¡°Hace ocho meses que no veo a mis hijos por culpa de los recortes¡±

Los mismos recortes que excluyen de la sanidad p¨²blica a los inmigrantes sin papeles o reducen el n¨²mero de profesores mermando la calidad de la ense?anza, afectan ya a derechos a¨²n m¨¢s b¨¢sicos. Como el de ver a los propios hijos. Decenas de padres y madres separados o divorciados de la Comunidad de Madrid que, para hacerlo, tienen que acudir por orden judicial a un Punto de Encuentro Familiar (PEF) pasan meses sin poder hacerlo. El Gobierno madrile?o cerr¨® el a?o pasado seis de los ocho centros de este tipo que ten¨ªa, lo que ha generado un enorme atasco en los dos que permanecen abiertos en los municipios de Las Rozas y M¨®stoles. La lista de espera puede llegar al a?o.

Es el caso de Mar¨ªa (nombre figurado). ¡°Hace ocho meses que no veo a mis hijos por culpa de los recortes¡±, dice. Tras separarse de su excompa?ero y denunciarlo por maltrato, la juez de violencia que estudi¨® su caso lo archiv¨® ¡ªla Audiencia de Madrid acaba de ordenar reabrirlo¡ª y otorg¨® la guardia y custodia al padre. ?La raz¨®n? Seg¨²n la sentencia, Mar¨ªa habr¨ªa puesto a los ni?os en contra de su progenitor y presunto maltratador (ella lo niega) por lo que, adem¨¢s, deber¨ªa pasar tres meses sin poder visitar a los menores. Transcurrido ese plazo podr¨ªa volver a verlos en fines de semana alternos, pero siempre en el punto de encuentro de Las Rozas. Y bajo la supervisi¨®n de un profesional. Ese plazo se cumpli¨® el 3 de octubre, pero hoy, casi cinco meses despu¨¦s, Mar¨ªa todav¨ªa no ha podido ver a sus hijos. Y solo puede hacerlo en el PEF porque as¨ª lo manda el juez.

Como esta mujer, cientos de personas deben acudir por orden judicial a estos centros auton¨®micos o municipales si quieren visitar a los ni?os. En los casos de divorcios y separaciones conflictivas, el PEF es el lugar donde quien tiene la custodia entrega a los hijos para que el que los visita los recoja all¨ª y los devuelva despu¨¦s, garantizando que los dos miembros de la pareja, separada, no se encuentran. Cuando la ruptura se mezcla con asuntos m¨¢s graves como la violencia de g¨¦nero o alguna enfermedad mental, o cuando uno de los progenitores lleva mucho tiempo sin ver a los hijos, las visitas se realizan en la propia instalaci¨®n. En los casos m¨¢s agudos o cuando lo ordena el juez, un psic¨®logo o un trabajador social est¨¢n presentes. Porque entre los fines de los PEF est¨¢ la de reconstruir las relaciones de los menores con sus padres siempre que sea posible.

Esas relaciones son muy vulnerables al paso del tiempo, seg¨²n los especialistas. ¡°Cuando los ni?os pasan meses sin ver a uno de sus padres se interrumpe el v¨ªnculo con ellos y se produce un abandono afectivo¡±, explica Mar¨ªa Luisa Baranda, psic¨®loga y especialista en mediaci¨®n familiar. ¡°El ni?o tiene respecto del progenitor que no ve la sensaci¨®n de que este lo ha abandonado, que no le quiere, algo que solo se puede superar con un proceso de adaptaci¨®n¡±, a?ade Baranda, que explica que el distanciamiento se acrecienta en los menores m¨¢s peque?os. ¡°Ese v¨ªnculo afectivo se pierde por completo¡±.

Pero adem¨¢s, no poder visitar a los hijos tiene consecuencias jur¨ªdicas. Verlos se engloba dentro del derecho al respeto de la vida privada y familiar recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ratificado por Espa?a, seg¨²n la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 13 de marzo de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional otorg¨® una indemnizaci¨®n de 9.000 euros a un padre que, debido a la lista de espera en un PEF de Sevilla, tard¨® m¨¢s de un a?o en poder visitar a su hija de siete a?os. El tribunal consider¨® que se hab¨ªa producido un funcionamiento anormal de la administraci¨®n de justicia ¡°de singular gravedad¡±, ya que ¡°se priv¨® al padre y a su hija de un r¨¦gimen de visitas en una edad especialmente cr¨ªtica para la menor¡±.

Al cumplirse los tres meses de prohibici¨®n judicial de las visitas el 3 de octubre, Mar¨ªa present¨® en el juzgado un escrito para volver a ver a los menores. La juez deriv¨® entonces su caso al punto de encuentro de Las Rozas, pero hasta el 17 de enero no hubo respuesta de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales, de la que depende esa instalaci¨®n. En una escueta nota, el Servicio de Mediaci¨®n Familiar comunic¨® a la juez que el expediente de Mar¨ªa quedaba ¡°en lista de espera¡±. ¡°Tan pronto como sea posible, se dar¨¢ inicio al servicio¡±, a?ad¨ªa. Dos jueces de familia y de violencia consultados por este peri¨®dico confirman el atasco y aseguran que afecta, sobre todo, a las visitas supervisadas. Jueces para la Democracia, la asociaci¨®n progresista, ya avis¨® del problema en diciembre.

Sin embargo, el viceconsejero madrile?o de Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, el jefe de la persona que envi¨® esa comunicaci¨®n al juzgado de Mar¨ªa, rechaza que exista esa lista de espera y, por tanto, se niega a explicar cu¨¢ntos padres est¨¢n en ella. ¡°Los puntos de encuentro son una competencia municipal, no de la Comunidad de Madrid¡±, afirma, obviando la obligaci¨®n de gestionar los cientos de casos que env¨ªan los juzgados. El viceconsejero solo concede que existan ¡°algunas disfunciones¡± en las que, dice, el cierre de seis puntos de encuentro en 2012 no tiene nada que ver.

Despu¨¦s, asegura que la consejer¨ªa est¨¢ a punto de culminar una ¡°reestructuraci¨®n¡± de la red de atenci¨®n a la familia que, sin embargo, no incluye la reapertura de los centros cerrados sino la suma de los dos que quedan a los Centros de Apoyo Familiar (CAF). A diferencia de los puntos de encuentro, estos centros tienen objetivos muy distintos del de la gesti¨®n de las visitas a los hijos por orden judicial. Los CAF ofrecen servicios de orientaci¨®n psicol¨®gica a las familias, de mediaci¨®n, de asesor¨ªa jur¨ªdica... Nada que ver con las visitas m¨¢s delicadas que han asumido los PEF durante una d¨¦cada. Y con ¨¦xito.