La ciencia como deporte de riesgo

El Gobierno argumenta que se est¨¢ haciendo un ¡°esfuerzo considerable¡± para mantener la inversi¨®n p¨²blica en I+D. Sin embargo, el gasto real ha ca¨ªdo un 33,1% durante la presente legislatura (45,7% desde 2009), dejando a nuestro pa¨ªs por debajo de la media europea (UE-27) en t¨¦rminos de porcentaje del PIB. Para maquillar este dr¨¢stico recorte presupuestario en el sector p¨²blico de investigaci¨®n, a?o tras a?o el Gobierno ha incrementado los fondos destinados a cr¨¦ditos para el sector privado. Pero no nos enga?emos: no es una inversi¨®n real, son cr¨¦ditos y en su mayor¨ªa no son requeridos por un sector privado que ha perdido inter¨¦s en actividades de I+D.

Los recortes presupuestarios recurrentes est¨¢n minado el sistema p¨²blico de investigaci¨®n. La convocatoria de proyectos del Plan Estatal de 2013 deber¨ªa haber salido en diciembre de 2012 pero todav¨ªa no lo ha hecho. Incluso si fuera publicada en las pr¨®ximas semanas, el tiempo requerido para evaluar las propuestas indica que de forma efectiva se habr¨¢ perdido un a?o de convocatoria. Tambi¨¦n preocupa el cambio brusco en la estrategia de financiaci¨®n de proyectos de investigaci¨®n no orientada a proyectos de investigaci¨®n orientada (que ha pasado de no existir en 2012 a llevarse dos tercios del presupuesto total en 2013) y la fuerte priorizaci¨®n de proyectos que prometen un impacto en el mercado a corto plazo.

Incluso cuando los grupos de investigaci¨®n obtienen proyectos aprobados, no existe ninguna certidumbre de cu¨¢ndo vayan a recibir la financiaci¨®n correspondiente. En 2012 hubo un retraso de siete meses. Pero no solo eso, los investigadores se quedaron de piedra cuando se public¨® un Bolet¨ªn Oficial del Estado donde el Gobierno anunciaba que los proyectos de investigaci¨®n de tres a?os ya convocados se extend¨ªan a cuatro a?os sin aumentar la financiaci¨®n para el cuarto a?o.

Por si eso fuera poco, Hacienda bloque¨® la transferencia de fondos aprobados por el Ministerio de Econom¨ªa y Competitividad a grupos de investigaci¨®n en Universidades pertenecientes a Comunidades Aut¨®nomas que no hab¨ªan alcanzado el objetivo de reducci¨®n del d¨¦ficit. Estas decisiones fueron despu¨¦s revocadas, pero la incertidumbre forz¨® a muchos investigadores a paralizar su trabajo durante m¨¢s de medio a?o.

Nadie en el Econom¨ªa garantiza que esta situaci¨®n ca¨®tica no se vaya a repetir durante la convocatoria de proyectos de 2013 (si finalmente sale), a?adiendo la investigaci¨®n a la lista de deportes de riesgo. El ministerio culpa a Hacienda de la situaci¨®n¡­ el Gobierno parece boicotear deliberadamente su propia pol¨ªtica cient¨ªfica.

Los centros de investigaci¨®n y universidades est¨¢n perdiendo puestos de trabajo permanentes. El Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC) solo est¨¢ reemplazando un 3% de los investigadores que se jubilan. Los programas de recursos humanos para j¨®venes cient¨ªficos tambi¨¦n han sufrido, el del CSIC ha desaparecido por completo, mientras que los programas Juan de la Cierva y el de incorporaci¨®n Ram¨®n y Cajal se han reducido un 30%, acumulando retrasos que de nuevo dan lugar a un intervalo de m¨¢s de un a?o sin financiaci¨®n. Como los salarios de muchos estudiantes de doctorados, investigadores posdoctorales y personal t¨¦cnico dependen de estas fuentes de financiaci¨®n (proyectos de investigaci¨®n y programas de recursos humanos), estos retrasos, junto con las trabas burocr¨¢ticas usuales en los procesos de contrataci¨®n, han forzado a un n¨²mero indeterminado de investigadores a trabajar durante extensos periodos de tiempo sin cobrar; una forma interesante de alentar a nuestros j¨®venes al voluntariado.

