Los espa?oles ante el aborto (1976-2013)

Humildad, respeto y tolerancia: estos son los rasgos que de forma pr¨¢cticamente un¨¢nime los espa?oles desear¨ªan ver predominar en nuestra vida p¨²blica. As¨ª, el 88% afirma que nadie est¨¢ en posesi¨®n de la verdad ni tiene derecho a decir a los dem¨¢s c¨®mo deben pensar o c¨®mo tienen que vivir; el 98% cree que cada uno puede pensar lo que quiera, siempre que respete las ideas de los dem¨¢s y no trate de imponer las suyas; y el 89% concluye que para que nuestro pa¨ªs vaya bien ¡°lo m¨¢s importante es que todos respetemos las ideas y formas de vivir de los dem¨¢s, siempre que est¨¦n dentro de la ley¡±. Nunca antes en su historia nuestra sociedad hab¨ªa metabolizado tan plenamente como ahora la idea de que la convivencia en libertad, concordia y paz solo es posible si el estricto respeto a la ley (es decir, a las reglas que para la vida colectiva nos damos a nosotros mismos) se combina con todo el pluralismo de valores, de ideas y de estilos de vida que una convivencia democr¨¢tica puede albergar (y que no es precisamente poco).

Quiz¨¢ por ello nuestra ciudadan¨ªa lleva tan mal la sobreactuada y a veces ofensiva exageraci¨®n con que propenden a abordar cuestiones complejas y delicadas quienes, por su posici¨®n institucional, parecer¨ªan llamados m¨¢s bien a propiciar el entendimiento y la concordia. El caso del aborto es, en este sentido, paradigm¨¢tico. Nuestra sociedad se acerca a este tema ¡ªdesde hace ya casi medio siglo¡ª con una actitud compasiva y serena, que contrasta fuertemente con la r¨ªgida dureza por la que ha optado en cambio la jerarqu¨ªa cat¨®lica (y, en su estela, algunos pol¨ªticos).

Ya en 1976, una mayor¨ªa clara de espa?oles (incluso de cat¨®licos practicantes) consideraba que deb¨ªa permitirse la interrupci¨®n del embarazo cuando el feto presente una malformaci¨®n grave. No deja de resultar parad¨®jico que precisamente este concreto caso (al que el neurocirujano Javier Esparza dedicara en estas p¨¢ginas, en julio de 2012, un texto memorable: ¡°Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento¡±) sea cuestionado ahora en la reforma que se prepara. Conviene en todo caso subrayar la significaci¨®n de este primer dato, obtenido hace 37 a?os cuando la presi¨®n ambiental del nacional-catolicismo franquista ¡ªque eso s¨ª que era, por cierto, coacci¨®n ambiental¡ª apenas si hab¨ªa empezado a atenuarse y cuando las leyes penales segu¨ªan castigando severamente el aborto (con una sola excepci¨®n que hoy resulta sonrojante por su descarada hipocres¨ªa: el ¡ªas¨ª definido¡ª aborto honoris causa, realizado para preservar la honra de la encausada y siempre que se probara que esta ten¨ªa realmente honra que proteger).

El 88% opina que nadie puede decir a los dem¨¢s c¨®mo deben pensar

Ya en 1983, cuando el primer Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez plante¨® la despenalizaci¨®n de algunos supuestos de aborto, el 64% de los espa?oles se mostr¨® partidario de que esa legalizaci¨®n fuera total y solo un 24% consider¨® que la interrupci¨®n voluntaria del embarazo deb¨ªa seguir estando penada sin excepciones. Es decir, nuestra sociedad ten¨ªa ya claro que una cosa es que el aborto sea o no pecado, o moralmente aceptable o condenable, y otra muy distinta que deba ser delito. En 1985, vigente ya la reforma del C¨®digo Penal, el apoyo social a los supuestos despenalizados fue masivo. Tan solo entre los votantes del PP (y quiz¨¢, al menos en parte, por lealtad a la posici¨®n mantenida entonces por su partido en este asunto) m¨¢s de la mitad se declararon opuestos a la reforma (que, con todo, fue apoyada por una sustancial tercera parte).

Dos tercios de los ciudadanos estaban por la legalizaci¨®n total en 1983

Desde entonces, el tema del aborto ha perdido relevancia y virulencia en el debate social cotidiano. Sigue siendo, en todo caso, una de esas cuestiones cuya intr¨ªnseca complejidad propicia un cierto grado de labilidad en las opiniones, seg¨²n cu¨¢l sea el concreto ¨¢ngulo desde el que se aborde su consideraci¨®n. Por ejemplo, el 75% de todos los espa?oles (e incluso el 57% de los votantes del PP) piensa que la mujer tiene derecho a decidir libremente si desea o no seguir con un embarazo sin temor a sanci¨®n penal alguna. Tan solo un 17% (29% entre los votantes del PP) afirma en cambio que quien aborta comete un delito que debe ser legalmente penado. O lo que es igual, cuando se relaciona la interrupci¨®n del embarazo con el derecho de la mujer a disponer libremente de su propio cuerpo, la respuesta ciudadana favorable a la total despenalizaci¨®n del aborto es inequ¨ªvoca. Sencillamente, as¨ª planteado el caso, tres de cada cuatro espa?oles se resisten a aceptar que, por estar embarazada, el Estado pueda ¡°expropiar¡± a la mujer su plena capacidad de decisi¨®n sobre su propia corporeidad por una supuesta colisi¨®n de sus derechos con los de alguien que a¨²n no es, por m¨¢s que finalmente pueda llegar a ser (y a este respecto, perm¨ªtaseme recomendar un segundo texto memorable: ¡°El roble, la bellota y el aborto¡±, del profesor Jes¨²s Moster¨ªn, publicado tambi¨¦n en estas p¨¢ginas).

En la actualidad, solo un 10% cree que la interrupci¨®n debe estar penada

Los ¨²ltimos datos de opini¨®n disponibles, obtenidos hace solo unos d¨ªas, invitan por ¨²ltimo a concluir que el ministro de Justicia como m¨ªnimo exagera, y notablemente, al afirmar que la reforma del aborto que prepara responde a ¡°un mandato de los ciudadanos¡±. La realidad es m¨¢s bien que en el momento actual solo un 10% de los espa?oles (y solo un 26% de los cat¨®licos practicantes) cree que el aborto deba ser considerado siempre como delito y que el resto se divide entre una mayor¨ªa relativa (46%) partidaria de que se mantenga el actual sistema de plazos y un porcentaje cercano (41%) que preferir¨ªa volver al anterior sistema de supuestos. Tan solo entre los votantes del PP existe una mayor¨ªa clara (61%) favorable al sistema de supuestos, si bien una apreciable fracci¨®n (22%) no reclama cambio alguno.

Jos¨¦ Juan Toharia, es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa y presidente de Metroscopia.