Juicio por una estafa a familias en la adopci¨®n de ni?os del Congo

Berta Rubio y su pareja ya se hab¨ªan hecho a la idea. M¨¢s que eso: hab¨ªan puesto nombre y rostro a esa idea. La ni?a que les hab¨ªa sido asignada como padres adoptivos, a la que hab¨ªan contemplado en fotograf¨ªas de su residencia en Kinshasa, se llamaba Benny. Pero la peque?a jam¨¢s lleg¨® a Sabadell (Barcelona). ¡°No pudimos adoptarla. Un d¨ªa, nos llam¨® la Generalitat y nos dijo que el Congo hab¨ªa dicho que no¡±, declar¨® ayer Rubio, una de las 10 afectadas por una presunta estafa perpetrada a costa de adopciones internacionales en ?frica.

Las dos m¨¢ximas responsables de la Asociaci¨®n de Adopci¨®n de Ni?os del Congo (ADIC), Maria Cintia Andreu y Anna Mar¨ªa Sol¨¦, se sentaron en el banquillo de los acusados por un delito de estafa. La fiscal¨ªa cree que se apropiaron del dinero que una decena de familias pagaron a ADIC para tramitar las adopciones. Rubio y su pareja abonaron, en tres pagos, 10.700 euros para traer a Benny a Espa?a. Seg¨²n la fiscal, que pide cuatro a?os de c¨¢rcel para cada una de las acusadas, lograron el dinero ¡°mediante la promesa de lograr la adopci¨®n de un menor (...) pese a ser conscientes de la imposibilidad de llevarla a cabo¡±.

Andreu, exdirectora nacional, y Sol¨¦, expresidenta, negaron tajantemente las acusaciones. ¡°No solo no me qued¨¦ dinero, sino que puse de mi bolsillo¡±, aleg¨® Andreu, que era la encargada de reunirse con las familias y de procurar que ¡°no les faltara de nada¡± a las dos ¡°casas cuna¡± que ADIC gestionaba en ?frica a trav¨¦s de entidades locales: una en Kinshasa (Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo) y otra, en Brazzaville (Congo). Andreu viaj¨® a esos pa¨ªses con ¡°dinero en efectivo¡± de la entidad, pero justific¨® ¡°los gastos¡±, seg¨²n su versi¨®n.

Adem¨¢s de las aportaciones de las familias interesadas en adoptar a un menor, la ADIC recibi¨® una subvenci¨®n de la Generalitat de 126.000 euros. Las acusadas defendieron que destinaron todo ese dinero a gastos del proyecto: el mantenimiento de las residencias y el pago de salarios. ¡°Los ni?os ven¨ªan muy enfermos¡±, relat¨® Andreu.

El jefe policial que dirigi¨® la investigaci¨®n detall¨®, en el juicio, que detect¨® irregularidades al analizar los movimientos bancarios de la ADIC. La sede de la entidad, en Sabadell, era propiedad de una empresa de Sol¨¦, que percibi¨® 25.000 euros por el alquiler. Tambi¨¦n figuraba un cheque de 5.000 euros, seg¨²n el jefe policial, destinado a un juez de Congo por ¡°gestiones judiciales¡±.

La asociaci¨®n estuvo operativa apenas medio a?o, en 2006. Las acusadas lograron cerrar la adopci¨®n de una veintena de menores en las primeras semanas. Y aprovecharon esa credibilidad, seg¨²n la fiscal, para ¡°dise?ar un plan¡± que les permitiera lucrarse. Usaron, para ello, ¡°documentaci¨®n alterada¡± sobre los menores. Esa es, de hecho, una de las claves del caso, ya que la fiscal¨ªa cree que algunos de esos ni?os no estaban, en realidad, en situaci¨®n de desamparo. La fiscal pregunt¨® a Andreu si hizo fotos a ni?os con padres biol¨®gicos para ofrecerlos en adopci¨®n. La exdirectora lo neg¨®: ¡°Estoy convencida de que, cuando entraban en las casas, estaban abandonados. Nadie los reclam¨®¡±.

Las acusadas alegaron que eran los orfanatos p¨²blicos de los dos pa¨ªses los que decretaban la situaci¨®n de desamparo. Y que esa documentaci¨®n era enviada y avalada posteriormente por la Generalitat. El organismo del Gobierno catal¨¢n que gestiona las adopciones figura como responsable civil en la causa, aunque lo cierto es que a la mayor¨ªa de familias ya se les ha devuelto el dinero que pagaron por la tramitaci¨®n, y que en general ronda los 10.000 euros. ¡°La ADIC nos prometi¨® que tendr¨ªamos ¨¦xito... Ya hemos pasado p¨¢gina¡±, declar¨® Rubio.