El efecto de estos recortes y retrasos amplifica los problemas estructurales existentes en la carrera investigadora en Espa?a, de forma que m¨¢s y m¨¢s investigadores est¨¢n vi¨¦ndose forzados a contemplar la emigraci¨®n o a dejar la investigaci¨®n ¡ªen dr¨¢stico contraste con la postura del Gobierno de que la fuga de cerebros es un ¡°clich¨¦ injustificado¡±¡ª. Frecuentemente se pregunta cu¨¢nto le cuesta a la sociedad formar a todos estos investigadores que se pierden; pero la pregunta m¨¢s relevante ser¨ªa cu¨¢l es el precio social a pagar si se impide llevar a cabo la tan necesitada renovaci¨®n generacional en el sistema p¨²blico de investigaci¨®n (la edad media de los investigadores en posiciones permanentes es de unos 55 a?os).

Los recortes y la incertidumbre tambi¨¦n est¨¢n afectando a las instituciones. El CSIC, responsable de aproximadamente un 20% de las publicaciones cient¨ªficas en Espa?a, es un caso emblem¨¢tico. El CSIC ha pasado todo el a?o 2013 bajo la amenaza de quiebra. El Gobierno ha asegurado repetidamente que no lo dejar¨¢ caer, sin embargo hasta el momento solo ha transferido 25 millones de euros de los 100 millones que necesita para sanear sus cuentas (aunque promete que transferir¨¢ otros 50 millones en alg¨²n momento).

La previsi¨®n era que el CSIC se quedar¨ªa sin liquidez el pasado mayo pero fue retrasado a octubre gracias a medidas de austeridad sin precedentes (aniquilando los ahorros que los centros hab¨ªan acumulado hasta el a?o 2012, ahorros destinados a actividades de investigaci¨®n que han acabado us¨¢ndose para pagar gastos corrientes). A pesar de ello algunos centros se han visto obligados a cerrar durante dos semanas en agosto para reducir gastos. El Gobierno acaba de acordar avanzar la transferencia de 44 millones de euros correspondientes a proyectos de investigaci¨®n del Plan Estatal que, en vez de cubrir gastos de investigaci¨®n durante 2014, acabar¨¢n de nuevo pagando gastos corrientes durante 2013; esto retrasar¨¢ la quiebra del CSIC unos pocos meses pero no resuelve el problema. Muy a nuestro pesar, a los investigadores se nos est¨¢ acostumbrando al suspense. Probablemente el Gobierno impida que el CSIC entre en quiebra en el ¨²ltimo minuto pero el impacto negativo en sus actividades de investigaci¨®n, su habilidad para participar en colaboraciones internaciones y el da?o a su credibilidad son indudables.

Confiar que las instituciones sobrevivan este tipo de par¨¢lisis intactas es como pedirle a alguien que deje de respirar durante una hora. De hecho, muchos investigadores ya han dejado de respirar: El CSIC ha perdido unos 1200 puestos de investigaci¨®n (permanentes y no permanentes) durante 2012 y se espera que perder¨¢ otros 1000 durante 2013, resultando en un descenso del 20% de su personal investigador en dos a?os. O la fuga de cerebros existe o todos estos investigadores se subliman.

Luis de Guindos ha anunciado que el presupuesto de I+D aumentar¨¢ durante 2014. Sus declaraciones han sido recibidas con extremada cautela, quiz¨¢ porque en 2013 anunci¨® que el presupuesto se hab¨ªa incrementado un 5% cuando en realidad hab¨ªa sido recortado un 13.7%. Los investigadores no perdonan la manipulaci¨®n de datos, como tampoco toleran que ¨¦stos se ignoren: la reci¨¦n aprobada Estrategia de Ciencia, Tecnolog¨ªa e Innovaci¨®n para 2013-2020 ni menciona los dr¨¢sticos recortes presupuestarios sufridos por la I+D en los ¨²ltimos a?os, ni analiza su impacto, ni especifica los recursos humanos y financieros que estar¨¢n disponibles a corto y medio plazo. El Gobierno espera incrementar el retorno del programa marco europeo para compensar los recortes en el presupuesto nacional, pero la financiaci¨®n europea est¨¢ dise?ada para afianzar unos presupuestos nacionales fuertes, ni mucho menos para reemplazarlos.

