Los servicios sociales se debilitan a medida que arrecia la crisis

Cuando m¨¢s imprescindibles son, cuando son m¨¢s los espa?oles con graves problemas como consecuencia de la crisis, los servicios sociales empeoran, muestran un d¨¦bil nivel de desarrollo y una ¡°extraordinaria diversidad de cobertura, esfuerzos y derechos garantizados¡± en las distintas comunidades aut¨®nomas. Seis autonom¨ªas suspenden en su cobertura social, dos m¨¢s que el a?o pasado, es decir, tienen un ¨ªndice de desarrollo en servicios sociales irrelevante. El estudio DEC, en el se que comparan las prestaciones de las autonom¨ªas en esta materia, y que elabora la? Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales muestra que Galicia y Andaluc¨ªa se han sumado en esta ocasi¨®n a la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia, que ya obtuvieron mala nota el a?o anterior.

¡°Resulta muy preocupante este desarrollo tan d¨¦bil de los servicios sociales cuando son tan necesarios para abordar la grav¨ªsima situaci¨®n en la que se encuentran cientos de miles de personas y familias afectadas por la crisis¡±, refleja el documento. El informe revela una ca¨ªda del gasto social en las autonom¨ªas de 478 millones de euros entre 2009 y 2012, un 3,78%. "Es una incongruencia que se recorte en pol¨ªticas sociales en tiempos de crisis; es como si en medio de una epidemia se ahorrara en sanidad", ha comentado Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez en la presentaci¨®n del estudio este mi¨¦rcoles en Madrid.

El ¨ªndice DEC (derechos, econom¨ªa, cobertura) se elabora a partir de informaci¨®n oficial que proporcionan las comunidades o el Gobierno y se estructura en tres categor¨ªas. Por un lado, las leyes de nueva generaci¨®n que se hayan aprobado, es decir, aquellas que garantizan como derecho subjetivo y reclamable en tribunales una cobertura concreta al ciudadano. Por otro, el gasto consolidado en servicios sociales por habitante y a?o, y su porcentaje en relaci¨®n al PIB de cada comunidad.

En tercer lugar (y el que m¨¢s peso tiene en la calificaci¨®n final, con 5 de los 10 puntos) se encuentra la cobertura en servicios sociales. Para ello se tiene en cuenta criterios como el n¨²mero de trabajadores de los centros sociales b¨¢sicos, el desarrollo de la ley de dependencia, las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n que reciben los ciudadanos m¨¢s pobres, las plazas de residencia disponibles, la ayuda a domicilio y su intensidad en horas de cuidados, acogimientos familiares para menores en situaci¨®n de desamparo, plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas y en centros para albergar a personas sin hogar.

La Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid, Murcia,? Galicia y Andaluc¨ªa tienen un nivel irrelevante de desarrollo de los servicios sociales

El informe incorpora an¨¢lisis detallados por autonom¨ªas. A la Comunidad Valenciana (0,6 puntos sobre 10) le penaliza su falta de personal en servicios sociales, su pobre aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia o la baja cobertura en las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n. A Canarias (2 sobre 10) le perjudica especialmente la ca¨ªda en el gasto social de los ¨²ltimos a?os: un retroceso del 18,5% entre 2009 y 2012. En el caso de Madrid (2,75), los malos resultados obedecen a que se encuentra por debajo del gasto medio por habitante y a la necesidad de una nueva ley "que garantice los derechos de los ciudadanos".

Escasamente dotadas, sin un marco estatal que garantice los derechos y sin financiaci¨®n asegurada por los presupuestos del Estado, la aguda recesi¨®n que sufre Espa?a ha puesto contra las cuerdas la capacidad de respuesta de la atenci¨®n social. El documento resume esta descripci¨®n con lo sucedido con el sistema de atenci¨®n a la dependencia: ¡°La crisis econ¨®mica, con su profunda afectaci¨®n al gasto p¨²blico, ha supuesto una s¨²bita paralizaci¨®n del desarrollo de los servicios sociales, particularmente m¨¢s acusado en su referencia estatal m¨¢s emblem¨¢tica: la dependencia¡±.

El informe apunta distintos ejemplos para ilustrar las desigualdades de atenci¨®n entre autonom¨ªas, que puede llegar a ser abismal. Mientras en Navarra hay un trabajador social municipal por cada 814 habitantes, en Madrid hay uno por 6.557 vecinos. En La Rioja hay 2,44 plazas en una residencia de mayores p¨²blica por cada 100 mayores, frente a 0,57 en Galicia. Respecto a la Ley de Dependencia, su cobertura es del 2,28% de la poblaci¨®n en La Rioja y del 0,83 en la Comunidad Valenciana.

?A qu¨¦ se deben estas diferencias tan extremas? En buena parte a la disparidad en el gasto, unas diferencias ¡°que se van incrementando¡±. La brecha entre quien m¨¢s gasta en servicios sociales por habitante y a?o (Pa¨ªs Vasco, 796 euros ) y quien menos (Baleares, 76 euros) representa un escal¨®n de 10 veces m¨¢s. ¡°?Qu¨¦ igualdad puede existir en esta materia entre quienes habitan en uno u otro territorio?¡±, se preguntan los autores del trabajo.

En todo caso, el documento pone el acento en que el ¨¦xito en el desarrollo de los servicios sociales no solo depende del dinero que se destine a potenciar estos recursos. Ni Navarra ni La Rioja destacan por destinar un elevado porcentaje de su PIB a esta parcela, y sin embargo, sus resultados son destacados. En el otro extremo, Extremadura es la segunda autonom¨ªa que destina m¨¢s dinero a los servicios sociales (un 2,2% de su PIB)? y, sin embargo, est¨¢ por detr¨¢s de Castilla y Le¨®n (1,28% del PIB) o Asturias (1,59%) en atenci¨®n social

La clave de la eficacia y la eficiencia, m¨¢s all¨¢ de contar con una suficiente dotaci¨®n presupuestaria, est¨¢ ¡°en la descentralizaci¨®n y el protagonismo local¡± en la gesti¨®n de los servicios sociales. Ello, concluyen los autores del estudio, desmonta el mito de que centralizar el control de los servicios -hacia donde apunta la reforma de la Ley de R¨¦gimen Local- o considerar la mayor parte de estas prestaciones impropias de la gesti¨®n municipal es err¨®neo.