¡°He estado dos a?os sin atenci¨®n¡±

Cecilia Asuko Sami lleg¨® a Espa?a en 1981 desde Malabo (Guinea Ecuatorial). No ten¨ªa pensado quedarse, pero tres de sus hermanos viv¨ªan en Madrid, el pa¨ªs le gust¨® y poco a poco fue hilando un trabajo con otro: limpiadora, camarera, cuidadora de ancianos. Trabaj¨® a temporadas durante 26 a?os. Siempre sin contrato. En 2007, en una de sus estancias en Guinea, fue al m¨¦dico. Llevaba tiempo encontr¨¢ndose mal, le faltaba el resuello y se mareaba. No supieron decirle qu¨¦ ten¨ªa, as¨ª que volvi¨® a Espa?a. En Madrid, los m¨¦dicos le diagnosticaron que un virus le hab¨ªa da?ado el coraz¨®n y que necesitaba un trasplante. Un a?o despu¨¦s, en 2008, se somet¨ªa a la intervenci¨®n que le salv¨® la vida. Desde entonces y hasta ahora, esta mujer de 51 a?os, menuda y de ojos grandes, debe tomar una decena de f¨¢rmacos al d¨ªa y necesita control m¨¦dico. Seguimiento que no ha tenido durante casi dos a?os. En 2012, cuando le hubiera tocado la visita con el cardi¨®logo, se le caduc¨® la tarjeta sanitaria y la Administraci¨®n no se la renov¨® por la pr¨®xima entrada en vigor del real decreto que, desde hace un a?o, excluye a los inmigrantes irregulares ¡ªcomo ella, que ha perdido la residencia legal¡ª de la sanidad p¨²blica normalizada. Su caso ha sido denunciado por ONG como M¨¦dicos del Mundo y la Red Acoge, y, por fin, dos a?os despu¨¦s, el lunes pasado consigui¨® una revisi¨®n. Ella no sabe si fue por mediaci¨®n o presi¨®n de estas organizaciones, pero s¨ª que est¨¢ mucho m¨¢s aliviada.

Como Cecilia, desde el pasado 3 de septiembre, unos 150.000 sin papeles mayores de 18 a?os solo tienen derecho a la atenci¨®n de urgencias, parto y posparto. La nueva ley, adem¨¢s, ha creado un panorama desequilibrado entre autonom¨ªas: algunas, como Asturias, Andaluc¨ªa o Pa¨ªs Vasco, han decidido seguir garantizando la asistencia a estas personas; pero en otras, como Madrid o Castilla-La Mancha, las barreras para acudir a una consulta o conseguir la medicaci¨®n son grandes.

Cecilia ha vivido trampeando en el centro de salud que le correspond¨ªa cuando ten¨ªa tarjeta. ¡°A veces en la ventanilla hay una persona que me conoce y que me tramita las recetas. Luego compro las medicinas que puedo en la farmacia, aunque cada vez me ponen m¨¢s pegas porque hay que ir con la tarjeta y yo no tengo. Tengo que mentir y decir que a¨²n no me la han mandado¡±, explica. El resto de la medicaci¨®n la consigue ¡ªsiempre con receta¡ª en una entidad social que tiene un programa de donaci¨®n de f¨¢rmacos. Al mes paga unos 180 euros, gracias a la ayuda de sus hermanos. ¡°Son medicinas muy caras. Si tuviera que pagarlas enteras me morir¨ªa... No entiendo c¨®mo el Gobierno, despu¨¦s de pagar un trasplante, que es car¨ªsimo, lo echa ahora todo a perder. He estado meses as¨ª¡±, lamenta Cecilia, que adem¨¢s se enfrenta ahora a una orden de expulsi¨®n del pa¨ªs.

Pese a que cada mes las ONG env¨ªan a la Administraci¨®n casos como este, el Ministerio de Sanidad y las autonom¨ªas que aplican a rajatabla el decreto ¡ªMadrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, La Rioja, Arag¨®n¡ª aseguran que no hay desasistencia. Insisten en que la atenci¨®n urgente est¨¢ garantizada. Aunque este tipo de asistencia puntual poco resuelve a Vladimir, ucranio de 35 a?os y con asma, o a Clementina, chilena de 75 a?os que adem¨¢s de una angina de pecho espera desde hace casi dos a?os una operaci¨®n de rodilla. ¡°Cuando me desactivaron la tarjeta sanitaria llevaba esperando un a?o; no he vuelto a tener noticias...¡±, relata la mujer, que lleg¨® a Espa?a hace 17 a?os.

