Google no quiere olvidar

Mientras los seres humanos olvidamos todos los d¨ªas cantidad de cosas, bien sea por voluntad, error o casualidad, Google no olvida nunca. Mario Costeja quiere olvidar, pero el buscador no le deja: cada d¨ªa le recuerda, si teclea su nombre, que hace a?os contrajo una deuda con la Seguridad Social que provoc¨® una subasta de sus propiedades, cuyo anuncio fue publicado por un diario en papel por orden del Ministerio de Trabajo. Cuando, a?os m¨¢s tarde, el diario digitaliz¨® sus contenidos, esa informaci¨®n empez¨® a aparecer en Google. El caso de Costeja, que pidi¨® a la editorial que cancelase sus datos (la deuda est¨¢ saldada y ya no tiene vigencia) y a Google que borrase el resultado que le vincula con el embargo por impago, ha llegado al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, despu¨¦s de la que Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) instase al gigante de Internet para que retirara ese resultado de su ¨ªndice y este recurriera la decisi¨®n ante la Audiencia Nacional.

Las conclusiones del Abogado General del tribunal europeo sobre el llamado ¡°derecho al olvido¡± ¡ªque no son vinculantes, pero ser¨¢n tenidas en cuenta para dictar sentencia dentro de unos meses¡ª han provocado gran revuelo. Este derecho no figura como tal en la directiva europea sobre protecci¨®n de datos, ni en la legislaci¨®n espa?ola. El abogado general opina que una autoridad nacional no puede obligar a un buscador a retirar de su ¨ªndice informaci¨®n de terceros, salvo si ha incumplido una orden del editor de la p¨¢gina web de origen para no mostrarla o almacenarla o no ha cumplido una solicitud para actualizar la memoria oculta (cach¨¦). El responsable de esa informaci¨®n sobre la base de la legislaci¨®n de protecci¨®n de datos no es el buscador sino el editor.

El abogado general afirma que solicitar a los buscadores que eliminen informaci¨®n leg¨ªtima y legal publicada por otros atentar¨ªa contra la libertad de expresi¨®n y equivaldr¨ªa a otorgar a los particulares potestad de censura. Si el contenido que se quiere borrar es il¨ªcito o inapropiado, ya no es un problema de protecci¨®n de datos. ¡°El tribunal suele seguir las opiniones del abogado en un 80% de los casos¡±, explica Rafael Garc¨ªa del Poyo, abogado socio de Osborne Clarke. Google ha recurrido ante la Audiencia Nacional todas las resoluciones contrarias a sus intereses emitidas por la AEPD. Fue este tribunal ¡ªque maneja unos 200 procedimientos¡ª el que, ante el alud de recursos, opt¨® por preguntar por esta cuesti¨®n a Luxemburgo.

Los afectados, como Costeja, sienten que su pasado les persigue, aunque ellos quieran dejarlo atr¨¢s. En su lucha para eliminar informaci¨®n que creen que les perjudica, han encontrado en muchos casos amparo en la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos. En otros, han acudido a los tribunales, que deben dilucidar si el derecho al respeto a la vida privada y familiar y a la protecci¨®n de datos prima sobre la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n y la libertad de empresa.

La AEPD sostiene que el abogado general ha pasado por encima de aspectos importantes. ¡°?Qu¨¦ pasa si el afectado no puede localizar al editor?¡±, se pregunta Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez, director de la agencia. ¡°?No es mucha carga ir fuente por fuente pidiendo que se elimine la informaci¨®n?¡±, abunda. Otro aspecto relevante del informe es que el abogado general considera que Google s¨ª est¨¢ sujeta a la normativa europea de protecci¨®n de datos, algo que la empresa rechaza.

¡°No estamos en contra del derecho al olvido, pero no somos propietarios de esa informaci¨®n¡±, argumenta una portavoz de la compa?¨ªa.

Estos son algunos de los casos de personas que buscaron amparo en la AEPD frente al gigante de Internet: algunos lo obtuvieron, otros no. Todos esperan poder teclear su nombre alg¨²n d¨ªa en Google y no sufrir un sobresalto. La sentencia del tribunal europeo marcar¨¢ el camino a seguir.

