El Gobierno aprueba la reforma que permite sancionar a gasolineras flotantes

El Gobierno ha introducido una serie de modificaciones en el r¨¦gimen sancionador de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para tipificar como infracci¨®n el 'bunkering', mediante el fondeo permanente de buques-tanque (gasolineras flotantes permanentes) o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.

El ministro de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente, Miguel Arias Ca?ete, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de esta iniciativa es el de "colmar una laguna legal" en las zonas de especial conservaci¨®n, donde se prohib¨ªan determinadas pr¨¢cticas pero no hab¨ªa una tipificaci¨®n sancionadora.

En este sentido, ha recordado que a partir de esta reforma, habr¨¢ un instrumento jur¨ªdico por el que se sancionar¨¢n estas pr¨¢cticas como "muy graves" en caso de que los da?os superen los 100.000 euros, y "graves" en el resto de los casos. "Se cierra el c¨ªrculo de poder aplicar procedimientos administrativos de sanci¨®n", ha se?alado.

Asimismo, ha matizado que esta propuesta afecta a "todas las zonas" de especial conservaci¨®n en Espa?a, y no ¨²nicamente al ¨¢rea del Estrecho, de manera que "no se discrimine positiva o negativamente" ning¨²n espacio en concreto.

Estos cambios se incluyen dentro del Proyecto de Ley de Evaluaci¨®n Ambiental, que ser¨¢ remitido a las Cortes tras su aprobaci¨®n hoy en Consejo de Ministros y que unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluaci¨®n ambiental estrat¨¦gica.

El Gobierno ha asegurado que con la nueva ley se mejoran los procedimientos de evaluaci¨®n ambiental "al evitar dilaciones de dif¨ªcil justificaci¨®n" desde el punto de vista ambiental. Las previsiones del Ejecutivo contemplan la creaci¨®n de unos 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad econ¨®mica de 1.000 millones de euros aproximadamente.

La normativa someter¨¢ tambi¨¦n por primera vez a evaluaci¨®n de impacto ambiental los proyectos que requieran la utilizaci¨®n de t¨¦cnicas de fracturaci¨®n hidr¨¢ulica o 'fracking'. De esta manera, el Gobierno entiende que al exigir "un elevado nivel de calidad" de los documentos y estudios ambientales sobre los que los ¨®rganos ambientales tienen que pronunciarse, se refuerza su "car¨¢cter preventivo" para la mitigaci¨®n de los impactos sobre el medio ambiente.

Por primera vez, adem¨¢s, el proyecto de ley introduce la obligaci¨®n de tener en consideraci¨®n en la evaluaci¨®n ambiental el cambio clim¨¢tico, para lo cual, deber¨¢n utilizarse las informaciones y las t¨¦cnicas que est¨¦n disponibles en cada momento.

Asimismo, se simplificar¨¢n los procedimientos de evaluaci¨®n ambiental estrat¨¦gica y de evaluaci¨®n de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminolog¨ªa.

El Gobierno considera "llamativas" las cifras de expedientes en tramitaci¨®n de evaluaci¨®n ambiental pendientes de resoluci¨®n. Se calcula que existen aproximadamente unos 10.000 expedientes en tramitaci¨®n en toda Espa?a, cuya duraci¨®n media en la Administraci¨®n General del Estado es de 3,4 a?os.

Seg¨²n ha explicado Arias Ca?ete, de esos 10.000 expedientes sin tramitar 780 corresponden al Gobierno a d¨ªa de hoy (1.119 expedientes en enero del a?o pasado). Respecto al plazo m¨¢ximo de tramitaci¨®n, la actual ley contemplaba dos a?os como m¨¢ximo y la reforma situar¨¢ este plazo en cuatro meses.

En esta misma l¨ªnea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha resaltado que esta propuesta "incrementa la seguridad jur¨ªdica" con una fijaci¨®n "m¨¢s clara y homog¨¦nea" de la regulaci¨®n. "Adem¨¢s, hay un intento de reducci¨®n de disparidad legislativa que genera muchos problemas a usuarios y agentes econ¨®micos por falta de claridad", ha apuntado.

Por ello, se determinar¨¢n con mayor precisi¨®n los tr¨¢mites de los procedimientos administrativos y se ajustar¨¢n los tiempos de tramitaci¨®n, especialmente en la evaluaci¨®n de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo ser¨¢ de 4 meses, evitando "dilaciones de dif¨ªcil justificaci¨®n desde el punto de vista ambiental".

El proyecto de ley tambi¨¦n establece un modelo b¨¢sico de evaluaci¨®n ambiental para lograr la homogeneizaci¨®n de la normativa en esta materia en todo el territorio nacional.

En consideraci¨®n a su complejidad t¨¦cnica, se proporciona a las Comunidades Aut¨®nomas un plazo de un a?o para adaptarse a sus preceptos o para que procedan a hacer una remisi¨®n general a esta norma. Con esta finalidad, se configura la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como foro para la propuesta y debate de las reformas legislativas necesarias para esta adaptaci¨®n.

Otra de las novedades de la ley es la creaci¨®n de bancos de conservaci¨®n de la naturaleza, un instrumento de car¨¢cter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la p¨¦rdida de biodiversidad que se produce como consecuencia de la ejecuci¨®n de los proyectos con impactos ambientales o de la aparici¨®n de da?os medioambientales derivados de las actividades econ¨®micas susceptibles de generar responsabilidad medioambiental.

Asimismo, el proyecto de ley trata de favorecer el uso de las nuevas tecnolog¨ªas en los procedimientos de evaluaci¨®n ambiental, con la obligaci¨®n de que los ¨®rganos sustantivo y ambiental publiquen en sus sedes electr¨®nicas algunos de los documentos que se generan a lo largo de las tramitaciones.