Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales

La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales ¡ªunas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis econ¨®mica como los actuales¡ª ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparici¨®n de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres d¨¦cadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo pol¨ªtico ¡ªhasta la Federaci¨®n Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP¡ª est¨¢n elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendr¨¢ lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la pr¨¢ctica el principio: una administraci¨®n, una competencia.

De acuerdo con su actual redacci¨®n, el proyecto de ley de Racionalizaci¨®n y sostenibilidad de la Administraci¨®n local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan m¨¢s de 20.000 habitantes est¨¢n obligados a hacer frente a una reducida labor de ¡°evaluaci¨®n e informaci¨®n de situaciones de necesidad social y atenci¨®n inmediata a personas en situaci¨®n o riesgo de exclusi¨®n social¡±. En los municipios m¨¢s peque?os, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no ser¨¢ de obligatoria aplicaci¨®n. El resto de los servicios sociales recaen en la Administraci¨®n auton¨®mica.

Fernando Clavijo, alcalde de Coalici¨®n Canaria de San Crist¨®bal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudir¨¢n al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consens¨²a la ley con ellos. ¡°La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar¡±, apunta Clavijo a este diario. ¡°Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto p¨²blico que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos¡±. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan ¡ª¡°nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicaci¨®n, la comida...¡±¡ª las autonom¨ªas no se hagan cargo de ellos.

¡°La gama de servicios sociales que prestamos es enorme¡±, a?ade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). ¡°Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atenci¨®n a la infancia, a personas con discapacidad... todo esto desaparece. ?Qui¨¦n lo va a prestar y c¨®mo? Las autonom¨ªas no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia¡±.

Jos¨¦ Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en c¨®mo la transferencia de competencias a las comunidades aut¨®nomas supondr¨¢ ¡°un retroceso en la atenci¨®n social en una ¨¦poca de grave crisis¡±. ¡°Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integraci¨®n de inmigrantes, juventud, infancia, pasar¨¢ a depender de una administraci¨®n m¨¢s lejana¡±, apunta. ¡°Y no est¨¢ claro que las autonom¨ªas asumir¨¢n y podr¨¢n pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, se ha quejado de que tiene un problema de financiaci¨®n¡±. David P¨¦rez, alcalde del PP de Alcorc¨®n (170.000 habitantes), es m¨¢s prudente. Destaca que la ley est¨¢ a¨²n en proceso de tramitaci¨®n. ¡°Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener¡±, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley est¨¢ planteada, existen incertidumbres relativas a c¨®mo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonom¨ªas exhaustas de fondos. ¡°Hay que clarificar la financiaci¨®n, que no est¨¢ definida, el Estado deber¨ªa arbitrar una f¨®rmula para que las autonom¨ªas puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deber¨¢n asumir]¡±.

El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en ¡°servicios sociales, promoci¨®n y reinserci¨®n social¡±, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ah¨ª que los municipios, especialmente aquellos de m¨¢s de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los a?os ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevenci¨®n e inserci¨®n social, comedores p¨²blicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.

Con el paso de los a?os, esta atenci¨®n pr¨®xima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que m¨¢s ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administraci¨®n local, ha contabilizado los millones de euros que est¨¢n en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.

El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.

En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades aut¨®nomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros ¡ªque corresponder¨ªan a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de informaci¨®n, derivaci¨®n y atenci¨®n urgente¡ª los m¨¢s de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deber¨ªan asumir las autonom¨ªas.

Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposici¨®n adicional de la nueva ley prev¨¦ que, una vez asumidas por las autonom¨ªas las competencias relativas a la prestaci¨®n de servicios sociales, de promoci¨®n y reinserci¨®n social, les corresponder¨¢ ¡°establecer (...) las medidas necesarias para racionalizar el servicio¡±.

El sector alerta de que esta ley pone en riesgo m¨¢s de 30.000 empleos

El informe de los gerentes sociales destaca c¨®mo parte del dinero en atenci¨®n social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a trav¨¦s de entidades sin ¨¢nimo de lucro).

De ah¨ª que no solo est¨¦n en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino tambi¨¦n de otras entidades. ¡°Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que ser¨ªan los m¨¢s afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total¡±, apunta Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, de la asociaci¨®n de gerentes.

Para Ram¨ªrez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco a?os para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonom¨ªas.

Con informaci¨®n de Mar¨ªa Fern¨¢ndez.