El Defensor del Pueblo Andaluz pide una soluci¨®n ¡°urgente¡± para el asentamiento de N¨ªjar

A menos de 24 horas de que los 60 residentes del asentamiento del cortijo El Uno en N¨ªjar (Almer¨ªa, 31.816 habitantes), entre ellos nueve ni?os y ni?as, sean desalojados por mandato judicial, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jes¨²s Maeztu, ha dado un buen rapapolvo al ayuntamiento de este municipio almeriense. En un documento enviado a primera hora de este lunes, Maeztu ha pedido al consistorio que ¡°con car¨¢cter urgente y preferente¡± valore la situaci¨®n de vulnerabilidad de estas personas, se coordine con otras administraciones para que no queden en situaci¨®n de calle ¡°priorizando las familias con menores¡± y canalicen sus recursos de la mano de las entidades sociales que trabajan en la zona. Un buen n¨²mero de ellas, incluidas en la plataforma Derecho a Techo, han anunciado movilizaciones por un desahucio que consideran ¡°injusto e inhumano¡±, mientras desde los Servicios Sociales municipales aseguran que es un ¡°tema privado¡± que no es de su competencia. Este ser¨ªa el cuarto desalojo en dos a?os en la zona tras los conocidos como Walili, Megasa y El Ca?averal, todos ya eliminados por excavadoras.

El campamento conocido como cortijo El Uno se ubica a un kil¨®metro a las afueras de la barriada de San Isidro, en el t¨¦rmino municipal de N¨ªjar. Es uno de los casi 30 asentamientos de infraviviendas de la comarca. En ellos residen unas 3.500 personas, seg¨²n los ¨²ltimos datos de Andaluc¨ªa Acoge, la inmensa mayor¨ªa de ellos migrantes y muchos de ellos trabajadores de los invernaderos almerienses. En este caso hay 60 personas ¡ªla inmensa mayor¨ªa, de nacionalidad marroqu¨ª, casi todas empadronadas¡ª habitando un espacio compuesto por una antigua granja, un almac¨¦n y varias chabolas. ¡°Viven con mucha incertidumbre y nervios, porque muchos no tienen alternativa. Otros est¨¢n buscando soluciones, pero no es nada f¨¢cil¡±, sostiene Daniel Izuzquiza, responsable del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) en la provincia almeriense. La escasez de vivienda en la zona hace inviable que encuentren un hogar. El racismo inmobiliario lo complica m¨¢s. ¡°Nadie quiere alquilar a un marroqu¨ª¡±, lamentaba una de las personas de este asentamiento a EFE la semana pasada. De momento, el Ayuntamiento de N¨ªjar no ha ofrecido nada porque ¡°no dispone de viviendas¡±. ¡°Servicios Sociales actuar¨¢ bajo sus competencias, pero recuerdo que no es un desalojo, es un lanzamiento judicializado ajeno a la administraci¨®n local¡±, subraya la concejala ?ngeles G¨®ngora.

El procedimiento judicial que ha culminado en el desalojo arranc¨® hace a?os. La sentencia fue emitida el pasado 13 de febrero de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de Almer¨ªa y firmada por el juez Alberto S¨¢nchez del Olmo. Condenaba a dos personas ¡ªque ya no residen en este cortijo¡ª a dejar ¡°libre, vacua, expedita¡± la finca a su propietario, Adolfo G. Su ejecuci¨®n fue suspendida durante alg¨²n tiempo, sin que fuentes judiciales hayan podido aclarar las razones, pero finalmente se decidi¨® ejecutarla. ¡°Fue el d¨ªa 4 de febrero y hab¨ªa cinco d¨ªas para recurrirla. Sin embargo, los residentes recibieron la notificaci¨®n el d¨ªa 10, cuando ya no pod¨ªan hacer nada¡±, denuncian desde las entidades sociales, que destacan que los afectados no recibieron cartas certificadas, solo un papel debajo de la puerta. Al menos una veintena de ellos han presentado desde entonces instancias a los Servicios Sociales municipales para pedir que eval¨²en ¡°la situaci¨®n de extrema vulnerabilidad¡± en la que se encuentran y que se eviten ¡°situaciones de calle o desamparo como consecuencia del desalojo¡±, seg¨²n relatan esos documentos, a los que ha tenido acceso EL PA?S, aunque el municipio solo confirma uno. ¡°Nueve ni?os no son ninguna broma¡±, apunta Mar¨ªa Ruiz-Clavijo, del SJM, que podr¨¢ acoger a alguna de estas personas en sus instalaciones, mientras que otras seis pasar¨¢n a un alojamiento de Almer¨ªa Acoge. Para la mayor¨ªa, sin embargo, no hay soluci¨®n.

