Tretas contra la piqueta

La lucha para impedir una demolici¨®n o para conseguirla, depende del bando que la cuente, es una carrera de fondo con mil obst¨¢culos. En los cuatro a?os de media que se tarda en ejecutar esta orden judicial pueden darse infinidad de episodios rocambolescos, como que el due?o de una casa ilegal finja ser un apicultor o tretas m¨¢s complejas y peligrosas como realizar un montaje fotogr¨¢fico para acreditar un derribo que nunca se ha realizado.

¡°Se nos han dado situaciones esperp¨¦nticas, como casos en los que nunca se dej¨® de construir y cuando se fue a derribar la obra que ten¨ªamos sobre el terreno no se parec¨ªa en nada a la descripci¨®n que aparec¨ªa en la sentencia¡±, cuenta ?ngeles Nieto, coordinadora de la Federaci¨®n de Ecologistas en Acci¨®n de Madrid.

En Colmenar Viejo (Madrid), casi lindando con Hoyo de Manzanares, un arquitecto que hab¨ªa levantado una vivienda en zona de alta protecci¨®n se visti¨® de apicultor diciendo que su casa era necesaria para actividades agropecuarias, recuerda Juan Manuel L¨®pez, abogado de la Asociaci¨®n para la Defensa del Valle de Lozoya y la Sierra de Madrid. El paraje era espectacular, en una zona de campeo del ¨¢guila imperial. El chal¨¦, de 199 metros cuadrados, se lleg¨® a precintar en tres ocasiones. ¡°Ya en el juicio aleg¨® que la vivienda pertenec¨ªa a una sociedad que ten¨ªa con su esposa y que a ra¨ªz de la denuncia por su construcci¨®n ilegal hab¨ªa sido expulsado y no pod¨ªa hacerse responsable de la construcci¨®n¡±, rememora L¨®pez.

Tras muchos escritos y m¨¢s tiempo, el grupo proteccionista consigui¨® que el juzgado reclamara a la Comunidad de Madrid la demolici¨®n a costa del infractor. ¡°Hubo que pelear mucho, se nos hac¨ªan preguntas dilatorias, para que concret¨¢ramos qu¨¦ hab¨ªa que tirar, se daba m¨¢s p¨¢bulo a lo que dec¨ªa el condenado que a lo que reclamaba el juez¡±, relata.

Con otra vivienda irregular, levantada en Guadalix de la Sierra, tardaron ocho a?os en echarla abajo. En los ¨²ltimos tres a?os, este grupo proteccionista ha logrado acabar con siete construcciones irregulares. ¡°Algunos les han visto las orejas al lobo y han preferido derribarlas voluntariamente, ya que as¨ª se ahorran disgustos y dos grados en la pena¡±, precisa el abogado. Les ocurri¨® con otro caso de una vivienda situda en Garganta de los Montes, un t¨¦rmino calificado como Zona de Especial Protecci¨®n por su inter¨¦s forestal y paisaj¨ªstico. La vivienda estaba pintada de verde para camuflarse con el paisaje.

En Pontevedra, un condenado present¨® un reportaje fotogr¨¢fico sobre una demolici¨®n que nunca se produjo. ¡°Era un montaje¡±, explican fuentes de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente. En Madrid se investiga un informe acreditando otra demolici¨®n que tambi¨¦n result¨® ser falsa.

Javier Leiva, miembro de la plataforma de afectados por los derribos de Mijas (M¨¢laga), reconoce que esta lucha conlleva un gran desgaste personal. ¡°Hay mucha gente con problemas psicol¨®gicos¡±, dice. Construy¨® su vivienda en zona r¨²stica, junto a otras muchas que tambi¨¦n estaban fuera de ordenaci¨®n. Crey¨® que no pasar¨ªa nada y que se terminar¨ªa por regularizar. ¡°T¨² ibas al Ayuntamiento ¡ªentonces gobernado por el PSOE¡ª y te dec¨ªan que lo hicieras ligerito, pero no te advert¨ªan de que te la echar¨ªan abajo¡±, relata.

Leiva recalca que desde el primer d¨ªa est¨¢ pagando IBI y contribuci¨®n, que la vivienda figura en su declaraci¨®n de la renta y en el catastro. Su casa no entra dentro del proceso de regularizaci¨®n con el que se salvar¨¢n 4.000 de las 8.000 construcciones irregulares del municipio. En 2008 el Ayuntamiento comenz¨® a imponer multas coercitivas por el 10% del valor de tasaci¨®n de las casas a quienes no ejecutaban las demoliciones. Los afectados contabilizaban entonces unos 2.000 derribos pendientes. Hallaron ¡°otras formas de tramitar los expedientes¡± y las sanciones cesaron. El ambiente est¨¢ ahora m¨¢s tranquilo, pero los expedientes siguen ah¨ª. ¡°Cualquier d¨ªa puede venir el Ayuntamiento y echar mi casa abajo¡±, teme Leiva.