Espa?a necesita urgentemente una pol¨ªtica cient¨ªfica cre¨ªble. Se debe acabar con el ciclo hist¨®rico de auge y escasez del presupuesto de I+D, y ¨¦ste deber¨ªa recuperar el nivel de 2009 para poder converger con la media europea. Pero no se trata de mantener el status quo, el incremento del presupuesto deber¨ªa venir de la mano de cambios estructurales.

La coordinaci¨®n entre ministerios, y entre el Gobierno central y los auton¨®micos, deber¨ªa mejorarse. La burocracia a todos los niveles y en todos los procesos administrativos relacionados con la investigaci¨®n necesita minimizarse. Los plazos de las convocatorias han respetarse y todos los fondos presupuestados ejecutarse. Esto podr¨ªa facilitarse si se creara finalmente la Agencia Estatal de Investigaci¨®n y se la dotara de recursos y autonom¨ªa para operar con un presupuesto plurianual. S¨ª, es cierto que el Gobierno permiti¨® la creaci¨®n de la Agencia ?pero con un presupuesto cero! Tambi¨¦n ser¨ªa bueno recuperar el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia.

El increment¨® de autonom¨ªa deber¨ªa ir acompa?ado de un incremento de responsabilidad. Todos los organismos y grupos de investigaci¨®n que reciban financiaci¨®n p¨²blica deber¨ªan estar sometidos a evaluaciones rigurosas para incentivar la excelencia. Estas evaluaciones deber¨ªan hacerse con los mismos criterios a nivel nacional, independientemente si la financiaci¨®n viene del Gobierno central o auton¨®mico.

La contrataci¨®n permanente en el sector p¨²blico necesita recuperarse de forma urgente para permitir la renovaci¨®n de una poblaci¨®n de investigadores cada vez m¨¢s envejecida. Los compromisos de estabilidad del programa Ram¨®n y Cajal deber¨ªan cumplirse. Es necesaria una mayor movilidad de investigadores entre centros de investigaci¨®n, entre centros de investigaci¨®n y Universidad, y tambi¨¦n m¨¢s permeabilidad del sistema a investigadores extranjeros (comunitarios y no comunitarios), con el objetivo de combatir la endogamia e incrementar la credibilidad internacional y la competitividad del sistema espa?ol de investigaci¨®n.

Algunos de estos cambios requieren esfuerzos legislativos significativos. Para llevarlos a cabo con coherencia y celeridad ser¨ªa conveniente restablecer las comisiones de ciencia en el Congreso y el Senado. Un Consejo Cient¨ªfico de peso con una fuerte representaci¨®n de la comunidad cient¨ªfica (por ejemplo siguiendo el modelo alem¨¢n) deber¨ªa tener un papel clave en el dise?o de estas reformas y como ¨®rgano asesor de pol¨ªtica cient¨ªfica.

La segunda Carta Abierta por la Ciencia acab¨® pegada con cinta adhesiva a las puertas cerradas del Ministerio de Econom¨ªa y Competitividad. La fr¨ªa recepci¨®n de este documento, elaborado por la Confederaci¨®n de Sociedades Cient¨ªficas de Espa?a, la Conferencia de Rectores de Universidades Espa?olas, una amplia gama asociaciones de base cient¨ªficas y los dos principales sindicatos, es una imagen impactante de la indiferencia del Gobierno por la ciencia y por la comunidad investigadora. Esto no puede volver a repetirse. El Gobierno deber¨ªa ir m¨¢s all¨¢ de la foto oportunista y comprometerse de una vez por todas con un sector que puede ayudar a Espa?a a desarrollar una econom¨ªa menos vulnerable. De lo contrario nuestros l¨ªderes pol¨ªticos estar¨¢n boicoteando el futuro del pa¨ªs.

Amaya Moro-Mart¨ªn es investigadora Ram¨®n y Cajal del CSIC y promotora de la Plataforma Investigaci¨®n Digna.