El imposible suicidio de Alda Gross

Hace casi una d¨¦cada que Alda Gross quiere poner fin a sus d¨ªas. Tiene 82 a?os y lleva seis batallando legalmente con la Administraci¨®n suiza para hacer efectivo su derecho a decidir c¨®mo y cu¨¢ndo morir. Desea recurrir al suicidio asistido --que contempla la legislaci¨®n suiza-- y que un m¨¦dico le recete una dosis letal de un f¨¢rmaco. Pero Gross est¨¢ sana, solo tiene los achaques propios de la vejez, por lo que ning¨²n sanitario ha querido prescribirle el medicamento que necesita. La regulaci¨®n suiza es tan abstracta que, aunque admite el suicidio asistido, no establece pautas sobre qui¨¦n, c¨®mo y cu¨¢ndo se puede recurrir a ¨¦l, por lo que los m¨¦dicos rechazan decenas de casos por las posibles consecuencias. Esta falta de directrices oficiales, seg¨²n el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desprotege a m¨¦dicos y ciudadanos. Estrasburgo conden¨® ayer a Suiza porque la ambig¨¹edad de su legislaci¨®n ha vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar de Gross, y le ha provocado una ¡°angustia considerable¡±.

La mujer, de 82 a?os, mantiene la intenci¨®n de poner fin a su vida asistida por un sanitario

La mujer, que tras agotar las instancias judiciales en su pa¨ªs decidi¨® recurrir a la justicia europea, todav¨ªa no ha logrado su objetivo. El Tribunal de Estrasburgo no se pronuncia sobre el fondo de la cuesti¨®n. Los jueces argumentan que es competencia de Suiza decidir si se le debe proporcionar a la mujer el f¨¢rmaco que necesita para poner fin a sus d¨ªas. Aunque s¨ª instan a la Administraci¨®n suiza a ¡°emitir directrices claras y completas sobre la cuesti¨®n¡±. ¡°Suiza tendr¨¢ que cambiar su ley. Hay contradicciones entre la regulaci¨®n y los derechos humanos y eso est¨¢ provocando que los m¨¦dicos se sientan inseguros y que los ciudadanos queden al descubierto¡±, apunta Frank Petermann, el abogado de Gross. Est¨¢ especializado en derecho sanitario, y asegura que este no es el ¨²nico caso similar que lleva. Suiza tiene tres meses para recurrir la sentencia, que no contempla indemnizaci¨®n alguna para la demandante.

Gross, mientras tanto, prefiere guardar silencio. Debe analizar las implicaciones de una sentencia ¡°important¨ªsima para ella¡±, transmite su abogado. ¡°Su intenci¨®n y su deseo de poner fin a sus d¨ªas sigue siendo el mismo¡±, informa Petermann. Lo lleva intentando desde 2005, cuando intent¨® suicidarse por sus propios medios. No lo consigui¨®, y tras lo ocurrido, recibi¨® tratamiento psiqui¨¢trico. Ayuda que, como indica en la demanda presentada en Estrasburgo, no alter¨® sus deseos de morir. Segu¨ªa insistiendo en que su estado era cada vez m¨¢s fr¨¢gil, que ya no pod¨ªa dar largos paseos y que no estaba dispuesta a seguir sufriendo la merma de sus capacidades f¨ªsicas y mentales.

Los jueces no entra en el fondo del tema y apuntan que solo compete a Suiza decidir si asiste a la mujer

Sin embargo, la mujer ten¨ªa p¨¢nico a las consecuencias que otro intento fallido de poner fin a su vida pod¨ªan acarrearle: quiz¨¢ una incapacidad mucho peor. Por eso intent¨® hacerlo recurriendo primero a la organizaci¨®n especializada Exit y despu¨¦s a varios m¨¦dicos. Todo sin ¨¦xito. Como no sufr¨ªa ninguna enfermedad terminal, los facultativos rechazaron proporcionarle el f¨¢rmaco que necesitaba. ¡°Los m¨¦dicos tienen miedo a las consecuencias que puede tener para ellos atender a una persona como Gross¡±, dice su abogado. Tampoco las autoridades sanitarias del cant¨®n de Zurich, donde vive, le dieron respuesta.

El C¨®digo Penal suizo no reprime la asistencia al suicido excepto cuando el autor de estos actos se conduce por ¡°motivos ego¨ªstas¡±. Seg¨²n su jurisprudencia, un m¨¦dico puede prescribir un medicamento letal para ayudar a un paciente a suicidarse si se dan ciertas condiciones espec¨ªficas indicadas en las directivas ¨¦ticas adoptadas por la Academia Suiza de Medicina. El paciente debe, eso s¨ª, haber tomado su decisi¨®n de manera meditada y en plenas condiciones; y los m¨¦dicos deben proporcionarle todas las opciones previas disponibles.

Sin embargo ¡ªaunque cada cant¨®n de Suiza puede dictar condiciones particulares¡ª esas directrices ¨¦ticas no tienen rango de ley, y no se suelen aplicar a pacientes que no padezcan una enfermedad terminal. Como Gross, que est¨¢ perfectamente sana. El Gobierno suizo no ha entrado a reglamentar el suicidio asistido ¡ªal que a pesar de esto recurren unas 300 personas al a?o¡ª. Y esa falta de concreci¨®n y pautas definidas por ley pudieron tener, para Estrasburgo, ¡°un efecto disuasorio sobre los m¨¦dicos, que podr¨ªan de otro modo haberse inclinado por aceptar la petici¨®n¡± de la mujer.

La falta de pautas oficiales desprotege a los m¨¦dicos y a los ciudadanos

¡°Esta incertidumbre sobre el resultado de su solicitud ha debido causar a Gross una angustia considerable en un aspecto particularmente importante para su vida. Esto no se habr¨ªa producido si hubiese habido directrices claras y aprobadas por el Estado que definan las circunstancias en las que los m¨¦dicos est¨¢n autorizados a emitir una receta a una persona que ha tomado libremente la decisi¨®n de poner fin a sus d¨ªas sin padecer una enfermedad terminal¡±, dicen los jueces.

La sentencia de Estrasburgo llega en un momento en el que varios pa¨ªses de Europa abordan el suicidio asistido y la eutanasia. En 2011, Suiza ya rehus¨® establecer una reglamentaci¨®n m¨¢s concreta, del estilo de la holandesa ¡ªque pauta esta pr¨¢ctica y tambi¨¦n la eutanasia en centros p¨²blicos y privados¡ª, pero otros pa¨ªses, como Francia, han puesto sobre la mesa proyectos de regulaci¨®n. Espa?a hace a?os que dej¨® sus intenciones en un caj¨®n. La ley socialista de muerte digna, que ni siquiera recog¨ªa el suicidio asistido ¡ªpenado por ley¡ª pero que ordenaba otras cuestiones, nunca lleg¨® a tramitarse.