Rafael Sotoca, uno de los responsables de la organizaci¨®n M¨¦dicos del Mundo, insiste en que no son ejemplos aislados. Afirma que la atenci¨®n a los sin papeles no est¨¢ en absoluto garantizada, que los casos se resuelven poco a poco y gracias a la atenci¨®n de los m¨¦dicos objetores y a las presiones de ONG como la suya; y que el gran problema para los excluidos es el seguimiento m¨¦dico y el acceso a la medicaci¨®n. ¡°Solo conocemos una peque?a parte de lo que est¨¢ ocurriendo. Seguro que muchos casos no llegan a nosotros¡±, abunda In¨¦s D¨ªez de Frutos, de Red Acoge ¡ªuna de las entidades que ayuda a Cecilia¡ª, que asegura que el embrollo desatado por el decreto est¨¢ provocando tambi¨¦n desatenci¨®n en urgencias, a menores y embarazadas; situaciones te¨®ricamente cubiertas.

Tambi¨¦n un informe del Foro para la Integraci¨®n Social de los Inmigrantes, ¨®rgano consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, da cuenta de desasistencias de ese tipo. Problemas motivados, apuntan los expertos y varios funcionarios, por la falta de informaci¨®n de los centros de salud, los hospitales y de los profesionales que atienden. Ejemplo de ello, apunta Sotoca, es que a pesar de que la ley recoge que los sin papeles pueden acudir a urgencias, en muchos centros no se les identifica como tal y se les da una factura con el coste de su atenci¨®n. Una factura que, seg¨²n las Administraciones, se emite desde hace a?os a todo aquel que vaya sin documentaci¨®n ¡ªespa?ol o extranjero¡ª y que no deben abonar. A la chilena Clementina le dieron una hace unos meses. ¡°Luego la trabajadora social nos dijo que no ten¨ªamos que pagar, pero lo hacen para meternos miedo, para que no volvamos...¡±, dice.

Ni ella ni Cecilia ni Vladimir han pensado en suscribir la p¨®liza ¡ªconvenio, lo han llamado¡ª que el Gobierno ha creado para personas que no tienen derecho a asistencia. Creen que los 60 euros al mes para menores de 65 a?os y 157 para mayores es caro. Adem¨¢s, solo incluye el acceso a la cartera b¨¢sica de servicios. No da derecho a los f¨¢rmacos financiados, ni al transporte sanitario no urgente o a las pr¨®tesis. Aunque, como explican fuentes de la direcci¨®n general de Farmacia y Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad, las comunidades pueden, con sus fondos, ¡°complementar y mejorar¡± lo que dan.

El pol¨¦mico convenio ¡ªp¨®liza Mato, lo llama la oposici¨®n¡ª est¨¢ tardando en llegar. Un a?o despu¨¦s de que se haya hecho efectiva la exclusi¨®n sanitaria, las comunidades no la han puesto en marcha. Y aunque las condiciones del convenio entraron en vigor ayer, tampoco tienen una fecha l¨ªmite para hacerlo. Son las autonom¨ªas quienes desarrollar¨¢n su sistema y quienes recaudar¨¢n las cuotas que, seg¨²n estima Sanidad, podr¨ªan interesarse en suscribir unas 90.000 personas.

Las organizaciones, mientras, dudan de que los sin papeles lo contraten. ¡°Es injusto, pero adem¨¢s, han puesto un precio prohibitivo¡±, apunta D¨ªez de Frutos. M¨¦dicos del Mundo recuerda que la sanidad se financia a trav¨¦s de los impuestos tanto directos (que los extranjeros habr¨ªan aportado en el caso de que hubieran trabajado antes de quedarse sin empleo y, por ello, sin tarjeta sanitaria) como indirectos (que estar¨ªan sufragando a trav¨¦s del IVA y otras tasas al consumo). Por ello, dicen, a estas personas se les estar¨ªa obligando a pagar dos veces por la atenci¨®n sanitaria. ¡°Es perverso. Y lo que es peor, est¨¢n lanzando un mensaje de que los inmigrantes son grandes consumidores de recursos, y que o pagan por ellos o se tienen que marchar¡±.

