Madrid adjudica los hospitales sin esperar sentencia
El proceso est¨¢ recurrido en varios tribunales, incluido el Constitucional
El mayor plan de privatizaci¨®n de la gesti¨®n sanitaria emprendido en Espa?a, el que Madrid est¨¢ impulsando en seis de sus hospitales m¨¢s nuevos, se consolida en el mes de agosto pese a los m¨²ltiples recursos que esperan a que pasen las vacaciones en distintos juzgados de la capital. Con la adjudicaci¨®n definitiva, ayer, de los tres hospitales que faltaban (Infanta Sof¨ªa, en San Sebasti¨¢n de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla y el del Tajo, en Aranjuez) al grupo puertorrique?o Hima San Pablo se da por finalizado el proceso administrativo. Hacia finales de septiembre, si ning¨²n tribunal dice lo contrario, la gesti¨®n de la asistencia sanitaria de casi 1,2 millones de madrile?os pasar¨¢ efectivamente a manos privadas.
La Comunidad de Madrid ha decidido no esperar a ver qu¨¦ determina la justicia ¡ª¡°no podemos parar un procedimiento administrativo¡±, argument¨® ayer la viceconsejera, Patricia Flores¡ª y firmar las adjudicaciones, que han exigido que las tres empresas ganadoras del concurso depositaran avales por valor de 28 millones de euros. Cantidades que, seg¨²n recuerda Patricia Alonso, la portavoz de la asociaci¨®n de m¨¦dicos Afem, la m¨¢s activa en la marea blanca de protesta contra la privatizaci¨®n, ¡°podr¨ªan quedar en suspenso hasta que se resuelvan los procesos judiciales¡±. La Comunidad de Madrid asegura que ahorrar¨¢ 168 millones de euros al a?o. Pagar¨¢, durante 10 a?os, una c¨¢pita (cantidad por persona y a?o) de entre 448 y 549 euros. Asegura que es un 20% inferior a lo que cuestan ahora.
La marea blanca no solo ha estado activa en la calle, con continuas manifestaciones y actos de protesta desde que, en octubre pasado, se anunciara la intenci¨®n de entregar la gesti¨®n de seis hospitales y un n¨²mero indeterminado de centros de salud ¡ªlos primeros cuatro se podr¨ªan licitar este oto?o¡ª a empresas. Tambi¨¦n han llevado a los tribunales, a trav¨¦s de la oposici¨®n, sindicatos sanitarios y asociaciones de m¨¦dicos, sus objeciones al plan madrile?o: desde el Constitucional a los contencioso-administrativos, pasando por el Tribunal Europeo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que con mayor probabilidad deber¨¢ pronunciarse durante el mes de septiembre. A principios de mes admiti¨® a tr¨¢mite un recurso del Ayuntamiento de Parla, que argumenta que cedi¨® gratis una parcela municipal ¡ªvalorada en 29,5 millones de euros¡ª para construir en ella un hospital p¨²blico y que ahora el objeto de esa cesi¨®n ha cambiado. Exige una compensaci¨®n econ¨®mica o incluso poder revertir la cesi¨®n.
Otros recursos contencioso-administrativos tambi¨¦n est¨¢n en la agenda de septiembre del TSJM. Tiene que decidir sobre el recurso que present¨® el PSOE despu¨¦s de que se le denegara la legitimaci¨®n para llevar el asunto a los tribunales. Y tambi¨¦n debe pronunciarse sobre la petici¨®n de la asociaci¨®n de m¨¦dicos Afem de suspensi¨®n cautelar del proceso de privatizaci¨®n. Las dos organizaciones denunciaron que Sanidad redujo, mediante una correcci¨®n de errores publicada en el bolet¨ªn oficial, a una d¨¦cima parte la garant¨ªa que deben aportar las empresas para hacerse con las concesiones. El TSJM archiv¨® el recurso del PSOE sin estudiar el fondo del asunto.
Tambi¨¦n en septiembre est¨¢n llamados a declarar los imputados y los testigos de la querella que Afem present¨® en junio por delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n presuntamente cometidos por la c¨²pula sanitaria madrile?a (dos exconsejeros y dos actuales altos cargos) durante la primera ola privatizadora en Madrid, la que empez¨® en 2003 con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia. El magistrado ha pedido exhaustiva informaci¨®n mercantil y econ¨®mica que, seg¨²n la Consejer¨ªa de Sanidad, se le enviar¨¢ en breve.
Una de las consecuencias del plan de privatizaciones es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo de 5.200 sanitarios. El 60% de todos ellos son eventuales o interinos. El personal fijo, que supone otro 30% ¡ªel resto es personal laboral, que ser¨¢ subrogado¡ª, podr¨¢ elegir entre quedarse en su hospital bajo las ¨®rdenes de la empresa pero cobrando del Servicio Madrile?o de Salud, pedir una excedencia o reclamar el traslado a un centro de gesti¨®n p¨²blica. Patricia Flores explic¨® ayer que las concesionarias est¨¢n obligadas a ofrecer a los eventuales quedarse en sus puestos, pero en las condiciones que consideren oportunas. ¡°Estoy convencida de que ofertar¨¢n buenas condiciones para que se queden. La gesti¨®n solo les es rentable si fidelizan a los pacientes¡±, dijo.
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