La pelea educativa que no cesa

¡°La libertad de ense?anza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educaci¨®n y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales¡±. El Grupo Popular ha propuesto que este sea uno de los principios que rijan el sistema escolar en la nueva ley educativa (la Lomce, que se est¨¢ tramitando en el Congreso). Y en esa enmienda se encuentra la esencia del conflicto que ha dividido la educaci¨®n espa?ola del ¨²ltimo siglo sin que el paso de los a?os y de las leyes haya conseguido cerrarlo. Se trata de la discusi¨®n entre la escuela concebida como servicio p¨²blico y com¨²n a cargo del Estado o como bien privado sujeto por encima de todo a la elecci¨®n y las decisiones de los padres, una pelea que en Espa?a ha estado tambi¨¦n ligada a la dicotom¨ªa entre escuela laica y cat¨®lica, pues esta religi¨®n es la que ha controlado tradicionalmente la inmensa mayor¨ªa de los centros privados.

La discusi¨®n ha girado en torno a frases clave que dan respaldo legal a una u otra opci¨®n, por ejemplo: el ¡°derecho a la educaci¨®n¡± se refiere al deber del Estado para primar la escuela p¨²blica; y la ¡°libertad de ense?anza y el derecho de los padres a elegir¡± se refiere a que la privada debe quedar en primer t¨¦rmino si las familias lo desean y las Administraciones estar¨¢n obligadas a subvencionarla. El siguiente es un repaso hist¨®rico a una pelea que parece no tener fin.

1. La indefinici¨®n de partida. El catedr¨¢tico de Educaci¨®n Comparada de la Universidad de Salamanca Leoncio Vega sit¨²a la ra¨ªz del problema en la primera ley espa?ola de ense?anza, la conocida como Ley Moyano, de 1857: ¡°En ella se hablaba de un sistema p¨²blico, pero en el fondo siempre se tuvo que financiar con aportaciones de los padres u otros colectivos¡±, por ejemplo, la Iglesia cat¨®lica. ¡°La frontera entre ense?anza p¨²blica y privada en Espa?a siempre ha sido muy confusa¡±, a?ade.

2. La Segunda Rep¨²blica. A partir de 1931, con la proclamaci¨®n de la Rep¨²blica, el Gobierno se decant¨® claramente ¡°por la acci¨®n p¨²blica, pues se considera que la educaci¨®n tiene una relaci¨®n directa con la democracia¡±, explica Antonio Vi?ao, catedr¨¢tico de la Universidad de Murcia. As¨ª, comenz¨® una actividad fren¨¦tica de construcci¨®n de colegios y, sobre todo, institutos, y se prohibi¨® a las ordenes religiosas dar clases. Vi?ao asegura que ese veto nunca lleg¨® a hacerse efectivo, pues muchos centros cat¨®licos pasaron la titularidad a los padres a trav¨¦s de la Sociedad An¨®nima de Ense?anza Libre (SADEL). La pol¨¦mica, en todo caso, fue monumental, con protestas y discusiones continuas en los peri¨®dicos.

Cuando el proyecto de ley lleg¨® a las Cortes, varios representantes de asociaciones cat¨®licas, entre ellas, las de padres de familia, entregaron al presidente de la C¨¢mara un escrito en el que explicaban sus razones, la segunda de la cuales era: ¡°Que con el citado proyecto se niega a los padres el derecho de libre elecci¨®n de los educadores de sus hijos¡±. ¡°El debate ideol¨®gico sobre la educaci¨®n part¨ªa de la dicotom¨ªa entre la responsabilidad del Estado en la ense?anza o la libertad de la familia y por su delegaci¨®n la Iglesia. La Iglesia se erig¨ªa as¨ª en partidaria de la libertad de ense?anza, aunque solo en defensa de los centros cat¨®licos¡±, escrib¨ªa en 2003 la profesora de la Universidad de Alicante M¨®nica Moreno.

3. La dictadura. Tras la Guerra Civil, el Estado qued¨® como subsidiario en el ¨¢mbito de la educaci¨®n, coinciden Vega y Vi?ao. La ley de ense?anza primaria de 1945 dice: ¡°Corresponde a la familia el derecho primordial e inalienable y el deber ineludible de educar a sus hijos y, consiguientemente, de elegir las personas o centros donde aquellos hayan de recibir educaci¨®n primaria, subordin¨¢ndola al orden sobrenatural y a lo que el bien com¨²n exija en las leyes del Estado¡±. Durante a?os, el Estado apoy¨® la extensi¨®n de centros privados, b¨¢sicamente, cat¨®licos, se ?alan los expertos. Sin embargo, el catedr¨¢tico de la Complutense Julio Caraba?a insiste en que hubo tambi¨¦n una fort¨ªsima extensi¨®n de escuelas e institutos p¨²blicos, sobre todo a partir de los a?os sesenta. En 1970, sin embargo, con la Ley General de Educaci¨®n, convienen tambi¨¦n los expertos, se retom¨® la idea de educaci¨®n como servicio p¨²blico responsabilidad del Estado.

4. Transici¨®n y democracia. El art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n de 1978, el que habla de la educaci¨®n, fue uno de los m¨¢s dif¨ªciles de pactar. De hecho, seg¨²n expertos como Vi?ao, Vega y Jos¨¦ Torreblanca (primer presidente del Consejo Escolar del Estado) no hubo pacto, sino una suma de frases que protegen unas a la p¨²blica (¡°Todos tienen el derecho a la educaci¨®n¡±) y otras a la privada (¡°Se reconoce la libertad de ense?anza¡±). De tal manera que seg¨²n gobierne una postura ideol¨®gica u otra, se pondr¨ªa el acento en una u otra, se?ala Vi?ao.

En 1985, con la aprobaci¨®n de la Ley Org¨¢nica Reguladora del Derecho a la Educaci¨®n (LODE), se orden¨® el sistema actual de conciertos. Este consiste en que los colegios privados que deseen ofrecer ense?anzas gratuitas recibir¨¢n dinero del Estado, pero deben someterse a ciertas normas de funcionamiento semejantes a la p¨²blica. ¡°Fue un error¡±, dice Vi?ao, ¡°creyeron que entregando dinero podr¨ªan controlar a los centros¡±.

Desde entonces, donde ha gobernado la izquierda normalmente se ha primado a la p¨²blica y viceversa, y esas frases como la que propone el Grupo Popular para la Lomce respaldan legalmente la extensi¨®n de la concertada all¨ª donde la Administraci¨®n se pueda resistir. Mientras, las acusaciones a la concertada se centran en que no ofrece realmente un servicio p¨²blico al seleccionar al alumnado, no solo por el car¨¢cter cat¨®lico de la mayor¨ªa de ellos, sino por el cobro de cuotas voluntarias que dejan fuera a las clases m¨¢s humildes. La concertada siempre ha negado esa selecci¨®n, a la vez que defiende su derecho al car¨¢cter propio, que los padres aceptan cuando se matriculan.

¡°En Espa?a el debate ha estado siempre en la titularidad, pero eso no es as¨ª en otros pa¨ªses, donde p¨²blico es lo que recibe subvenci¨®n¡±, explica Vega. Y Vi?ao abunda en ello: ¡°A m¨ª no me preocupa tanto la titularidad como lo que ense?a y c¨®mo. El tema es la selecci¨®n, ya sea por sexo, por clase social, por confesionalidad...¡±.