¡°El sistema ha fallado¡±

El engranaje judicial comenz¨® a funcionar de forma sistem¨¢tica en 2012, cuando WWF remiti¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado el informe El robo del agua en Do?ana, que detallaba las extracciones ilegales que se realizaban en cinco zonas pr¨®ximas al espacio natural. El Seprona comenz¨® entonces una campa?a de inspecciones en esos puntos, que est¨¢ pr¨®xima a terminar. Con los datos que le han ido facilitando los agentes, el fiscal de Medio Ambiente de Huelva ha comenzado a actuar tambi¨¦n. Alfredo Flores explica que se han denunciado ya tres casos ¡°flagrantes¡± y que los jueces han empezado a ordenar la clausura de algunos pozos.

Uno de los ¨²ltimos casos data del pasado julio, cuando un juzgado de Moguer orden¨® el cierre ¡°con precinto policial¡± de cuatro pozos en una finca. ¡°Estas personas ya hab¨ªan sido investigadas, enjuiciadas y condenadas por cambios de uso, construcciones o balsas ilegales¡±, explica Flores.

Hasta hace poco lo que m¨¢s se hab¨ªa perseguido penalmente en esta conflictiva zona eran los cambios de uso de los suelos. Es decir, fincas que en origen eran montes p¨²blicos y que terminaban convirti¨¦ndose de forma irregular en zonas de regad¨ªo. Desde 2005, la fiscal¨ªa de Huelva tiene contabilizadas 30 sentencias condenatorias por este asunto. Seg¨²n se recoge en su memoria de 2012, estas sentencias han ¡°supuesto un importante efecto preventivo en la zona, donde se ha conseguido al menos acabar con la sensaci¨®n de impunidad¡±. Ahora lo que se est¨¢ persiguiendo son las extracciones de agua del acu¨ªfero 27.

El fiscal reconoce la dificultad para perseguir por la v¨ªa penal la sustracci¨®n de agua. Recurre al ejemplo de Daimiel, otro paraje protegido en el que la Fiscal¨ªa General del Estado tambi¨¦n emprendi¨® una investigaci¨®n por motivos similares. En aquel caso, explica, ¡°se fue por la v¨ªa del art¨ªculo 325 del C¨®digo Penal, por extracciones con grave afectaci¨®n al medio ambiente¡±. Pero en Daimiel la Administraci¨®n declar¨® sobreexplotado el acu¨ªfero 23, algo que no ha ocurrido en Do?ana. ¡°Eso tambi¨¦n te limita¡±, reconoce Flores. ¡°Los juristas nos tenemos que fiar de los t¨¦cnicos, y los informes de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir dicen que el acu¨ªfero de Do?ana no est¨¢ perfecto, pero que tampoco tiene una situaci¨®n grave. Ah¨ª nos movemos¡±.

El fiscal, parad¨®jicamente, reconoce que la v¨ªa administrativa puede ser m¨¢s efectiva en este asunto. Por la v¨ªa penal los agricultores se enfrentan a multas de 1.500 euros, se?ala Flores. ¡°Por la administrativa he visto sanciones de 60.000 y 100.000 euros¡±.

¡°Est¨¢ claro que el sistema de control que debe tener la Administraci¨®n ha fallado¡±, sostiene Flores cuando se le pregunta sobre el origen de las captaciones ilegales. ¡°En algunos casos parece evidente que no ha habido la voluntad, el compromiso y la responsabilidad que son de exigir¡±, a?ade. ¡°Aunque tambi¨¦n es cierto que desde 2004 o 2005 la Administraci¨®n auton¨®mica s¨ª que ha colaborado mucho con nosotros. Casi todo lo que nos ha llegado han sido denuncias de la Administraci¨®n auton¨®mica¡±.

Flores pone como ejemplo la denuncia contra cinco agentes medioambientales que no impidieron la construcci¨®n de pozos. ¡°Ese foco de corrupci¨®n nos lleg¨® por la Administraci¨®n auton¨®mica¡±, indica. ¡°Aqu¨ª se mueve mucho dinero, y cuando se mueve mucho dinero hay corrupci¨®n¡±, apunta sobre este caso concreto.

Respecto al futuro de la actividad agr¨ªcola, Flores cree l¨®gico que ¡°si se restringe por un lado el agua subterr¨¢nea habr¨¢ que dar otra soluci¨®n¡±. ¡°Me parece bien que se luche por el agua superficial¡±, apunta en referencia a las demandas de trasvases.

El plan especial que la Junta prev¨¦ aprobar a principios de 2014 plantea terminar con las extracciones ilegales en un m¨¢ximo de cinco a?os. El fiscal cree que es ¡°factible¡± lograr este objetivo, pero si hay ¡°voluntad¡± por parte de todos.