La reforma de r¨¦gimen local deja en el aire 70.800 empleos sociales

Unos 70.800 empleos en servicios sociales, 2,6 millones de beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la familia, inserci¨®n social, albergues para inmigrantes, comedores) o 30.000 plazas en residencias de mayores est¨¢n en el aire como consecuencia de la reforma de la Administraci¨®n local, una ley que el Gobierno prev¨¦ aprobar en breve. El sector ya ven¨ªa avisando de que esta reforma aboca a la privatizaci¨®n o cierre de estos servicios que prestan los Ayuntamientos. Ahora, un sencillo pero exhaustivo c¨¢lculo, basado en documentos oficiales sobre presupuestos, plazas residenciales, empleo y usuarios, viene a poner cifras a ese riesgo a¨²n incierto.

La norma contempla retirar las competencias en servicios sociales a las entidades locales ¡ªlas que conocen m¨¢s a fondo las necesidades de los vecinos y prestan una atenci¨®n m¨¢s cercana¡ª y trasladar la responsabilidad de la asistencia a las autonom¨ªas.

Ese tr¨¢nsito de titularidad se producir¨¢ en un momento econ¨®mico especialmente delicado para las comunidades aut¨®nomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, as¨ª que dif¨ªcilmente podr¨¢n encargarse de otros. Adem¨¢s, se desconoce cu¨¢les asumir¨¢n finalmente las autonom¨ªas, que tendr¨¢n que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cu¨¢les decidir¨¢n cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto p¨²blico sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.

¡°Las consecuencias no pueden ser m¨¢s graves¡±, advierte Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que teme ¡°el abandono de las personas y familias m¨¢s afectadas por la crisis, en unos momentos de aut¨¦ntica emergencia ciudadana¡± por un posible retroceso en las prestaciones. La asociaci¨®n apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal (que suponen 1.000 millones de euros al a?o, seg¨²n los datos del Plan Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ¨¢mbito local, hay 1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la tijera.

En la Secretar¨ªa de Estado de Servicios Sociales prefieren no pronunciarse sobre los efectos de la ley hasta que ¡°no est¨¦ aprobada y entre en vigor¡±, seg¨²n traslad¨® un portavoz a este diario.

Hasta ahora, los municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes ten¨ªan la responsabilidad de prestar servicios sociales. Y as¨ª lo han venido haciendo desde mitad de los ochenta. Las localidades han ido desplegando servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de apoyo a la familia, de prevenci¨®n e inserci¨®n social, comedores, servicios de atenci¨®n a la mujer, albergues de inmigrantes o cualquier otro recurso que consideraran necesario.

La ¨²ltima versi¨®n de la Ley para la Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local, con fecha de 15 de julio, elimina la responsabilidad de la prestaci¨®n de servicios sociales a los municipios, m¨¢s all¨¢ de los estrechos m¨¢rgenes de la ¡°evaluaci¨®n e informaci¨®n de situaciones de necesidad y la atenci¨®n inmediata a personas en situaci¨®n o riesgo de exclusi¨®n social¡±. Es decir, a poco m¨¢s que una ventanilla de derivaci¨®n. Aunque se deja la puerta abierta a delegar los servicios sociales a los municipios a criterio de la comunidad aut¨®noma.

Se trata, con todo ello, de ¡°evitar duplicidades administrativas¡± o ¡°contribuir a los procesos de racionalizaci¨®n administrativa, generando un ahorro neto de recursos¡±, una terminolog¨ªa que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendr¨ªa del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades aut¨®nomas no consideraran necesarios.

La ley concede un a?o para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales ¡°corresponde a las comunidades aut¨®nomas, que podr¨¢n establecer las medidas necesarias para la racionalizaci¨®n del servicio¡±. Es decir, la decisi¨®n de qu¨¦ servicios mantener depender¨¢ de unas autonom¨ªas obligadas a no rebasar el list¨®n de d¨¦ficit p¨²blico establecido.

A partir de datos p¨²blicos, la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto n¨²meros al impacto de la norma. Por ejemplo, los 70.817 puestos de trabajo en juego. O los dos grandes grupos de prestaciones municipales que est¨¢n en peligro: la ayuda a domicilio (un programa de apoyo a actividades diarias en el hogar que atiende a 648.738 personas) y el servicio de apoyo a la familia (un recurso que cuenta con 519.046 beneficiarios). Con el resto de actividades de prevenci¨®n e inserci¨®n social que desarrollan las entidades locales afectadas por el cambio legal se atiende a 1,4 millones de personas. A estos datos, que responden a la evaluaci¨®n del Plan Concertado de Servicios Sociales de 2011, habr¨ªa que a?adir las prestaciones de Navarra y Pa¨ªs Vasco, que no est¨¢n incluidas en este documento. Y otros servicios, como las residencias de mayores y los pisos tutelados gestionados por entidades locales, que ascienden a 32.440 plazas, seg¨²n el registro de centros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los gerentes de servicios sociales reclaman que la nueva ley de la Administraci¨®n local respete el peso de los municipios en la acci¨®n social. Y recuerdan que las autonom¨ªas con un sistema m¨¢s descentralizado son las que cuentan con una mayor eficiencia y eficacia en su oferta de prestaciones.