Las comunidades se encargar¨¢n de los servicios sociales sin m¨¢s financiaci¨®n

Con la reforma de los Ayuntamientos que impulsa el Gobierno no habr¨¢, seg¨²n el secretario de Estado de Hacienda, ¡°ning¨²n problema¡± a la hora de garantizar la financiaci¨®n de los servicios sociales. Antonio Beteta asegur¨® esta ma?ana que son las Comunidades Aut¨®nomas las que tendr¨¢n que financiar a los Ayuntamientos si quieren delegar en ellos las competencias. Si una autonom¨ªa argumenta que no tiene fondos, Hacienda detraer¨¢ ese dinero de su participaci¨®n en los ingresos del Estado (PIE) y lo pondr¨¢ en manos de las corporaciones locales. La reforma tiene como objetivo un ahorro de 8.000 millones de euros.

Los municipios que tengan super¨¢vit en sus cuentas tambi¨¦n podr¨¢n optar por prestar cualquier servicio social con la autorizaci¨®n de la comunidad si no se producen duplicidades. Sin embargo la norma no explica c¨®mo se asegurar¨¢n estos servicios si impera la m¨¢xima de que "no aumentar¨¢ el gasto de las administraciones", algo que el ministerio quiere hacer cumplir a rajatabla.

El mecanismo, que para Hacienda es muy simple, para las autonom¨ªas acarrea serios problemas. La Junta de Castilla y Le¨®n ya ha advertido que transferir las pol¨ªticas sociales costar¨¢ 200 millones de euros. Milagros Marcos, su consejera de Familia, recuerda que la atenci¨®n social ¡°necesita personal de proximidad¡±, que est¨¢ en los municipios.

La reforma local, que ha soliviantado a m¨¢s de 2.000 alcaldes, muchos de ellos del propio Partido Popular, y a varias comunidades aut¨®nomas es, para el secretario de Estado de Hacienda, profundamente ¡°municipalista¡±. Beteta desmiente que se vayan a perder 100.000 empleos, como denuncia el secretario de Pol¨ªtica Municipal del PSOE, Gaspar Zarr¨ªas: ¡°Eso es falso, parte de un supuestos falsos¡±, argumenta, en referencia a la privatizaci¨®n sistem¨¢tica de los servicios que, seg¨²n la oposici¨®n, llevar¨¢n a cabo las Diputaciones provinciales. De hecho, pone como ejemplo de buen funcionamiento de algunas diputaciones, como la de Ourense, en t¨¦cnicas de gesti¨®n, factura electr¨®nica, y austeridad. El expresidente de ese organismo y padre del actual presidente, Jos¨¦ Luis Baltar (que abandon¨® el cargo el a?o pasado) est¨¢ imputado por prevaricaci¨®n en la contrataci¨®n de 104 personas, la mayor¨ªa familiares de cargos del PP en la provincia.

Otro de los puntos clave de la reforma que este jueves el PP defender¨¢ en el Congreso, donde se debatir¨¢n las enmiendas a la totalidad, est¨¢ en el llamado ¡°coste efectivo¡±. Cada a?o a partir de 2014, los municipios tendr¨¢n que publicar lo que les cuesta prestar cada servicio. Este baremo de ¡°eficiencia¡±, se conocer¨¢ justo antes de las elecciones municipales de 2015.