Una oportunidad de oro perdida

El Partido Popular siempre ha alardeado de no dejarse seducir por los atajos en pol¨ªtica antiterrorista. Era una manera de poner en evidencia la guerra sucia que se practic¨® contra el terrorismo etarra durante los Gobiernos de UCD y el primero de Felipe Gonz¨¢lez. Sin embargo, s¨ª se ha dejado seducir por los atajos legales, como muestra su inter¨¦s en mantener la doctrina Parot cuando ya no hay terrorismo etarra que combatir. Esta doctrina jurisprudencial, bautizada con el apellido del preso etarra Henri Parot, es una interpretaci¨®n del Tribunal Supremo, de 2006, del cumplimiento de la pena que, en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el m¨¢ximo de cumplimiento de prisi¨®n, de 30 a?os, lo hace sobre la totalidad de la condena. Esto ha supuesto el alargamiento de la condena en varios a?os para el penado y afecta a 50 presos etarras.

La un¨¢nime sentencia de la peque?a sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de julio pasado, tumb¨® esta interpretaci¨®n del alto tribunal espa?ol por vulnerar los art¨ªculos 5, 1 y 7 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos con el contundente argumento, de principios del derecho, de que ¡°nadie puede recibir una pena m¨¢s elevada que la que le era aplicada al delito en el momento de su comisi¨®n¡±. La sentencia de Estrasburgo coincidi¨®, adem¨¢s, con una nueva etapa pol¨ªtica, el final de 40 a?os de terrorismo tras el cese definitivo de la violencia de ETA de octubre de 2011. La mera aplicaci¨®n de la sentencia de Estrasburgo hubiera supuesto el comienzo de la abolici¨®n de la legislaci¨®n excepcional impuesta por los Gobiernos en la etapa del terrorismo etarra. Dicho de otra forma, el reconocimiento de que se abr¨ªa una nueva etapa, como hab¨ªan sugerido a Mariano Rajoy el lehendakari I?igo Urkullu y su antecesor en el cargo y l¨ªder del PSE, Patxi L¨®pez.

Pero el Gobierno, acuciado por problemas m¨¢s urgentes, como la crisis econ¨®mica, el caso B¨¢rcenas o la amenaza de secesi¨®n en Catalu?a, no ha querido abrir un nuevo frente de disensi¨®n a su derecha, que presiona con dureza por el mantenimiento de la doctrina Parot y ha decidido hacer bandera de esta doctrina y dar la batalla contra su abolici¨®n en Estrasburgo. El Ejecutivo ha perdido, con ello, una oportunidad de oro para mostrar la superioridad del Estado de derecho sobre unos terroristas derrotados, que no han logrado sus objetivos con el chantaje de la violencia. Hubiera sido una buena manera de contribuir a consolidar el final de ETA. Una consolidaci¨®n a la que no se hace m¨¢s que poner obst¨¢culos por todas partes, empezando por la propia ETA que sigue teniendo pendientes tareas como el desarme y la asunci¨®n de la reinserci¨®n individual para sus presos.

En todo caso, la ¨²ltima palabra sobre la doctrina Parot la tiene quien la tiene que tener, el Estado de derecho, representado ahora por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Gobierno, pese a sus presiones sobre otros Ejecutivos europeos, no lo tiene f¨¢cil por el precedente de la sentencia de julio de la peque?a sala que, por unanimidad, concluy¨® que esta interpretaci¨®n vulneraba un derecho fundamental, la irretroactividad de las penas. La legitimidad en la lucha antiterrorista se gana cumpliendo fielmente los principios del derecho.