De hecho, el nuevo modelo de aseguramiento sanitario se anunci¨® por parte del Gobierno como una herramienta para impedir que turistas extranjeros se aprovecharan del sistema p¨²blico espa?ol. Quer¨ªan frenar el llamado turismo sanitario que poco tiene que ver con el limitado uso ¡ªas¨ª lo muestran los estudios¡ª de la sanidad que hacen los inmigrantes en Espa?a: una poblaci¨®n m¨¢s joven y, por tanto, m¨¢s sana que la media. Con la nueva norma, que retira la asistencia a los extranjeros en situaci¨®n irregular ¡ªo que pretende cobr¨¢rsela¡ª el Gobierno aspiraba a ahorrar 917 millones al a?o, seg¨²n la memoria econ¨®mica de Sanidad.

Las organizaciones no solo critican la nueva p¨®liza Mato. Creen, adem¨¢s, que se ha trazado con unas condiciones ¡ªexige un a?o de empadronamiento, por ejemplo¡ª disuasorias. ¡°Es improbable que alguien la contrate. Es cara en comparaci¨®n con la privada¡±, dice Vladimir Paspuel, presidente de la asociaci¨®n de ecuatorianos en Espa?a Rumi?ahui.

Sin embargo, la p¨®liza no ha inquietado ni interesado lo m¨¢s m¨ªnimo a las que ser¨ªan su competencia natural: las compa?¨ªas de seguros sanitarios privados. ¡°Ni nos afecta ni le hemos prestado demasiada atenci¨®n¡±, afirman fuentes de una de las mayores empresas del ramo. Las compa?¨ªas aseguran que no han notado ning¨²n tipo de demanda espec¨ªfica.

Es dif¨ªcil comparar precios porque los seguros privados var¨ªan por edad, sexo o si se contrata una p¨®liza familiar, pero algunos extranjeros en situaci¨®n irregular ya las han contratado. Es el caso del colombiano Siskander Huerta, de 45 a?os y diab¨¦tico. ?l ha optado por suscribir un seguro familiar con su esposa y sus hijos ¡ªsu esposa s¨ª tiene papeles¡ª. Paga 130 euros al mes. ¡°Aunque las tirillas para medir el az¨²car y la insulina no est¨¢n cubiertas, as¨ª que sigo teniendo muchos problemas y me las tengo que seguir ingeniando para conseguirlas¡±, explica. Los seguros, comenta adem¨¢s, tienen periodos de carencia.

Con informaci¨®n de Jaime Prats.

Exclusi¨®n y miedo

Alpha Pam, el senegal¨¦s de 28 a?os que muri¨® el pasado 21 de abril en Mallorca de tuberculosis, se ha convertido en el triste s¨ªmbolo de las consecuencias de la exclusi¨®n sanitaria. Consigui¨® que un centro de atenci¨®n primaria le derivara a un hospital, y que le vieran en urgencias, pero su pista se pierde despu¨¦s. Hasta que falleci¨®. Todo ello con el agravante de que la enfermedad que sufr¨ªa, una tuberculosis, est¨¢ considerada de declaraci¨®n obligatoria y, como una medida de salud p¨²blica, sujeta a atenci¨®n. Una atenci¨®n que no tuvo.

Aparte de las conclusiones a las que llegue la investigaci¨®n, ley y reglamento en mano, lo que ilustra este caso es la situaci¨®n de desamparo en la que vive la poblaci¨®n inmigrante sin papeles. Porque el sistema sanitario est¨¢ tan burocratizado que ni siquiera la buena voluntad de algunos profesionales puede romper sus inercias. Despu¨¦s de una primera visita a primaria, A Pam se le envi¨® a urgencias. Tard¨® un mes en acudir. ?Culpa suya? Desde la frialdad del razonamiento de quienes tienen papeles, s¨ª. Pero para una persona en situaci¨®n irregular, con miedo a la deportaci¨®n y que quiz¨¢ hab¨ªa o¨ªdo que las Administraciones tienen la obligaci¨®n de emitirles factura por la atenci¨®n, resulta comprensible.

Igual que el hecho de que luego no volviera al centro de salud, donde, sin tarjeta sanitaria, conseguir una cita depende de la buena voluntad del m¨¦dico y de los administrativos. O que no pudiera ir al especialista por el mismo motivo. Para personas con poca informaci¨®n y mucho miedo, era un c¨®ctel, como se vio, mortal.