¡°Acto injusto e inhumano¡±

Tras conocer el aviso de desalojo, esta y otras organizaciones sociales contactaron con representantes municipales para abordar la situaci¨®n, ¡°sin conseguir una cita¡±, como destaca el Defensor del Pueblo Andaluz. El organismo conoci¨® lo que ocurr¨ªa de manera oficial el pasado jueves 20 de febrero cuando Maeztu se encontraba casualmente en Almer¨ªa. Su equipo recab¨® desde entonces la informaci¨®n para componer una imagen general, hablando tanto con las ONG como con el propio ayuntamiento. En el documento que envi¨® al municipio este lunes, el defensor hace tres recomendaciones principales con ¡°car¨¢cter urgente y preferente¡±. Primero, que N¨ªjar adoptase todas ¡°las medidas necesarias¡± para valorar la situaci¨®n de los residentes en el asentamiento. Segundo, que eviten que esas personas queden en la calle y que, para ello, se coordinen con otras administraciones. Y, tercero, que las actuaciones se realicen de la mano de las asociaciones que trabajan en la zona. Fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz explican que el ayuntamiento est¨¢ ahora obligado a responder estos requerimientos y que tiene varias semanas para hacerlo, ¡°pero por la urgencia del caso deber¨ªan dar respuesta y soluci¨®n m¨¢s r¨¢pida¡±.

La plataforma Derecho a Techo, formada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y pol¨ªticas de Almer¨ªa, ha criticado que tanto ayuntamiento, como Junta de Andaluc¨ªa y Gobierno central y la patronal agr¨ªcola permitan este desalojo y sean ¡°c¨®mplices de este acto injusto e inhumano¡±. Por eso, exige que ¡°este nuevo atentado contra estas personas y sus familias no se produzca¡± y que el desalojo se paralice, m¨¢s a¨²n cuando las ¨²ltimas medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados prohib¨ªan, hasta diciembre de 2025, los desahucios a las familias vulnerables sin alternativa habitacional.

La plataforma, que ha anunciado movilizaciones para el pr¨®ximo 13 de abril en N¨ªjar por el derecho a una vivienda digna, se?ala adem¨¢s, como agravante, que el consistorio cuente con 62 viviendas ¡ªy unas 160 plazas¡ª equipadas desde hace meses. Eran, en teor¨ªa, la alternativa principal para quienes fueron desalojados, hace dos a?os, de otro asentamiento, conocido como Walili, pero hoy siguen vac¨ªas. ¡°Demuestra un inter¨¦s nulo por evitar el sinhogarismo¡±, subrayan desde las ONG. ¡°Desde que se inici¨® el proceso judicial hemos colaborado con todo lo que se nos ha pedido¡±, responden desde el ayuntamiento. La concejala de Servicios Sociales, ?ngeles G¨®ngora, afirma que estos alojamientos ¡ªcuya apertura se ha anunciado en varias ocasiones sin que finalmente se realice¡ª ¡°est¨¢n pendientes de una cesi¨®n para que sean gestionados por una entidad¡± (el SJM se ofreci¨® a hacerlo, sin ¨¦xito) y que est¨¢n sujetos al Plan Local para la Erradicaci¨®n de Asentamientos Chabolistas aprobado el verano pasado (que se suma a otro plan auton¨®mico que est¨¢ en fase de elaboraci¨®n). Su presupuesto, de unos 200.000 euros, se ha dedicado principalmente a pagar derribos.