Universidad: ¡®certezas¡¯ arriesgadas
Dedicar eficientemente recursos humanos y materiales a una tarea requiere una idea clara sobre el servicio que se presta. En el ¨¢mbito de la Universidad p¨²blica, debemos precisar por qu¨¦ modelo optamos, basando nuestro diagn¨®stico en datos contrastados, y procurando evitar esl¨®ganes y prejuicios, por mucho que su repetici¨®n jaculatoria pueda satisfacer a algunos. En los ¨²ltimos dos a?os, lejos de esta actitud deseable, nos encontramos recortes irreflexivos y normativas limitadoras que est¨¢n poniendo en riesgo estructural serio a la Universidad, sin que el da?o causado se pueda justificar por los ahorros producidos, salvo que el objetivo sea el da?o mismo. Hay que saludar que el Ministerio de Educaci¨®n quiera hablar con las universidades antes de abordar la reforma anunciada. Esta es la f¨®rmula de trabajo correcta, que nunca debi¨® abandonarse. Sucede, sin embargo, que la reforma se ha iniciado ya de forma encubierta con un ataque deliberado y sin precedentes al colectivo de profesores e investigadores universitarios; especialmente a los m¨¢s j¨®venes con vocaci¨®n profesional acad¨¦mica y con expectativas leg¨ªtimas de acceder y progresar en ella.
Durante el per¨ªodo 2011-2020 la Universidad perder¨¢ por jubilaci¨®n al 25% de su profesorado estable de continuar las actuales restricciones, con un envejecimiento de las plantillas del todo inexplicable y extra?o a las estructuras acad¨¦micas de nuestros pa¨ªses de referencia. Si esto es lo que se busca, que se reconozca y se asuman las consecuencias sobre la educaci¨®n superior y la investigaci¨®n en Espa?a.
Fuentes del ministerio, por ejemplo, han expresado su ¡°alarma¡± porque la Aneca haya acreditado en cinco a?os a unos 13.500 profesores e investigadores (un 75% de los solicitantes), que as¨ª tienen opci¨®n a promocionar o acceder a la carrera de profesor universitario. Se ha afirmado fr¨ªvolamente que las acreditaciones son ¡°un coladero¡±. Siendo admisible cualquier propuesta de mejora fundamentada, este diagn¨®stico evita la evidencia, f¨¢cil de colegir, de que son precisas unas 16.000 acreditaciones cada quinquenio para mantener el n¨²mero de efectivos y las estructuras de plantillas que ten¨ªamos en 2008, despu¨¦s del tremendo par¨®n que en su d¨ªa supusieron las habilitaciones nacionales. Lejos de ser un coladero, la Aneca ha permitido elevar el nivel general de la Universidad p¨²blica, mejorado la igualdad de oportunidades, y de hecho no ha podido trabajar lo suficientemente r¨¢pido para el sistema.
Por ese motivo, es justo y leg¨ªtimo que las universidades en su propio inter¨¦s, y los casi cuatro mil acreditados que esperan la convocatoria de plazas en toda Espa?a, reclamen una oportunidad. No pedimos, como se ha dejado entrever maliciosamente, que se les garantice una plaza de profesor, convocada a su medida. Tan solo exigimos que tengan la posibilidad de optar a ella. Si el conflicto de los acreditados sin oportunidades ni esperanzas no ha estallado a¨²n es por la comprensi¨®n de estas personas, que entienden las demoras en circunstancias dif¨ªciles. Pero el bloqueo ni puede ni debe prolongarse m¨¢s, so pena de que la ¡°reforma universitaria¡± tenga que hacerse finalmente sobre ruinas.
Antonio Ram¨ªrez de Arellano es rector de la Universidad de Sevilla.
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