativa solo tienen derecho a atenci¨®n de urgencias, parto, posparto y pediatr¨ªa. La medida afecta a unas 150.000 personas.
La diversidad auton¨®mica. Las comunidades asumen el decreto de manera muy dispar, con coberturas muy distintas en cada caso, seg¨²n un informe de M¨¦dicos del Mundo. Tambi¨¦n es desigual la informaci¨®n del personal sobre la norma
Los paraguas. Andaluc¨ªa, Asturias y Catalu?a no aplican la ley y siguen atendiendo a los sin papeles como antes. Pa¨ªs Vasco y Navarra aprobaron decretos auton¨®micos para garantizar la asistencia. Otras, como Castilla y Le¨®n, Comunidad Valenciana y Galicia han desarrollado herramientas administrativas para seguir proporcionando atenci¨®n a los extranjeros en situaci¨®n irregular. Por el contrario, Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Arag¨®n cumplen, seg¨²n M¨¦dicos del Mundo a rajatabla el decreto de exclusi¨®n sanitaria.
Los recursos contra la ley. Andaluc¨ªa y Pa¨ªs Vasco han recurrido la reforma sanitaria al Tribunal Constitucional. Tambi¨¦n el Ministerio de Sanidad ha recurrido el decreto auton¨®mico que aprob¨® Euskadi, y que evitaba el aumento del copago farmac¨¦utico. El alto tribunal emiti¨® hace unas semanas un informe, que no es definitivo, en el que apunta, que por motivos de salud p¨²blica, Pa¨ªs Vasco puede seguir garantizando la atenci¨®n.
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