Un funcionario de prisiones temeroso de ETA. Un funcionario de prisiones acudi¨® a la AEPD para solicitar que Google dejara de difundir dos resoluciones publicadas en el BOE por la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias en 1998 y 1996, una de ellas relativa a una sanci¨®n disciplinaria que se le hab¨ªa impuesto. Los boletines oficiales, al digitalizarse, volcaron en Internet cantidad de informaci¨®n que hasta ese momento solo estaba disponible en archivos. Este funcionario estaba preocupado por el ¡°rechazo social¡± que pod¨ªa provocar que cualquiera pudiese saber que hab¨ªa sido sancionado y, tambi¨¦n, por el hecho de que ¡°elementos de la banda terrorista ETA¡± pudieran acceder a sus datos personales, dado que los funcionarios de prisiones eran un claro objetivo de la banda. Google contest¨® que no pod¨ªa retirar los datos, puesto que estos se encontraban en ¡°p¨¢ginas web de terceros¡±, pero la AEPD entendi¨® que exist¨ªan ¡°motivos fundados y leg¨ªtimos¡± y requiri¨® al buscador a retirar los datos de su ¨ªndice. Lo acab¨® haciendo el BOE, que excluy¨® la informaci¨®n de los resultados disponibles para el buscador.

Sentencia por da?ar la Cibeles. Un hombre acudi¨® a la AEPD molesto por la publicidad de una sentencia de un juzgado penal de Madrid en la que se le condenaba por un delito de da?os contra el patrimonio hist¨®rico por romper la mano de la estatua de la diosa Cibeles de Madrid. La sentencia, publicada en varios medios de comunicaci¨®n (entre ellos EL PA?S) segu¨ªa disponible en Google siete a?os despu¨¦s del incidente, cuando los antecedentes ya hab¨ªan sido cancelados.

El hombre solicit¨® la oposici¨®n al tratamiento de esos datos por parte de Google al alegar que esa informaci¨®n le estaba provocando da?os ¡°sociales y materiales¡±. La agencia estim¨® la reclamaci¨®n porque la situaci¨®n afectaba a la persona ¡°de manera fundada y leg¨ªtima¡±. ¡°Es necesario insistir en los efectos divulgativos multiplicadores que se producen a trav¨¦s de Internet y, en mayor medida, de los buscadores¡±, dice la resoluci¨®n. Google la recurri¨®. ¡°En ning¨²n caso se ha instado a esos medios de comunicaci¨®n a que boqueen la informaci¨®n, limiten su difusi¨®n o la excluyan de los buscadores¡±, argument¨® Javier Mart¨ªnez Baviere, de Pedro Alem¨¢n Abogados, uno de los letrados que representa a la compa?¨ªa.

V¨ªctima de violencia de g¨¦nero. Una mujer acudi¨® a la agencia en 2008 para solicitar a Google que eliminara enlaces de p¨¢ginas web de colegios e institutos en las que aparec¨ªan algunos de sus cuatro hijos por participar en actividades extraescolares, figurar en listas de aprobados de selectividad o como beneficiarios de una beca de comedor. ¡°Por motivos de seguridad con su exc¨®nyuge¡± la mujer no quer¨ªa que los nombres y la direcci¨®n de la familia apareciesen en el buscador. Google aleg¨® que la reclamaci¨®n, en todo caso, deb¨ªa ir dirigida a su matriz (Google Inc.), algo que la compa?¨ªa reitera siempre, puesto que considera que es esta la responsable del servicio de b¨²squeda.

Google Inc. contest¨® a la afectada que la ¨²nica v¨ªa era acudir al responsable del sitio web para instar ah¨ª la cancelaci¨®n de sus datos o la limitaci¨®n de los efectos de la publicaci¨®n de forma que los motores de b¨²squeda no los indexen. El problema se solucion¨® sin la intervenci¨®n de Google, ya que los administradores de esas p¨¢ginas editaron o suprimieron la informaci¨®n por su cuenta.

Imputado en una trama de corrupci¨®n. En 2011 la agencia tuvo que pronunciarse sobre la petici¨®n de un ciudadano para que Google eliminara de sus resultados los enlaces a varias p¨¢ginas web que conten¨ªan noticias publicadas en distintos medios de comunicaci¨®n en las que figuraba como imputado en una trama de corrupci¨®n. La AEPD desestim¨® la solicitud al considerar que el caso era de claro inter¨¦s p¨²blico y el implicado no hab¨ªa podido acreditar que las informaciones fueran inexactas o hubieran quedado obsoletas.

Relaciones con el narcotr¨¢fico. Un empresario recurri¨® a la agencia porque Google no accedi¨® a eliminar varios enlaces a una noticia de un medio colombiano en relaci¨®n a la lista Clinton de empresas asociadas con el narcotr¨¢fico que actuaban como testaferros. La Agencia tambi¨¦n desestim¨® la petici¨®n por tratarse de informaciones de relevancia p¨²blica y no obsoletas.