La investigaci¨®n en tiempos de crisis

Las pol¨ªticas de austeridad y los recortes generalizados en el gasto p¨²blico -tanto en la Administraci¨®n General de Estado como en las Comunidades Aut¨®nomas- han llevado a la reducci¨®n de los programas presupuestarios destinados a Investigaci¨®n y Desarrollo (I+D), Educaci¨®n Superior y Sanidad que financian las actividades de producci¨®n de conocimiento.

El gasto global en I+D es bastante r¨ªgido con relaci¨®n a los recursos humanos y, en 2011, seg¨²n datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), el 68% del gasto total del sector universitario correspondi¨® a salarios y el 55% en el sector administraciones p¨²blicas.

Lo recortes presupuestarios se han centrado, por un lado, en los cr¨¦ditos o fondos, como dicen los americanos, ¡¯discrecionales¡®, aquellos que no tienen un objeto determinado por ley: por ejemplo, los fondos competitivos de financiaci¨®n de proyectos de I+D, los recursos destinados a financiar los programas de formaci¨®n, contrataci¨®n temporal e inserci¨®n de investigadores o los programas de apoyo a las infraestructuras cient¨ªficas y a los centros de excelencia. En definitiva, todo el gasto que se ejecuta tras minuciosos procesos de evaluaci¨®n del m¨¦rito de las propuestas o de los candidatos.

Adem¨¢s, el modelo centralizado de gesti¨®n de la crisis est¨¢ causando graves da?os a la actividad investigadora en Espa?a. Las reducciones salariales que han afectado a todos los empleados p¨²blicos, incluidos los de la I+D, habiendo contribuido a la contenci¨®n del d¨¦ficit, sin embargo no han permitido aumentar los presupuestos disponibles para financiar o para ejecutar las actividades de investigaci¨®n (con costes menores que anteriormente) de forma m¨¢s eficaz y eficiente.

Por otro lado, los niveles de elasticidad de los presupuestos p¨²blicos para I+D son bajos, dado que en su mayor parte corresponden a cap¨ªtulos de gasto vinculantes (por ejemplo, gastos de personal). De hecho la autonom¨ªa y las capacidades de gesti¨®n de los responsables de universidades y centros p¨²blicos de I+D est¨¢n muy limitadas por las normas generales de la Administraci¨®n y por la condici¨®n funcionarial de la mayor parte de su personal.

En este contexto los responsables de universidades y centros de I+D tienen poco margen para la actuaci¨®n. La gesti¨®n del gasto p¨²blico en investigaci¨®n carece de la necesaria flexibilidad, con lo cual los recortes se producen con escasa selectividad, sin conexi¨®n con los m¨¦ritos cient¨ªficos o t¨¦cnicos o el potencial de los centros, grupos e individuos.

En realidad, con la normativa vigente de la funci¨®n p¨²blica y de los empleados p¨²blicos, muy pocas organizaciones de investigaci¨®n pueden desarrollar una estrategia de resistencia que permita proteger lo mejor de su capital humano.

La implementaci¨®n de los ajustes, protegiendo a los funcionarios y penalizando a los temporales, tiende a preservar los derechos adquiridos y a repartir por igual (entre desiguales) los costes del recorte; otra opci¨®n alternativa, con base en la evaluaci¨®n los resultados, ser¨ªa determinar cuales son las oportunidades de diferenciaci¨®n y especializaci¨®n de las organizaciones e instituciones de investigaci¨®n para mantener niveles competitivos elevados y actuar en consecuencia.

En definitiva, con la aplicaci¨®n de esta pol¨ªtica de no diferenciar (sobre el principio de reducir el conflicto, o mejor de evitar el conflicto con los actores m¨¢s poderosos del sistema) se corre el riego de sentar las bases de la expulsi¨®n del sistema espa?ol de I+D del talento m¨¢s joven y con mayor potencial de futuro. El talento y la creatividad excepcionales son atributos generalmente asociados a la movilidad de sus poseedores; y hay instituciones en otros pa¨ªses que est¨¢n dotadas de los recursos financieros (y la autonom¨ªa y capacidad de gesti¨®n) para competir por llevarse a los mejores investigadores de nuestro sistema.

Para tomar decisiones es necesario buena informaci¨®n sobre los resultados de investigaci¨®n, sobre la relevancia de las contribuciones y la productividad, que tenga en cuenta la incertidumbre inherente a la I+D y, en algunos casos, los tiempos de maduraci¨®n de los resultados, e incluso reconozca el potencial fracaso de algunos caminos emprendidos. La evaluaci¨®n externa, con consecuencias, en todos los niveles, es imprescindible. Pero tambi¨¦n son necesarios cambios normativos que aumenten la autonom¨ªa y la responsabilidad de universidades y centros de investigaci¨®n, para que sus responsables tengan incentivos a desarrollar estrategias y proyectos institucionales exitosos, por los que puedan ser recompensados y penalizados como gestores. Cambios que permitan que los responsables rindan cuentas a la sociedad de los recursos p¨²blicos que administran y no solo a aquellos que los eligieron o designaron.

De estos asuntos vamos a debatir, el pr¨®ximo 12 de Marzo, en el Foro Nacional de Pol¨ªtica de Investigaci¨®n organizado conjuntamente por Elsevier, el Instituto de Pol¨ªticas y Bienes P¨²blicos (IPP) del CSIC y la Fundaci¨®n Espa?ola para la Ciencia y la Tecnolog¨ªa (FECYT).

El objetivo primordial del Foro es la construcci¨®n de un espacio de debate entre los expertos y responsables de la financiaci¨®n de la I+D, de las instituciones de investigaci¨®n y de las sociedades cient¨ªficas para garantizar la promoci¨®n de la investigaci¨®n de calidad desde las pol¨ªticas p¨²blicas, tanto a nivel nacional como auton¨®mico, as¨ª su incorporaci¨®n a la gesti¨®n de la investigaci¨®n de los centros p¨²blicos de I+D y universidades.

Luis Sanz Men¨¦ndez es profesor de investigaci¨®n del CSIC y director del Instituto de Pol¨ªticas y Bienes P¨²blicos (IPP).

Informaci¨®n sobre el Foro en: http://www.ipp.csic.es/es/content/foroipp